Amnistía Internacional ha llevado a cabo una investigación en profundidad sobre un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos el 28 de abril de 2025 contra un centro de detención de migrantes en Sada, noroeste de Yemen. La organización ha concluido que el ataque, en el que decenas de migrantes de África resultaron muertos o heridos, fue un acto indiscriminado. Las autoridades estadounidenses deben investigarlo de forma inmediata y transparente como crimen de guerra.
El ataque, lanzado por el ejército estadounidense durante la “Operación Rough Rider”, infligió daños catastróficos a la población civil, en particular a personas migrantes vulnerables, muchas de las cuales estaban recluidas por las autoridades huzíes de facto en un centro de detención únicamente por su condición migratoria irregular.
El informe, titulado “It is a miracle we survived”: US air strike on civilians held in Sa’ada detention centre, se basa en entrevistas con 15 personas sobrevivientes, todas ellas migrantes etíopes detenidas en Sada, y en el análisis de pruebas digitales, incluidas imágenes de satélite, fotos y vídeos. El informe proporciona pruebas convincentes de que, al llevar a cabo este ataque, Estados Unidos no cumplió sus obligaciones, contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, de distinguir entre objetivos civiles y militares.
El ataque mató e hirió a decenas de las personas migrantes que estaban recluidas en el centro de detención en aquel momento. Las personas sobrevivientes que hablaron con Amnistía Internacional pudieron identificar por su nombre y su edad aproximada a 16 —todos migrantes etíopes, todos hombres y la mayoría de entre 20 y 30 años— que resultaron muertos.
Fue un incumplimiento letal por parte de Estados Unidos de sus obligaciones básicas en virtud del derecho internacional humanitario.
Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
“Los estremecedores testimonios de quienes sobrevivieron trazan una imagen clara de un edificio civil, abarrotado de personas detenidas y bombardeado sin distinción. Este fue un incumplimiento letal por parte de Estados Unidos de sus obligaciones básicas en virtud del derecho internacional humanitario: hacer todo lo posible para verificar si el objetivo atacado era militar”, ha declarado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las víctimas y sus familias deben recibir reparación completa, que incluya indemnización económica. Dado que el ataque aéreo mató e hirió a civiles, las autoridades estadounidenses deben investigarlo como un crimen de guerra. Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal, incluida la adquirida bajo la doctrina de la responsabilidad de mando.”
El 27 de agosto de 2025, Amnistía Internacional pidió formalmente información al Mando Central (CENTCOM) y al Mando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), ambos estadounidenses, exponiendo con detalle sus averiguaciones y pidiendo aclaración sobre el objetivo militar atacado y las precauciones tomadas. El CENTCOM sólo envió una breve respuesta, el mismo día que se envió la petición, en la que decía que aún estaba “evaluando todos los informes sobre daños a civiles”, que se los estaba tomando todos ellos “en serio” y que los estaba examinando “exhaustivamente”.
Amnistía Internacional también pidió información, el 11 de septiembre de 2025, a las autoridades huzíes de facto, les envió sus averiguaciones y pidió aclaración sobre los usos del complejo penitenciario de Sada y el centro de detención de migrantes, el número de personas detenidas en el momento del ataque, sus condiciones de reclusión, y qué medidas habían tomado las autoridades huzíes —si es que habían tomado alguna— para investigar la negativa de los guardias penitenciarios a permitir que las personas detenidas buscaran refugio seguro.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos huzí envió dos respuestas detalladas el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2025, en las que incluía información sobre el número de personas migrantes detenidas en el centro, negaba cualquier irregularidad en cuanto a las condiciones de reclusión y enviaba una lista de víctimas del ataque aéreo estadounidense.
Un ataque con un gran número de víctimas contra un objetivo que se sabía que era civil
La investigación de Amnistía Internacional no halló pruebas de que el centro de detención de migrantes fuera un objetivo militar. Según los sobrevivientes, el centro era un espacio abierto, por lo que podían ver a todas las personas presentes en el edificio, todas ellas detenidas por motivos de migración.
El centro, que formaba parte del complejo penitenciario de Sada, llevaba siendo utilizado por huzíes para detener a migrantes desde hacía años, su carácter civil era ampliamente conocido, y recibía la visita habitual de organizaciones humanitarias.
Unos años antes, el 21 de enero de 2022, la coalición encabezada por Arabia Saudí lanzó un ataque aéreo contra otro centro de detención en el mismo complejo penitenciario de Sada. El ataque de 2022, que Amnistía Internacional también investigó, se llevó a cabo utilizando munición guiada de precisión fabricada en Estados Unidos y mató a más de 90 personas detenidas e hirió a decenas más.
Habida cuenta de este contexto, Estados Unidos debería haber sabido que el centro era un objetivo civil y que cualquier ataque aéreo podría causar un número importante de muertes y heridas de civiles. En virtud del derecho internacional humanitario, las fuerzas atacantes tienen la obligación de hacer todo lo posible para verificar si su objetivo previsto es un objetivo militar y, si existen dudas a ese respecto, abstenerse de lanzar un ataque contra él o cancelar o suspender dicho ataque.
Sobrevivientes gravemente heridos, mutilados y traumatizados.
