Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Recientemente en Chile algunas autoridades y personas del ámbito político han hablado sobre la pena de muerte como una posible herramienta ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, no existe evidencia en los países que aún mantienen vigente esta aberrante práctica de que los delitos disminuyan o que tenga siquiera un efecto disuasorio, ¿por qué se sigue defendiendo entonces?
Es importante destacar que esta práctica ha sido instrumentalizada por autoridades de algunos países para castigar a opositores políticos o aplastar a la disidencia. Lo confirman algunos países de la región de Oriente Medio, donde las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. Así lo advierte el informe ‘Condenas a muerte y ejecuciones’ que Amnistía Internacional publicó esta semana.
Además, es fundamental definir qué implica condenar a una persona a la ejecución o pena de muerte. Por un lado, se trata de una decisión irrevocable y nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973 más de 197 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia.
Por otro lado, constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. A esto se han ido sumando diversos instrumentos de la comunidad internacional que restringen el empleo de la pena de muerte y que Chile ha ratificado. Por lo cual, la posibilidad de reinstaurar esta pena cruel e inhumana implicaría retroceder 24 años en materia civilizatoria para el país.
En 2024, al menos 8 personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años; Irán, persistió en el uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado al poder durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. Incluso, dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura. Así, hay personas que pasan años en prisión, sin saber cuándo les llegará el momento o si podrán volver a ver a su familia.
La pena de muerte es, sin lugar a dudas, el exponente máximo de deshumanización que puede existir hoy día. Y, aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución ya que se trata de una práctica discriminatoria, recae desproporcionadamente sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas, es cruel, abusiva y viola los derechos fundamentales de las personas.
Afortunadamente, existe una marcada tendencia global a dejar atrás esta brutal práctica. Basta con decir que al terminar 2024, 113 países eran totalmente abolicionistas (más de dos tercios del mundo) y 145 habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Año a año la cantidad de países que deciden abolirla aumenta, reduciendo los lugares donde continúan abusando de esta práctica. En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo. Mientras en las Américas, Estados Unidos fue el único país que realizó ejecuciones, 25 exactamente, la segunda cifra anual más alta desde 2015. Y junto con Trinidad y Tobago fueron los dos únicos países de la región que impusieron nuevas condenas a muerte.
En Chile, este tema es especialmente crítico en este año de elecciones presidenciales, donde hemos constatado con preocupación cómo se han instrumentalizado los debates en torno a la seguridad, la delincuencia y la pena de muerte, aprovechando el miedo de la población para obtener pequeñas ventajas políticas. Si vamos a hablar de la pena de muerte que sea con evidencias y fundamentos, de forma sensata y responsable, y siempre desde la mirada de los derechos humanos.