Mientras la cifra de muertes se aproxima a las 200, el Congreso de Estados Unidos y la comunidad internacional deben emprender acciones inmediatas para detener la intolerable campaña de ejecuciones extrajudiciales en el mar emprendida por el ejército estadounidense y presionar para que se rindan cuentas.
Desde septiembre de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos ha llevado a cabo casi 60 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, y ha matado al menos a 196 personas hasta ahora. Estas acciones, cometidas contra personas que no representan una amenaza inminente para la vida, son ejecuciones extrajudiciales, una forma de asesinato, y constituyen crímenes de derecho internacional.
“Con casi 200 homicidios, estas ejecuciones extrajudiciales se están normalizando”, ha declarado Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Estos homicidios no sólo son ilegales, son inmorales. Las personas con conciencia no pueden permitir que esto continúe, pero hasta el momento el Congreso no ha detenido, ni siquiera ralentizado, esta campaña letal e ilegítima.”
Estos homicidios no sólo son ilegales, son inmorales. Las personas con conciencia no pueden permitir que esto continúe, pero hasta el momento el Congreso no ha detenido, ni siquiera ralentizado, esta campaña letal e ilegítima.
Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos
Las primeras ejecuciones extrajudiciales de la campaña tuvieron lugar el 2 de septiembre de 2025, con un ataque aéreo contra una embarcación en el Caribe que mató al menos a 11 personas en lo que constituye el ataque más mortífero hasta la fecha.
Desde entonces, Estados Unidos ha ampliado sus bombardeos hasta el Pacífico oriental, con una media de seis ataques al mes en las dos regiones. El mes con más muertes fue octubre de 2025, con 45 personas fallecidas en 11 ataques aéreos, entre ellas 15 personas en tres ataques aéreos el 27 de octubre, el día con más muertes de la campaña. Ya en este año, el ejército estadounidense ha matado a más de 70 personas, al menos nueve de ellas el mes pasado.
“Las cifras por sí solas no reflejan el inimaginable coste humano de esta terrible campaña de asesinatos en el mar. Cada persona a la que Estados Unidos ha matado en el mar ha sido privada arbitrariamente de su derecho a la vida, y tanto ellas como sus familias tienen derecho a la justicia. Los miembros del poder legislativo deben hacer cuanto esté en su mano para detener esta campaña y hacer que todos los responsables rindan cuentas por su papel en estas ejecuciones extrajudiciales”, ha manifestado Amanda Klasing.
Las justificaciones del gobierno para estos ataques aéreos han sido desastrosas. Las autoridades de la Casa Blanca han alegado, sin presentar prueba alguna ni dar el nombre de una sola víctima, que los objetivos eran narcotraficantes o “narcoterroristas” con los que Estados Unidos está en guerra. Pero Estados Unidos no participa en ningún conflicto armado en el hemisferio occidental que pueda justificar estos bombardeos, y el gobierno ni siquiera ha dicho quiénes son los supuestos grupos “narcoterroristas”. Cuando el senador por Virginia Tim Kaine preguntó al secretario de Defensa Pete Hegseth, en una audiencia celebrada en el Senado en abril, sobre la total ausencia de información sobre a quién está matando el ejército estadounidense, Hegseth se limitó a responder que los objetivos tenían vínculos con “organizaciones designadas como terroristas” no especificadas, pero no indicó que Estados Unidos conozca realmente las identidades de sus víctimas.
Las autoridades estadounidenses han optado por no procesar tampoco a ninguna persona sobreviviente de los ataques aéreos, lo que sugiere que, en caso de que las alegaciones de tráfico de drogas sean ciertas, no tienen pruebas suficientes para ganar una causa judicial contra ellas, por lo que han preferido liberar sin cargos a las personas capturadas vivas. Cuando, en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el congresista Bill Keating planteó al secretario Hegseth su preocupación por la ilegalidad de los ataques y las presuntas operaciones de interceptación de Estados Unidos, Hegseth se limitó a rechazar las preguntas calificándolas de “acusaciones falsas”.
“Estamos presenciando el culmen de la ilegalidad: un gobierno que emprende acciones militares para matar a personas a las que considera unilateralmente ‘criminales’ o ‘terroristas’ y luego alardea de ello en las redes sociales y responde con evasivas a los miembros del Congreso que exigen explicaciones. Independientemente de que las víctimas hubieran cometido delitos o no, matarlas es totalmente ilegal, en virtud tanto de la legislación estadounidense como del derecho internacional. Los presuntos delincuentes deben ser tratados por cuerpos encargados de hacer cumplir la ley que estén obligados a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario a causa de una amenaza inminente a la vida”, ha declarado Amanda Klasing.
Estos ataques aéreos están teniendo lugar en un contexto de aumento de la actividad militar en el hemisferio occidental sin precedentes en la historia reciente. El marco geopolítico de la “Gran Norteamérica” defendido por el secretario Hegseth que engloba todos los países y territorios soberanos al norte del ecuador dentro de un “perímetro de seguridad inmediato”, unido a los mensajes de la Casa Blanca a los y las dirigentes de la región para que hagan caso omiso del derecho internacional de los derechos humanos, suscita honda preocupación sobre las acciones que el gobierno está dispuesto a emprender en la región.
“Pedimos al Congreso que utilice urgentemente todos los mecanismos legislativos y de supervisión disponibles para detener estos ataques aéreos y poner fin a la activación y la promoción de la militarización de la seguridad pública en las Américas, que sólo puede conducir a un aumento de las violaciones de derechos humanos como las documentadas en México y Ecuador. Las acciones militares de Estados Unidos en las Américas y otros lugares, independientemente de su objetivo teórico, no pueden tener lugar a expensas de los derechos humanos”, ha manifestado Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Pedimos al Congreso que utilice urgentemente todos los mecanismos legislativos y de supervisión disponibles para detener estos ataques aéreos y poner fin a la activación y la promoción de la militarización de la seguridad pública en las Américas; las acciones militares de Estados Unidos en las Américas no pueden tener lugar a expensas de los derechos humanos.
Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos
Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que haga rendir cuentas al gobierno de Estados Unidos.
“Más allá de las autoridades estadounidenses, es necesaria una postura de liderazgo por parte de otros gobiernos de la región, así como de la Organización de los Estados Americanos”, ha manifestado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional debe pronunciarse firmemente contra estos asesinatos, que constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y el respeto del derecho internacional. Los gobiernos deben suspender de inmediato el intercambio de información que pueda contribuir a estas operaciones. Además, deben suspender las licencias de exportación de cualquier material de defensa que pueda ser utilizado para perpetuar estos asesinatos.”
La comunidad internacional debe pronunciarse firmemente contra estos asesinatos, que constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y el respeto del derecho internacional. Los gobiernos deben suspender de inmediato el intercambio de información que pueda contribuir a estas operaciones.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional