Ante la condena ayer al manifestante de 19 años Saba Jikia a más de 4 años de prisión por presuntamente patear a un policía durante las protestas en curso en Georgia, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“El juicio de Saba Jikia se vio enturbiado por problemas de imparcialidad y la no aplicación de procedimientos de justicia juvenil, normalmente disponibles en la legislación de Georgia para personas de entre 18 y 21 años. Las pruebas contra él incluyen imágenes de vídeo que su defensa cuestionó y unas conclusiones del perito de la acusación que su defensa no pudo examinar.
Este enfoque selectivo de la justicia suscita enorme preocupación. Las autoridades de Georgia deben poner fin inmediatamente a esta impunidad y esta injusticia.
“Hay una constante más general de manifestantes a quienes se imponen largas penas de prisión tras juicios injustos. Al mismo tiempo, las autoridades de Georgia han demostrado su falta de voluntad para investigar violaciones graves cometidas por la policía, pues ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley ha respondido de malos tratos generalizados de manifestantes durante el arresto y acusaciones de tortura bajo custodia.Este enfoque selectivo de la justicia suscita enorme preocupación. Las autoridades de Georgia deben poner fin inmediatamente a esta impunidad y esta injusticia”.
Información complementaria
Saba Jikia fue detenido el 5 de diciembre de 2024, una semana después de que estallaran protestas multitudinarias a favor de Europa. Fue enjuiciado por presuntamente patear a un policía antidisturbios caído en el suelo. El policía en cuestión —que no llevaba uniforme durante el incidente— declaró ante el tribunal que no había sufrido ninguna lesión.
La legislación sobre justicia juvenil de Georgia exige considerar las medidas menos restrictivas para las personas enjuiciadas menores de 21 años, así como alternativas de justicia restaurativa. Cuando se aplican procedimientos de justicia juvenil a personas de entre 18 y 21 años, la privación de libertad es permisible sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Sin embargo, pese a la amplia aplicación de las disposiciones sobre justicia juvenil por los tribunales de Georgia a personas de entre 18 y 21 años, estas disposiciones no se aplicaron en el caso de Saba Jikia. Inicialmente, se ordenó su detención preventiva en una vista rápida, igual que a otras personas manifestantes georgianas en prisión preventiva, sin considerar debidamente ni los motivos para ser sometido a detención en espera de juicio ni unas medidas de restricción alternativas. Tras su juicio, el juez le impuso una pena de prisión más próxima a la pena máxima.
Amnistía Internacional ha informado ampliamente de violaciones de los derechos humanos de personas que protestaban contra el gobierno en Georgia, como la denegación de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, la violencia de grupos progubernamentales o de policías de incógnito contra activistas de la oposición, y juicios injustos. La organización ha iniciado recientemente una campaña global para exigir responsabilidades y justicia para quienes protestan en Georgia.