Censura y libertad de expresión
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Estados del Golfo: Los controles de los teléfonos y las detenciones agravan las restricciones existentes a la libertad sindical y de expresión

Los seis gobiernos del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) han intensificado las restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en un contexto de conflicto en curso y turbulencias económicas. Así lo han manifestado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas últimas medidas han agravado las restricciones existentes a la capacidad de las personas migrantes de exponer motivos de preocupación sobre las condiciones de trabajo en un entorno ya de por sí represivo para los trabajadores y trabajadoras migrantes y para los sindicatos.

Las detenciones y el bombardeo de advertencias por parte del gobierno han creado un clima de temor que está provocando que los trabajadores y trabajadoras migrantes autocensuren sus comunicaciones tanto privadas como online.

Michael Page, Human Rights Watch

«El conflicto en la región del Golfo ha generado un nuevo nivel de vigilancia de las comunicaciones de los trabajadores y trabajadoras migrantes, que socava su capacidad de plantear preocupaciones sobre abusos laborales y condiciones de trabajo peligrosas”, ha manifestado Michael Page, subdirector para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Las detenciones y el bombardeo de advertencias por parte de los gobiernos han creado un clima de temor que está provocando que los trabajadores y trabajadoras migrantes autocensuren sus comunicaciones tanto privadas como online.”

En marzo de 2026, Human Rights Watch entrevistó a 38 trabajadores y trabajadoras migrantes de India, Nepal y Bangladesh radicados en Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sobre el impacto que el conflicto armado en la región tenía sobre su seguridad física y económica.

Muchas de las personas entrevistadas estaban especialmente preocupadas por su capacidad de hablar con organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sobre los problemas que padecían, incluso en condiciones de anonimato.

En abril, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablaron con 15 trabajadores y trabajadoras migrantes y líderes de comunidades de trabajadores en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait procedentes de Nepal, Bangladesh, Kenia, Ghana, India y Filipinas; entre las charlas se incluyeron conversaciones de seguimiento con cinco trabajadores entrevistados en marzo.

Durante el conflicto regional, los países del Golfo han reprimido la libertad de expresión. En mayo, Amnistía Internacional documentó que más de 1.000 personas han sido detenidos por Estados del GCC en una oleada de represión para impedir que se difunda información sobre el conflicto, incluidas la difusión de contenido online o la expresión de opiniones relativas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a los ataques de Irán contra Estados del Golfo. Los gobiernos, embajadas y empleadores de países del GCC también han emitido advertencias reiteradas contra la “propagación de rumores” o la difusión en redes sociales de contenido relacionado con el conflicto, lo que se ha sumado al clima generalizado de temor y autocensura entre los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Varios trabajadores y trabajadoras migrantes y líderes comunitarios en lugares como Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar describieron controles policiales aleatorios de los teléfonos móviles de los residentes durante el conflicto.

Un hombre que trabaja en un restaurante en Kuwait contó que, durante un desplazamiento en abril de 2026, la policía comprobó al azar los teléfonos de trabajadores, incluido el suyo. Según dijo, ha habido gente a la que han multado con hasta 1.000 dinares kuwaitíes (unos 3.200 dólares estadounidenses) e incluso han encarcelado porque las autoridades han descubierto vídeos o fotos de ataques. “Mi salario es de sólo 150 dinares [485 dólares] al mes”, contó. “No publico nada.” Un líder de la comunidad migrante en Qatar describió inspecciones sistemáticas en busca de fotos o vídeos relacionados con lugares de ataques, mientras que un trabajador radicado en Emiratos Árabes Unidos dijo que la policía examinaba los teléfonos en controles aleatorios.

Un trabajador de Bangladesh dijo en abril: “La empresa nos ha dicho que no publiquemos en redes sociales. Dice que, si la policía nos atrapa, la empresa no se hará responsable […] La gente tiene miedo incluso de hablar. Si una empresa no da trabajo, la gente no debería tener miedo de decirlo.”

Un trabajador de Nepal dijo que, antes de salir de Emiratos Árabes Unidos durante sus vacaciones, su empresa le había advertido de que borrara todos los vídeos y fotos de su teléfono.

La atmósfera de temor está dificultando aún más la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de llevar a cabo investigaciones. “Antes de decir nada más, necesito que usted [refiriéndose al investigador de Human Rights Watch] entienda una cosa”, dijo un migrante radicado en Qatar. “Hablar con usted así —incluso esta conversación— me da miedo. Ahora mismo, en Qatar, compartir información supone un grave riesgo. Se está deteniendo a gente. Han detenido a personas incluso por tener ciertos vídeos guardados en sus teléfonos.”

Un periodista que lleva mucho tiempo cubriendo cuestiones relativas a los derechos de la población migrante en el Golfo señaló que su labor cada vez resulta más difícil. “En épocas normales, las entrevistas se realizan a personas a las que te remiten trabajadores de confianza”, contó. “Pero ahora, la gente que te hace esas remisiones tiene miedo, y las víctimas no pueden hablar aunque necesiten ayuda. Tres trabajadores radicados en Bahréin a los que me remitió un amigo porque no les pagan se han negado hoy a hablar conmigo, incluso en condiciones de anonimato.” Amnistía Internacional también descubrió que algunos trabajadores y trabajadoras migrantes están menos dispuestos a remitirte a amistades o colegas para hablar con ellos.

Los países del GCC han justificado estas restricciones basándose en la necesidad de proteger la seguridad nacional y evitar la información errónea, y varios trabajadores y trabajadoras han declarado que creían que ciertas restricciones podían ayudar a impedir el pánico y la información errónea. Sin embargo, en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, las restricciones al derecho a la libertad de expresión deben estar establecidas por ley y ser estrictamente necesarias y proporcionales a uno de los escasos objetivos legítimos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación general Nº 34, ha declarado además que las restricciones al intercambio de información no deben poner en peligro el propio derecho a la libertad de expresión, y deben ser excepcionales.

Varios trabajadores entrevistados creían que el aumento del escrutinio y la vigilancia por parte de los gobiernos y empleadores del Golfo es un intento de gestionar la reputación y la economía de Estados que han invertido mucho en su imagen internacional. Human Rights Watch ha llevado a cabo extensas investigaciones sobre las actividades deblanqueode la reputación para distraer la atención respecto a los abusos generalizados contra los derechos humanos. Un trabajador radicado en Emiratos Árabes Unidos dijo: “Creo que no quieren que publiquemos nada porque la gente podría dejar de venir a Emiratos”.

Otro activista de los derechos laborales dijo: “Los gobiernos del Golfo están intentando proyectar una imagen de estabilidad, fingiendo que todo está bien […] Las autoridades, desesperadas por evitar toda percepción de crisis y el impacto que eso podría tener en los mercados, la inversión y la economía, están reprimiendo la disidencia en gran escala. El coste de esta represión impacta severamente en los trabajadores y trabajadoras migrantes, ya que el clima de temor se afianza y asfixia los derechos laborales y de organización comunitaria, ya de por sí limitados, en estos países.”

Los abusos contra la población trabajadora migrante se ven agravados por la negación sistemática de su derecho a organizarse. Los sindicatos, que dan a los trabajadores y trabajadoras una voz colectiva y una representación y que pueden ser especialmente fundamentales en momentos de crisis. están prohibidos, excluyen a trabajadores y trabajadoras migrantes, o tienen tantas restricciones que pierden su sentido. Sin canales seguros o efectivos para exponer quejas, algunos trabajadores y trabajadoras se ven empujados a la huelga pese al riesgo de sufrir represalias de sus empleadores o detención, reclusión y deportación.

Esta represión se extiende más allá de las fronteras de los países del Golfo. En enero de 2026, Arabia Saudí pidió al órgano rectos de la Organización Internacional del Trabajo que archivara prematuramente la queja presentada en virtud del artículo 26 contra el país por grupos sindicales africanos. En lugar de colaborar de forma significativa respecto a la queja, las autoridades saudíes nombraron innecesariamente en su respuesta al líder de uno de los sindicatos africanos, exponiendo así y poniendo en peligro a quienes presentaran quejas y se organizaran para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Las autoridades saudíes también rechazaron los relatos de las víctimas, que se habían presentado de forma anónima para proteger su seguridad.

En ausencia de sindicatos formales, son las redes informales y los grupos en la diáspora los que están compartiendo principalmente información y proporcionando ayuda humanitaria. Sin embargo, según las propias organizaciones, su alcance y su capacidad son a menudo limitados.

Un líder laboral en Bahréin dijo a Amnistía Internacional que la prohibición general impuesta recientemente por el gobierno respecto a las reuniones públicas en calles y plazas en respuesta a los ataques con misiles dificultaba las iniciativas comunitarias “para proporcionar urgentemente alimentos a trabajadores y trabajadoras migrantes obligados a tomarse un permiso sin retribuir o sometidos a recortes salariales”.

Los gobiernos tienen la responsabilidad, en tiempos de guerra, de tomar medidas para mejorar la seguridad pública, pero esas medidas no deben dar lugar a restricciones innecesarias o desproporcionadas del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

El conflicto no debe utilizarse como pretexto para aumentar la restricción del espacio cívico y suprimir la capacidad de los trabajadores y trabajadoras migrantes de hablar libremente y organizarse.

Kristine Beckerle, Amnistía Internacional

“El conflicto no debe utilizarse como pretexto para aumentar la restricción del espacio cívico y suprimir la capacidad de los trabajadores y trabajadoras migrantes de hablar libremente y organizarse”, ha declarado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Aunque las restricciones indebidas a la libertad sindical y de expresión en la región son muy anteriores a este conflicto, su impacto se ha amplificado enormemente en el contexto actual, ha ahondado los desequilibrios de poder y ha expuesto a los trabajadores y trabajadoras migrantes a un daño aún mayor. Los Estados del Golfo deben garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras pueden informar abiertamente de los problemas a los que se enfrenten, y deben proporcionarles medidas urgentes de protección social.”

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