- Amnistía Internacional visita más de 50 de estos centros dedicados al fraude en una investigación que ha durado 18 meses
- Los testimonios de las personas sobrevivientes detallan las prácticas de trata de seres humanos, esclavitud y trabajo forzoso a las que son sometidas miles de personas
- Las conclusiones apuntan a la complicidad del Estado camboyano en la comisión de estos abusos por parte de bandas criminales chinas
El gobierno de Camboya ignora deliberadamente el sinfín de abusos contra los derechos humanos —en particular, la esclavitud, la trata de seres humanos, el trabajo infantil y la tortura— cometidos a gran escala por bandas criminales en más de 50 centros de ciberestafas de todo el país, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Las personas sobrevivientes que fueron entrevistadas durante la elaboración del informe, titulado I Was Someone Else’s Property (Yo era propiedad de otra persona), creían que postulaban para trabajos reales y, en su lugar, acabaron siendo víctimas de trata en Camboya, donde se las recluyó en centros con condiciones carcelarias y se las obligó a cometer estafas en línea en beneficio de un negocio informal y multimillonario que defrauda a personas de todo el mundo.
Personas que buscan empleo en Asia y en otros lugares del mundo son engañadas con promesas de trabajos bien remunerados en campos de trabajo infernales, en donde son obligadas a cometer estafas bajo terribles amenazas de violencia por parte de bandas bien organizadas.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Engañadas, sometidas a trata y esclavizadas, las personas que han sobrevivido en estos complejos dedicados a la ciberestafa describen sus vidas como una verdadera pesadilla, al haberse visto reclutadas por unas empresas delictivas que operan aparentemente con el consentimiento del gobierno de Camboya”, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
“Personas que buscan empleo en Asia y en otros lugares del mundo son engañadas con promesas de trabajos bien remunerados en campos de trabajo infernales, en donde son obligadas a cometer estafas bajo terribles amenazas de violencia por parte de bandas bien organizadas”.
“La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional revela el aterrador alcance de una crisis que las autoridades camboyanas no están contribuyendo a parar con esfuerzos suficientes. Su inacción de hecho ha envalentonado a una red delictiva que extiende sus tentáculos a nivel internacional y cuyas estafas afectan a millones de personas”.
Las conclusiones de Amnistía apuntan a que existe coordinación y, posiblemente, connivencia entre los jefes chinos de estos centros y la policía camboyana, dado que esta última no ha sido capaz de cerrar estos complejos pese al gran número de abusos contra los derechos humanos que se cometen en ellos.
“Salarios altos y piscina”
En este informe de Amnistía, de 240 páginas —el documento más exhaustivo publicado hasta la fecha sobre el tema— se identifican al menos 53 centros de ciberestafas en Camboya y se entrevista a 58 personas sobrevivientes de hasta ocho nacionalidades, entre ellas nueve menores. Amnistía también examinó los casos de otras 336 víctimas de estos centros en el país asiático. Entre las personas entrevistadas, algunas lograron huir, otras fueron rescatadas y hubo algunas a las que se liberó después de que sus familias pagaran un rescate.
El testimonio de estas personas ofrece una imagen detallada de la actividad delictiva, tentacular y violenta que se lleva a cabo, a menudo, con el pleno conocimiento de las autoridades camboyanas. La respuesta a esta crisis por parte de dichas autoridades —lamentablemente ineficaz y, en ocasiones, corrupta— confirma su aquiescencia y apunta a la complicidad del Estado en la comisión de las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo.
Me dijeron que si no dejaba de gritar seguirían golpeándome hasta que me callase.
*Lisa, víctima de trata a los 18 años y obligada a trabajar en estafas
*Lisa, una de las sobrevivientes, de 18 años, buscaba trabajo aprovechando unas vacaciones escolares en Tailandia y acabó siendo víctima de trata. “[Quienes me reclutaron] me dijeron que trabajaría en un puesto administrativo… Me enviaron fotos de un hotel con piscina… y me dijeron que el sueldo era alto”, relató.
En lugar de eso, Lisa fue trasladada de noche, por un río, a Camboya, y allí pasó 11 meses retenida contra su voluntad por guardias de seguridad armados y obligada a trabajar cometiendo estafas. Cuando intentó escapar, sufrió una brutal paliza.
“Eran cuatro hombres… Tres de ellos me sujetaban mientras el jefe me golpeaba las plantas de los pies con una barra metálica… Me dijeron que si no dejaba de gritar seguirían golpeándome hasta que me callase”, contó.
