Ante la ejecución arbitraria y secreta de cuatro disidentes en Irán desde ayer, mientras al menos otros siete manifestantes y disidentes están en inminente peligro de ejecución, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a los disidentes Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, y a los manifestantes Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami y Shahin Vahedparast Kolo, detenidos en la prisión de Ghezel Hesar, en la provincia de Alborz.
“Es inconcebible que, mientras la población trata de sobrellevar a duras penas el conflicto y las innumerables muertes en medio de los continuos bombardeos aéreos de Israel y Estados Unidos, las autoridades de la República Islámica de Irán sigan utilizando la pena de muerte para erradicar las voces disidentes y aterrorizar aún más a la gente.”
“Esta mañana, las autoridades ejecutaron en secreto a Babak Alipour y Pouya Ghobadi, y ayer a Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades llevaron a cabo las cuatro ejecuciones arbitrarias sin avisar previamente ni a ellos ni a sus familiares y abogados ni permitir que se despidieran. Según una fuente informada, las autoridades no han entregado los cuerpos de al menos tres de los ejecutados —Babak Alipour, Pouya Ghobadi y Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar— a sus familias, lo que incrementa su angustia y su sufrimiento.”
“Ahora aumenta el temor por la suerte de Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, declarados culpables en la misma causa tras un juicio manifiestamente injusto y empañado por denuncias de tortura. Las autoridades se han negado a dar a sus familias o abogados información alguna sobre su suerte y su paradero desde que el 30 de marzo fueron trasladados a un lugar no identificado.”
“Otro incidente preocupante es el traslado esta mañana de cinco jóvenes manifestantes —Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami y Shahin Vahedparast Kolo—, condenados a muerte en una causa distinta por presuntos delitos perpetrados en el marco de las protestas de enero de 2026, desde la cárcel de Ghezel Hesar a un lugar no identificado, lo que también hace temer que serán ejecutados inminentemente.”
“Estos 11 hombres han dicho que fueron sometidos a tortura y otros malos tratos —palizas, azotes, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y amenazas de muerte a punta de pistola— antes de ser declarados culpables en juicios manifiestamente injustos que se basaron en “confesiones” conseguidas bajo tortura y que duraron apenas unas horas.”
“La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Llevar a efecto una condena a muerte impuesta tras graves violaciones de las garantías procesales convierte la ejecución en arbitraria. Todos los Estados deben instar urgentemente a las autoridades iraníes a que detengan de inmediato todas las ejecuciones y establezcan una moratoria en el uso de la pena de muerte con vistas a su abolición.”
Información general:
Vahid Bani Amerian, Abolhassan Montazer, Babak Alipour, Pouya Ghobadi, Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi fueron condenados a muerte en octubre de 2024 tras juicios manifiestamente injustos ante un Tribunal Revolucionario en Teherán,
que los declaró culpables de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) por su presunta pertenencia al grupo de oposición prohibido Organización Muyahidín del Pueblo de Irán. Ellos negaron reiteradamente todas las acusaciones de haber tomado las armas contra el Estado.
Según fuentes informadas, la noche del 29 de marzo de 2026, Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi fueron trasladados repentinamente del Pabellón 4 de la cárcel de Ghezel Hesar a un lugar sin identificar. A la mañana siguiente, 30 de marzo, las autoridades anunciaron que habían sido ejecutados. A continuación se llevaron a otros cuatro hombres, Babak Alipour, Pouya Ghobadi, Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, junto con otros 14 disidentes, también recluidos en el Pabellón 4, a un lugar sin identificar.
El 30 de marzo por la mañana, las autoridades cortaron todas las líneas telefónicas de los disidentes políticos encarcelados en el Pabellón 4 de la cárcel de Ghezel Hesar, que desde entonces están incomunicados.
El 31 de marzo, las autoridades anunciaron que Babak Alipour y Pouya Ghobadi habían sido ejecutados.
Las ejecuciones del 30 y el 31 de marzo de 2026 fueron precedidas por las de otros cuatro hombres, Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, detenidos en relación con las protestas de enero de 2026 y ejecutados el 19 de marzo, y por la presunta ejecución de Kouroush Keyvani por cargos de espionaje el 18 de marzo.
Saleh Mohammadi fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Uno de Qom el 4 de febrero, menos de tres semanas después de haber sido detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas que tuvieron lugar en Qom el 8 de enero de 2026, una acusación que él niega. La sentencia, que fue analizada por Amnistía Internacional, muestra que Saleh Mohammadi se retractó ante el tribunal de sus “confesiones” alegando que le habían sido extraídas mediante tortura, pero el tribunal desestimó su retractación sin investigarla. Una fuente informada afirma que el joven tenía fracturas en la mano a causa de los golpes.
Siete hombres, Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, por incendiar presuntamente una base del Basij en Teherán. Las penas se impusieron el 9 de febrero de 2026, menos de un mes después de que fueran arrestados, en enero de 2026.
Según una fuente informada, Mohammad Amin Biglari estuvo sometido a desaparición forzada durante varias semanas antes de ser trasladado a la prisión de Ghezel Hesar. Las autoridades le negaron el acceso a un abogado durante las investigaciones, y después le asignaron un abogado nombrado por el Estado que no representó sus intereses durante un juicio acelerado en el que el tribunal se basó en “confesiones” forzadas para declararlo culpable. Posteriormente, negaron a un abogado independiente, designado por su familia, el acceso a su expediente, lo que le impidió presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Desde el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de 2022, las autoridades iraníes se han embarcado en una campaña de ejecuciones que se ha cobrado la vida de miles de personas tras juicios manifiestamente injustos, cuyo ritmo se aceleró tras la guerra de los 12 días de 2025 y que ha alcanzado una magnitud nunca vista en más de 40 años.