De las 15 personas sobrevivientes con las que habló Amnistía Internacional, casi todas dijeron que estaban durmiendo cuando oyeron el ruido de una explosión cercana, entre las cuatro y las cuatro y media de la madrugada. Casi con toda probabilidad se trataba de un ataque aéreo estadounidense contra una estructura diferente del complejo penitenciario de Sada que tuvo lugar unos minutos antes.
Según las imágenes de satélite, otro edificio, situado a unos 180 metros de donde permanecían recluidas las personas migrantes, fue alcanzado y destruido ese mismo día. En su respuesta a Amnistía Internacional, las autoridades huzíes dijeron que ese edificio era una centro administrativo de la prisión.
Según el relato de las personas sobrevivientes, se despertaron aterrorizadas y corrieron hacia las puertas del centro de detención. Gritaron pidiendo ayuda y golpearon la puerta, pidiendo a los guardias penitenciarios que les dejaran salir para ponerse a salvo. En lugar de eso, los guardias realizaron disparos de advertencia, para mantener a las personas detenidas en el interior. Minutos después, un segundo ataque aéreo estadounidense alcanzó el centro de detención para migrantes.
En su respuesta a Amnistía Internacional, las autoridades de facto huzíes declararon que, en el momento del ataque, había recluidas 117 personas migrantes africanas, de las que 61 murieron y 56 resultaron heridas. También alegaron que “no había registro de ningún caso en el que los guardias penitenciarios impidieran a las personas detenidas huir de la zona atacada o buscar un lugar seguro”, pero no respondieron claramente a si habían investigado este incidente en particular.
El ataque aéreo causó graves daños a civiles con consecuencias devastadoras y duraderas. De las 15 personas supervivientes entrevistadas por Amnistía Internacional, 14 sufrieron heridas críticas con secuelas de por vida, como pérdida de miembros, daños severos del sistema nervioso y traumatismos en la cabeza, la espalda y el pecho. A dos de las 15 personas les amputaron piernas, a una le amputaron una mano, y una perdió un ojo.
Un superviviente de 20 años, Hagos*, que perdió una pierna y recuperó la consciencia en el hospital días después del ataque, describió su dolor diciendo: “Ojalá hubiera muerto allí […] Suplico a mis amistades que me presten dinero para poder pagar el tratamiento y la medicación”.
Otro superviviente, Desta*, sufrió una herida en la cabeza y perdió un ojo. Estaba tan traumatizado que no fue capaz de hablar durante 20 días. Según recuerda: “El ataque fue realmente terrible, mató a mucha gente, nos mutiló y dejó a otras personas conmocionadas y aterrorizadas”.
En el momento de las entrevistas, casi dos meses después del ataque aéreo estadounidense, 10 sobrevivientes dijeron que aún necesitaban alguna forma de tratamiento médico, incluidas cirugías de seguimiento y medicación. También dijeron que, pese a su crítica situación económica, pagaban el tratamiento de su bolsillo o con la ayuda de sus familias que, en su país, pasaban sus propias dificultades económicas.
Llamamiento urgente para que se rindan cuentas y se otorgue reparación
Además de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, Estados Unidos tiene codificadas en su legislación y sus políticas nacionales salvaguardias clave de derechos humanos y obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario. La Instrucción sobre Mitigación y Respuestas a los Daños a Civiles, del Departamento de Defensa estadounidense, señala que la mitigación de los daños a civiles no se limita a cumplir con el derecho internacional humanitario, y anima a los mandos militares a “tomar medidas adicionales de protección no requeridas por las leyes de la guerra pero que consideren adecuadas”.
Los sistemas esenciales implantados en los últimos años en Estados Unidos para reducir y responder mejor a los daños a civiles causados por acciones militares estadounidenses llevadas a cabo en otros países están amenazados por el gobierno de Trump. Amnistía Internacional insta al Congreso de Estados Unidos a garantizar que los mecanismos de mitigación y respuesta de los daños a civiles permanecen intactos y disponen de financiación suficiente para responder a este y otros incidentes recientes.
Estados Unidos debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre el ataque aéreo contra el centro de detención de migrantes de Sada, y hacer públicos sus resultados.
Kristine Beckerle
“Estados Unidos debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre el ataque aéreo contra el centro de detención de migrantes de Sada, y hacer públicos sus resultados. Lo menos que merecen quienes sobrevivieron a este ataque es recibir justicia completa. Deben recibir reparación completa, efectiva e inmediata, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, mediante un mecanismo efectivo y accesible”, ha manifestado Kristine Beckerle.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades huzíes de facto a llevar a cabo una investigación transparente sobre la falta de evacuación y refugio para las personas migrantes detenidas. Asimismo, deben poner fin a la detención arbitraria de personas migrantes basada exclusivamente en su condición migratoria y su nacionalidad, y proporcionar a quienes sobrevivieron al ataque aéreo estadounidense permiso de residencia temporal para que puedan recuperarse, sanar y completar el tratamiento médico esencial sin temor a ser detenidas de nuevo.
* Los nombres de las personas sobrevivientes se han cambiado por motivos de seguridad.