Señor Hernán Larraín Fernández,
Ministro de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Morandé 107, Santiago, Chile
05 de Junio de 2019
Estimado Sr. Ministro,
Nos dirigimos a Ud. en relación al documento “Estado de cuenta. El Presidente nos debe en materia de derechos humanos”, que presentamos el día jueves 30 de mayo recién pasado, junto con nuestra campaña “Piñera nos Debe”, y a la respuesta efectuada por el Ministerio que Ud. dirige, publicada en su página web el día 31 de mayo.
Al respecto, nos permitimos hacerle llegar las siguientes aclaraciones y precisiones, que esperamos contribuyan a continuar un diálogo constructivo en estos temas.
Sobre la forma de presentación del documento y la campaña
Amnistía Internacional es una organización dedicada a denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos donde sea que se cometen, y a invitar a las personas a tomar acción para detenerlas, desde la convicción de que la visibilización y la acción colectiva pueden cambiar actitudes y decisiones de gobiernos. Asimismo, nuestro trabajo de investigación, análisis y campaña busca coadyuvar con los esfuerzos de los Estados por cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como seguro es de su conocimiento, Amnistía Internacional tiene ya 58 años de existencia, y cuenta con más de 7 millones de personas que la apoyan en todo el mundo, siendo independiente de todo gobierno, grupo político, credo religioso o cualquier otra consideración ideológica.
Nuestra metodología de investigación es rigurosa y objetiva. Para este trabajo, utilizamos como marco de análisis las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Estado chileno por haber firmado y ratificado tratados de derechos humanos y la comparamos con la legislación, política pública y prácticas estatales para determinar brechas en el cumplimiento de aquellas obligaciones. Recolectamos información empírica de diferentes fuentes, la corroboramos y la analizamos para llegar a conclusiones que contribuyan al proceso de rendición de cuentas que el Estado le debe a su ciudadanía. Asimismo, hacemos recomendaciones al Estado que contribuyan a encontrar el camino para que las obligaciones de derechos humanos se cumplan.
Para impulsar el cambio que hemos identificado necesario en materia de derechos humanos, usamos diferentes estrategias para llamar la atención sobre lo que se denuncia y generar medios pacíficos y creativos de movilización, y así lo ha hecho la organización desde sus orígenes respecto de gobiernos de todo tipo y de todos los colores políticos, incluyendo en Chile desde la dictadura hasta nuestros días, siendo así que en la actualidad nos hemos dirigido por igual a Donald Trump, Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro, por nombrar algunos.
La campaña “Piñera nos Debe” busca visibilizar que detrás de todo avance, estancamiento o retroceso en materia de derechos humanos, hay decisiones políticas que adoptan quienes en ese momento ejercen las funciones de gobierno. La personalización en el Presidente Piñera obedece a que él, como cabeza del poder ejecutivo de Chile, es el responsable último de estas decisiones, y porque, a nuestro juicio, durante el primer año de su gobierno se han tomado decisiones que implican un retroceso en algunos asuntos que terminan desprotegiendo los derechos humanos.
Asimismo, la campaña busca visibilizar el concepto de deuda: tomar decisiones como las anteriores implica aumentar brechas de cumplimiento en materia de estándares internacionales de derechos humanos. Y esa deuda no es ni con Naciones Unidas, ni con Amnistía Internacional: es con todas las personas que habitan nuestro país. Y son estas mismas personas quienes tienen el derecho y el deber de exigir sus derechos por todas las vías pacíficas y legales que existan – de ahí el llamado a “pasar la cuenta” que, en el contexto de nuestra campaña, no es más que una invitación a firmar nuestra petición que será entregada a su gobierno al concluir la acción.
Constatar esta deuda no es ir en “contra” de un gobierno, sino simplemente visibilizar que la deuda existe, y que en este mandato presidencial está en manos del Presidente Piñera y de su gobierno tomar decisiones que permitan reducir las brechas. Su administración todavía tiene tres años de mandato, en los cuales existe amplia oportunidad de hacerlo, y esperamos que esa sea la intención.
Reiteramos nuestra mayor disposición a un diálogo constructivo con la intención de coadyuvar a sus esfuerzos por mejorar la situación de derechos humanos. Esto, partiendo por aclarar que consideramos inadecuado el calificativo de “inaceptable” utilizado en la respuesta oficial del Ministerio al referirse a nuestra campaña.