“Lo estuvieron golpeando hasta que tuvo el cuerpo morado”
Durante los 18 meses que duró la investigación, Amnistía Internacional visitó 52 de los 53 centros de ciberestafas identificados, localizados en 16 pueblos y ciudades de todo el país, así como 45 emplazamientos similares sobre los que recaían fuertes sospechas de ser también centros dedicados a cometer estafas. Muchos de los edificios que albergan estos centros eran antiguos casinos y hoteles que fueron reconvertidos por bandas criminales, principalmente procedentes de China, después de que Camboya prohibiera los juegos de azar en línea en 2019.
Estos centros parecen diseñados para retener a personas en su interior y están equipados con dispositivos como cámaras de vigilancia, alambre de espinos en perímetros amurallados y numeroso personal de seguridad, con frecuencia armado con porras de descarga eléctrica y, en algunos casos, armas de fuego. Las personas sobrevivientes declararon que “era imposible escapar”.
La mayoría de las víctimas fueron persuadidas para viajar a Camboya, atraídas por anuncios de trabajo engañosos publicados en redes sociales como Facebook o Instagram. Según relataron, tras ser objeto de trata, eran obligadas a contactar con personas a través de sus redes sociales e iniciar conversaciones con ellas para estafarlas. Las maniobras incluían, por ejemplo, relaciones amorosas falsas, oportunidades de inversión o venta de productos que nunca se entregaban, o bien tenían como fin ganarse la confianza de las víctimas para después explotarlas económicamente, algo que se conoce como estafas “matanza del cerdo” (pig butchering).
Todas las personas sobrevivientes excepto una fueron objeto de trata y también estuvieron sometidas a trabajos forzados bajo amenaza de violencia. En 32 casos, Amnistía Internacional concluyó que los y las sobrevivientes sufrieron condiciones de esclavitud, según la definición del derecho internacional, y que los jefes de los centros ejercían un nivel de control que en la práctica equivalía a un derecho de propiedad sobre ellos y ellas. Algunas de estas personas también contaron que habían sido vendidas a determinados centros o que habían visto cómo se vendía a otras personas. A muchas de ellas se les dijo que habían contraído una deuda con el centro y que debían pagarla con su trabajo.
Cuarenta de las 58 personas sobrevivientes entrevistadas sufrieron torturas u otro tipo de malos tratos, casi siempre infligidos por los jefes. Algunos complejos disponían de estancias específicas, a menudo conocidas como “cuartos oscuros”, destinadas a torturar a las personas que no trabajaban o no podían trabajar, que no alcanzaban los objetivos fijados o que se habían puesto en contacto con las autoridades.
Con frecuencia, los y las sobrevivientes refirieron muertes dentro de los centros o en las inmediaciones. Uno de ellos, por ejemplo, describió el momento en que oyó como un cuerpo golpeaba la cubierta de un edificio. Amnistía Internacional también ha podido confirmar la muerte de un menor de nacionalidad china dentro de uno de esos complejos.
*Siti, sobreviviente de uno de estos centros, describió la escena en la que un jefe dio una paliza a un vietnamita durante unos 25 minutos: “Lo estuvieron golpeando [al vietnamita] hasta que tuvo el cuerpo […] morado […] y luego [usaron] la porra eléctrica. Lo golpearon hasta que ya no pudo gritar ni levantarse […] y entonces el jefe me dijo que esperarían a que otro centro quisiera comprarlo”, relató.
De los nueve menores entrevistados, cinco fueron sometidos a tortura u otro tipo de malos tratos. *Sawat, por ejemplo, un chico tailandés de 17 años, fue golpeado por varios jefes antes de que estos lo amenazaran con desnudarlo y obligarlo a saltar al vacío desde el edificio donde estaba.
Gravísimas negligencias del gobierno de Camboya
Amnistía Internacional revela en su informe que el gobierno camboyano no ha investigado suficientemente los masivos abusos cometidos contra los derechos humanos en los centros de ciberestafas, a pesar de habérsele informado repetidamente de ello.
“Las autoridades camboyanas saben lo que está pasando dentro de los centros de estafas y, sin embargo, lo siguen permitiendo. Los resultados de nuestra investigación revelan un patrón de inacción por parte del Estado, que ha permitido que prolifere la delincuencia, y plantean interrogantes sobre las motivaciones del gobierno”, ha afirmado la directora regional de Investigación de Amnistía Internacional, Montse Ferrer.
