Amnistía Internacional critica el anteproyecto de Ley sobre Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras en un documento presentado a los legisladores chinos.
Las autoridades chinas deben retirar un anteproyecto de ley sobre ONG que adolece de profundas deficiencias, que ejercería el control sobre la sociedad y tendría graves consecuencias para la libertad de expresión y asociación en el país, ha afirmado Amnistía Internacional.
En un documento presentado a la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, Amnistía Internacional pone de relieve importantes deficiencias del anteproyecto de Ley sobre Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras que controlaría la sociedad civil y vulneraría las obligaciones internacionales de China en materia de derechos humanos.
“Este escalofriante anteproyecto de ley sobre ONG es una amenaza absolutamente real para el valioso y legítimo trabajo de los grupos independientes de la sociedad civil. Las autoridades dispondrían de un poder ilimitado para tomar medidas contra las organizaciones, restringir sus actividades y, en última instancia, asfixiar a la sociedad civil”, ha afirmado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
Esta ley es la última de una serie de medidas represivas del gobierno para consolidar el control. La nueva normativa anunciada el 30 de mayo llega hasta exigir que las organizaciones de la sociedad civil nacionales tengan un grupo del Partido Comunista.
El documento completo de Amnistía Internacional sobre el anteproyecto de ley sobre ONG puede leerse aquí. En caso de ser promulgada, la ley:
– Concedería a la policía nuevos e ilimitados poderes sobre las ONG extranjeras, lo que entrañaría el riesgo absolutamente real de que la ley pudiera ser utilizada de forma indebida para intimidar y enjuiciar a defensores de los derechos humanos y trabajadores de las ONG por su legítimo trabajo.
– Prohibiría a las ONG nacionales recibir apoyo económico de asociados extranjeros. La capacidad de recibir financiación extranjera ha sido reconocida por los órganos de derechos humanos de la ONU como esenciales para el derecho a la libertad de expresión.
– Haría prácticamente imposibles las operaciones de las ONG independientes debido al engorroso proceso de registro y a la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública.
– Permitiría a las autoridades actuar contra las actividades legítimas de las ONG con el pretexto de la seguridad nacional, con términos que se utilizan de forma habitual en los enjuiciamientos por motivos políticos, como “interés nacional y público”, “menoscabar la armonía étnica” y “poner en peligro la seguridad del Estado”.
El enlace completo al documento presentado por Amnistía Internacional es: https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/1776/2015/en/