Sobre la omisión de temas críticos y que son parte de la agenda del gobierno
Los temas incluidos en el documento publicado el 30 de mayo no son un barrido exhaustivo de todos los asuntos en los cuales los derechos humanos son vulnerados en Chile, pues ello sería imposible. Los temas incluidos son los mismos temas que como Amnistía Internacional venimos trabajando en Chile en los últimos 8 o 10 años, y que han sido incluidos reiteradamente en la carta abierta enviada al mismo Presidente Piñera durante su primer gobierno, en la carta dirigida a candidatos/as presidenciales en las elecciones presidenciales de 2013, en la agenda de derechos humanos dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet en el marco de la campaña “Bachelet: que los derechos no se queden en el papel”, en la carta abierta dirigida a los/las candidatos/as presidenciales en las elecciones de 2017. Son los temas en los cuales nos hemos enfocado y tenemos un acervo de trabajo y conocimiento que nos permite darle seguimiento especializado.
Reconocemos que hay otros temas fundamentales en materia de derechos humanos en Chile y que están omitidos del documento, lo que señalamos expresamente en este. En estos temas, serán otras organizaciones y especialistas quienes estén llamadas a valorar el desempeño del gobierno de cara a los estándares de derechos humanos.
De esta misma forma, es que hemos reconocido avances en aquellas materias que coinciden con estos temas que son parte de nuestra agenda de trabajo. En lo que se refiere al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la publicación de la ley se considera positiva sin reservas, y la referencia a la necesidad de monitorear su implementación resulta evidentemente necesaria para asegurar su efectividad, siendo natural que no podamos considerar que la deuda está cumplida si el mecanismo aún no está en funcionamiento. En lo que se refiere a la Ley de Identidad de Género, el Informe Anual 2016-2017 de Amnistía Internacional describe el estado de la tramitación legislativa sin hacer una valoración del fondo ya que se trataba de un proyecto de ley aún en trámite en el Congreso. Sin embargo, nuestra posición crítica no es nueva, Amnistía Internacional realizó en otros medios diversas declaraciones y columnas de opinión en las que se criticó la exclusión de la infancia trans de la protección legal.
Sobre algunos puntos técnicos señalados en la respuesta
En su respuesta, hay dos elementos de carácter más técnico acerca del documento publicado: la supuesta confusión entre estándares de derechos humanos y la valoración de políticas públicas, y la existencia de lo que supuestamente serían afirmaciones genéricas carentes de evidencia.
Respecto de lo primero – confusión entre estándares de derechos humanos y políticas públicas – el ejemplo señalado en el documento sería nuestra afirmación en relación a la decisión de detener el proceso constituyente iniciado por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Lo que señala el documento, es la constatación de que nuestra actual Constitución Política no regula los derechos humanos a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual también hemos señalado con anterioridad. El proceso constituyente lo vimos como una oportunidad para mejorar nuestra Constitución en este sentido, y de hecho en su momento llevamos adelante la campaña “Todos mis Derechos” para promover esta necesidad. La crítica a la decisión del gobierno del Presidente Piñera no se limita a la decisión de detener este proceso constituyente, sino a que no se ha dado a conocer que exista una propuesta alternativa de parte del gobierno para mejorar la regulación de los derechos fundamentales en la Constitución, con lo cual se perdió una oportunidad importante de alinear nuestra normativa interna con los estándares internacionales.
Respecto de lo segundo – afirmaciones genéricas carentes de evidencia – la respuesta del Ministerio del Interior da dos ejemplos. En primer lugar, la afirmación relativa al riesgo de que se estén produciendo expulsiones colectivas. Esta afirmación la basamos en que, según se ha informado públicamente, en el marco del proceso de regularización extraordinaria se estaría utilizando como criterio principal para definir si una persona puede permanecer en el país o es sujeto de expulsión, la existencia o no de antecedentes penales. Según la versión escrita de la Cuenta Pública del Presidente Piñera del 1 de junio recién pasado, se habrían ya expulsado a 2.054 personas “que cometieron delitos o estaban en situación irregular”. Nuestra preocupación, y así lo hemos manifestado por ejemplo en el marco de la discusión del actual proyecto de ley de migraciones, es que aplicar una regla general de existencia de antecedentes penales sin un análisis más detallado acerca de cuál fue el delito imputado y si ello puede por ejemplo referirse a delitos menores cometidos mucho tiempo atrás, o corresponder una criminalización injusta en el país de origen por motivos políticos u otros, dejando a personas que vienen de países con graves violaciones masivas a los derechos humanos, sin la debida protección, como es el caso de Venezuela que Amnistía Internacional viene denunciando sistemáticamente 1.