Por su parte, el gobierno alega que está haciendo frente a la crisis a través de su Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (NCCT, por sus siglas en inglés) y de una serie de grupos de trabajo interministeriales, que han supervisado diversas operaciones de “rescate” de víctimas practicadas por la policía. Con todo, más de dos terceras partes de los centros de ciberestafa identificados en el informe seguían operando incluso después de las redadas policiales y los “rescates”. Los medios de comunicación han tratado ampliamente la cuestión de la trata de personas en un centro de Botum Sakor, por ejemplo, donde la policía también ha intervenido en varias ocasiones para rescatar a víctimas. Pese a todo, el centro sigue funcionando.
Las fallas de la policía obedecen a su colaboración o coordinación con los jefes de los centros. En muchos “rescates”, por ejemplo, en lugar de entrar en los complejos para investigar sobre el terreno, la policía se limita a hablar con un jefe o un guardia de seguridad en la puerta y allí le entregan a la o las personas que han pedido ayuda. Luego, el negocio sigue como si nada.
En otros casos, varias personas sobrevivientes declararon haber sido castigadas con palizas cuando, por algún motivo, los jefes de los centros se enteraban de sus intentos secretos de contactar con la policía en busca de ayuda. Según contó un sobreviviente vietnamita a Amnistía, la policía “trabaja para el centro e informa a los jefes de las peticiones de ayuda que le llegan”.
Las personas “rescatadas” de estos complejos son a menudo recluidas durante varios meses seguidos en centros de internamiento de migrantes en condiciones deplorables, ya que las autoridades camboyanas no las reconocen como víctimas de trata ni les proporcionan la asistencia que exige el derecho internacional.
En cambio, esas mismas autoridades persiguen a personas que denuncian abiertamente estos centros fraudulentos. De hecho, varios activistas de derechos humanos y periodistas que trabajan en la cuestión han sido detenidos y, en 2023, el medio informativo Voice of Democracy fue clausurado en clara represalia por sus reportajes sobre la crisis generada por el negocio de las ciberestafas.
Amnistía Internacional ha remitido sus conclusiones al NCCT, quien ha respondido con información poco precisa sobre las intervenciones en los centros, sin precisar en ningún caso si el Estado había identificado, investigado o enjuiciado a personas por abusos cometidos contra los derechos humanos distintos a la privación de libertad. El Comité tampoco ha emitido juicio alguno sobre la lista de centros de ciberestafas o emplazamientos sospechosos elaborada por Amnistía.
La esclavitud prolifera cuando los gobiernos hacen la vista gorda.
Montse Ferrer, directora regional de Investigación de Amnistía Internacional
“El gobierno camboyano ha tenido la oportunidad de poner fin a estos abusos, pero ha decidido no hacerlo. Las intervenciones policiales que se han documentado parece que se han hecho simplemente ‘de cara a la galería’”, ha dicho Montse Ferrer.
“Las autoridades de Camboya deben garantizar que no se siga traficando con solicitantes de empleo en el país para someterlos a tortura, esclavitud y otras violaciones de los derechos humanos. Asimismo, deben investigar y cerrar inmediatamente todos los complejos dedicados a cometer estafas, así como identificar a las víctimas y prestarles una asistencia y protección adecuadas. La esclavitud prolifera cuando los gobiernos hacen la vista gorda”.
Las personas sobrevivientes entrevistadas por Amnistía Internacional procedían de China, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Taiwán y Etiopía, aunque la organización también ha tenido acceso al testimonio de cientos de personas de India, Kenia, Nepal o Filipinas, entre otros muchos países.
Información complementaria
En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, el Estado de Camboya tiene el deber de garantizar que nadie sea sometido a esclavitud o servidumbre ni obligado a realizar trabajos forzados. El Estado está obligado a proteger a la infancia de la explotación económica y debe prevenir, prohibir, investigar y enjuiciar los actos de tortura. El gobierno camboyano también debe investigar, procesar y juzgar eficazmente los casos de trata de personas, independientemente de que los cometan actores gubernamentales o agentes no estatales. Además, tiene la obligación de identificar a las víctimas de trata y ofrecerles reparación, así como de adoptar medidas que garanticen que las operaciones de “rescate” de personas víctimas de trata no vulneren aún más sus derechos y su dignidad.
*Por motivos de seguridad, se identifica con seudónimos a todas las personas sobrevivientes.