Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo y Viviana Cáceres Draper, coordinadora de Investigación de Amnistía Internacional Chile
Amnistía Internacional en Chile lleva décadas resguardando la memoria con un objetivo claro: sin ella, la historia se repite; sin ella, la impunidad camina a sus anchas. Hoy, se cumplen seis años de una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia de Chile después de la dictadura de Pinochet y observamos con preocupación cómo el Estado continúa evadiendo sus obligaciones y responsabilidades mientras las autoridades políticas siguen silenciando los debates sobre esta materia e incluso enarbolando discursos negacionistas.
El 18 de octubre de 2019 el malestar de la ciudadanía llegó al límite, el descontento social por la desigualdad y falta de dignidad explotó. Fue la suma de injusticias durante décadas lo que impulsó que millones de personas salieran a las calles a exigir sus derechos: una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. A pesar del olvido instrumentalizado al que ciertos sectores nos quieren forzar, sabemos que hubo mucho más que desórdenes y delitos. Fueron días de alzar la voz, de unión, donde primó la participación ciudadana, las asambleas de barrios y la solidaridad vecinal. Todo ello fue parte del estallido social y no debemos olvidarlo, más aún en el marco global en que salir a protestar supone cada vez más riesgo para quienes hacen uso del derecho a la libertad de expresión.
La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social a través del uso excesivo de la fuerza entre otras graves violaciones a los derechos humanos. En esos días se realizaron 10.142 denuncias ante la Fiscalía, de las cuales, hasta fines de agosto, ha habido 67 condenas. Es decir, el 99% de los casos no han tenido sentencia condenatoria. Cabe destacar que como consecuencia del estallido social ya han fallecido al menos 8 personas, más de 400 personas con trauma ocular, además de multiples golpizas, tratos inhumanos y actos de violencia sexual. Esto ocurrió en Chile, aunque algunos quieran ocultarlo, tergiversarlo o incluso olvidarlo.
Amnistía Internacional en su informe ‘Ojos sobre Chile’ realizó múltiples recomendaciones, entre ellas: la urgente y necesaria reforma estructural de Carabineros, el reconocimiento público de la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional que fueron cometidos durante la crisis, y la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para reparar a las víctimas y evitar que hechos como los analizados en este informe se repitan. Lamentablemente, poco o nada se ha avanzado en estos aspectos.
La reforma a Carabineros es la base para garantizar que hechos tan brutales y graves no se vuelvan a repetir, es decir, una garantía de mejora para afrontar futuras situaciones que desafíen el orden público. Aprender de los hechos e implementar nuevas y mejores formas debería ser la prioridad. Sin embargo, la Unidad Consultiva creada para ello, en la cual participa Amnistía Internacional, ha quedado estancada, con un avance lento y la falta de una mirada de conjunto. Una reforma estructural implica no sólo cursos puntuales de derechos humanos, sino que un cambio en la lógica militar, revisión, análisis y actualización de protocolos y lógicas de actuar, formación adecuada e integral, transparencia, probidad y rendición de cuentas. La seguridad es fundamental y no debería ser a costa de vidas humanas.
Por otro parte, el reconocimiento público por parte de las autoridades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo ha sufrido múltiples ataques e intentos de distorsión generando aún más daño a las víctimas y sus familias, pero también a toda la sociedad. La pérdida de memoria colectiva va en detrimento de toda la ciudadanía y permite que la impunidad sea parte del cotidiano. En este aniversario es importante resistir la instrumentalización del olvido.
Entre las recomendaciones también primó la necesidad de una exhaustiva investigación a la línea de mando de Carabineros. Afortunadamente, en octubre de 2024, el inicio del proceso judicial contra los ex generales Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate– las máximas autoridades de Carabineros en ese momento– que comenzó con la formalización por la imputación por el delito de apremios ilegítimos con figura omisiva, supuso un momento histórico para Chile y la región que podría transformar la realidad de impunidad imperante. Este proceso aún está en periodo investigativo y esperamos que resulte en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Por último, el gobierno actual está absolutamente al debe respecto de estos temas. Es urgente poner en marcha una política pública de reparación integral. La vida de muchas personas depende de esto. Y es, justamente, una obligación del Estado hacerse cargo de ello según los estándares internacionales de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional esperamos que se tomen algunas medidas antes del término del mandato en esta dirección, porque cuando no se adoptan las medidas necesarias, caemos en la posibilidad de repetir el mismo error y eso no debe volver a suceder.