Según cómo se esté aplicando esta regla podría, efectivamente, implicar expulsiones colectivas en la práctica, y nos pareció relevante llamar la atención sobre esta posibilidad en la esperanza de que no se produzca. En segundo lugar, en relación al proyecto de ley de migraciones, segundo tema mencionado como ejemplo de “afirmación genérica carente de evidencia”, hemos hecho un análisis detallado, que hemos presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en distintos momentos de la tramitación legislativa, en la que se explica pormenorizadamente los estándares de derechos humanos que debieran incorporarse y las preocupaciones que nos genera el texto en discusión, estando las minutas presentadas al Congreso disponibles para su análisis.
Todos los temas incluidos en el documento presentado por Amnistía Internacional, corresponden a asuntos tales como no firmar o no ratificar ciertos tratados internacionales, decisiones del gobierno en relación a proyectos de ley o de aplicación de la ley existente, anuncios públicos del gobierno en determinadas materias y otros aspectos de similar naturaleza que no requieren de datos estadísticos ni análisis científico para poder afirmarlos. Estamos a su disposición para hacerle llegar mayor información acerca de cualquiera de ellos si lo estimara necesario.
Sobre el supuesto cumplimiento de Chile de estándares mínimos en materia de derechos humanos
El documento concluye señalando que Chile tendría satisfechos los estándares en materia de derechos humanos, en cuanto a promover y proteger los derechos humanos de todos y todas, y proveer los mecanismos, las instituciones y los procedimientos que permitan investigar, sancionar y reparar infracciones.
Lamentablemente, no podemos concordar plenamente con esta afirmación. En Chile no están protegidos los derechos de todas las personas, ni siquiera de las mayorías, existiendo profundas desigualdades producto del sexo, el género o identidad de género, la orientación sexual, la raza o etnia, el color de piel, la nacionalidad, y/o la condición socioeconómica. Y los mecanismos, instituciones y procedimientos para exigir estos derechos no funcionan de la misma forma para todas las personas. Esto es otro de los elementos que quisimos visibilizar a través del documento publicado el 30 de mayo.
Analizamos con detención el discurso del Presidente Piñera en su cuenta pública y no vemos que allí haya disminuido ninguna de nuestras preocupaciones, sino por el contrario, las ha reforzado.
Todos los gobiernos del mundo, incluyendo los gobiernos con sistemas democráticos, tienen deudas en derechos humanos. En Chile, estas deudas son en su mayoría de larga data. Es posible que no sea viable avanzar en todos los temas pendientes durante un año de gobierno, pero sí es esperable demostrar la voluntad para ello y que al menos no existan retrocesos.
En este sentido, esperamos que el gobierno del Presidente Piñera más que negar sus desafíos, cuente con la voluntad de enfrentarlos y avanzar, y eso incluye recibir sin descalificaciones el análisis riguroso de una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional.
En los tres años que quedan de mandato, esperamos que se puedan adoptar medidas que impliquen evitar que las deudas sigan aumentando y poder ir disminuyendo algunas de ellas, y siguiendo con el ánimo constructivo es que le solicitamos audiencia con representantes de nuestra sección chilena, de manera de poder conversar personalmente acerca de las preocupaciones y eventuales discrepancias, así como explorar mejores vías de participación nuestra y de la sociedad civil en general para conseguir avances en materia de derechos humanos en Chile.
1 Ver por ejemplo, informe de Amnistía Internacional “HAMBRE DE JUSTICIA: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA”, disponible en: https://amnistia.cl/informe/hambre-de-justicia-crimenes-de-lesa-humanidad-en- venezuela/
Esperando una atención favorable a la presente, le saluda atentamente,
Erika Guevara Rosas , Directora para las Américas – Amnistía Internacional Ana Piquer Romo, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional – Chile
