En respuesta a una enmienda aprobada por la Asamblea Nacional a la Constitución de Camboya que permite la revocación de la nacionalidad jemer, la directora regional de Investigación de Amnistía Internacional Montse Ferrer ha manifestado:
“A medida que la propuesta se acerca a convertirse en realidad, cualquiera que se pronuncie en contra o se oponga al partido gobernante correrá el riesgo de que se le revoque la nacionalidad. Nos preocupa profundamente que el gobierno camboyano, al tener la facultad de privar a las personas de su nacionalidad, haga un uso indebido de ella para reprimir a sus detractores y convertirlos en apátridas”.
“La revocación de la nacionalidad puede vulnerar muchos derechos, incluido el derecho a la nacionalidad, a entrar en tu propio país y a participar en la dirección de los asuntos públicos. La pérdida de la nacionalidad puede ser un impedimento para acceder a la asistencia sanitaria, conseguir un trabajo, ir a la escuela, emigrar o casarse. Las personas apátridas suelen sufrir exclusión social, discriminación y corren el riesgo de ser víctimas de explotación y abusos. Para muchas personas camboyanas, su nacionalidad es sinónimo de identidad jemer.”
“A pesar de que esta enmienda represiva sigue adelante, se produce en un contexto en el que las autoridades camboyanas han eludido por completo su deber de salvaguardar la independencia y la integridad de los tribunales del país, circunstancia que se ve agravada por la declaración del Consejo Constitucional de que la enmienda es posible. La independencia judicial es fundamental para salvaguardar los derechos de las personas, incluido el derecho a la nacionalidad, y para revertir la cultura de la impunidad. Esto ha permitido que las prácticas autoritarias del gobierno —como la persecución de dirigentes opositores, activistas y periodistas independientes— continúen sin control.”
“La revocación de la nacionalidad a menudo viola los derechos humanos, y cuando se lleva a cabo de tal manera que deja a las personas en situación de apatridia, constituye una medida peligrosa prohibida por el derecho internacional. La revocación de la nacionalidad de una persona no debe convertirse en una herramienta política para silenciar e intimidar las voces críticas, y las autoridades camboyanas deben revocar inmediatamente la enmienda, poner fin a sus prácticas autoritarias y respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el Estado de derecho. La comunidad internacional debe condenar públicamente la atroz propuesta de enmienda constitucional del gobierno camboyano.”
Información complementaria
El 11 de julio se convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en la que se debatió y aprobó un proyecto de enmienda a la Constitución que permitiría la revocación de la nacionalidad jemer.
El presidente del Senado, Hun Sen, había pedido previamente al ministro de Justicia de Camboya que considerara la propuesta de enmienda constitucional. El 27 de junio, dijo en un discurso que esta propuesta tenía como objetivo “revocar la nacionalidad a las personas camboyanas que se alían con naciones extranjeras para perjudicar [al] país”.
La enmienda a la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional añade un nuevo párrafo que establece que “la adquisición, la pérdida y la revocación de la nacionalidad jemer se determinarán por ley”.
El Consejo Constitucional de Camboya declaró el 2 de julio la viabilidad de una enmienda propuesta al artículo 33 de la Constitución camboyana. El artículo 33, antes de la enmienda, establecía lo siguiente: “No se podrá privar de su nacionalidad a los ciudadanos y ciudadanas jemeres[…] y aquellos que residan en el extranjero gozan de la protección del Estado. La adquisición de la nacionalidad camboyana está determinada por la ley”.
Camboya está gobernada desde hace décadas por el Partido del Pueblo Camboyano, que controla el poder judicial y el ejército.
