Las autoridades argelinas deben retirar inmediatamente los cargos formulados contra Mohamed Tadjadit, destacado activista y poeta del movimiento Hirak, y otros 12 activistas; se enfrentan a cargos contra la seguridad del Estado punibles con largas penas de prisión —o incluso con la muerte— por ejercer sus derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional antes de que comience su juicio el 30 de noviembre. La organización pide a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los activistas que han sido detenidos sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Es absolutamente espantoso que, en Argelia, activistas como Mohamed Tadjadit se enfrenten a duras penas de prisión y corran incluso el riesgo de que se les impongan la pena de muerte simplemente por haber defendido reformas políticas.
Hussein Baoumi, director regional adjunto para Oriente Medio y el Norte de África
“Es absolutamente espantoso que, en Argelia, activistas como Mohamed Tadjadit se enfrenten a duras penas de prisión y corran incluso el riesgo de que se les impongan la pena de muerte simplemente por haber defendido reformas políticas”, manifestó Hussein Baoumi, director regional adjunto para Oriente Medio y el Norte de África.
“El uso indebido por parte de las autoridades argelinas de leyes sobre seguridad redactadas de forma imprecisa para silenciar las voces criticas es una grave injusticia a la que se debe poner fin. Se deben retirar las acusaciones infundadas y se debe poner en libertad a los activistas de forma inmediata e incondicional.”
Argelia no lleva a cabo ejecuciones desde 1993. No obstante, sigue sin abolir la pena de muerte ni ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los últimos años, las autoridades han condenado a muerte a varias personas, entre ellas disidentes, tras juicios sin las debidas garantías. La imposición de la pena de muerte tras un proceso injusto hace que el uso de este castigo sea arbitrario en virtud del derecho y las normas internacionales.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.
El juicio de los 13 activistas del Hirak dará comienzo el 30 de noviembre ante el tribunal de primera instancia de Dar El Beïda (Argel). Se enfrentan a cargos contra la seguridad del Estado basados únicamente en su activismo pacífico en favor de reformas políticas.
Encausamiento injusto y riesgo de pena de muerte por expresar disidencia
Los activistas se enfrentan al cargo de “conspiración para instigar a la ciudadanía contra la autoridad del Estado y con el fin de socavar la unidad nacional” (artículos 77.1, 78 y 79 del Código Penal). Este delito se castiga con hasta 30 años de prisión y con la pena de muerte.
Además, la fiscalía los acusa de “recepción de fondos para llevar a cabo acciones que socavan la seguridad o la estabilidad del Estado (…) en el marco de un plan pergeñado dentro o fuera del país”, “publicación de contenido nocivo para el interés nacional” e “incitación a concentración no armada”, en aplicación de los artículos 95bis, 95bis 1, 96 y 100 del Código Penal, punibles con penas de entre 11 y 30 años de prisión.
Estas disposiciones penales, poco precisas y excesivamente amplias, que estipulan penas severas, carecen de claridad jurídica, penalizan directamente el ejercicio pacífico de los derechos humanos y se prestan a una aplicación arbitraria y discrecional, en contravención del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Además, las acciones sujetas a enjuiciamiento no cumplen el criterio de “los más graves delitos” —interpretados como el homicidio intencional— a los que debe restringirse el uso de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
La fiscalía se basa únicamente, como “prueba”, en las publicaciones de los activistas en las redes sociales y en sus comunicaciones digitales privadas, en las que lamentan las condiciones socioeconómicas del país y apoyan las protestas del Hirak.
En algunos casos, la fiscalía está utilizando publicaciones en línea por las que los acusados ya han sido condenados anteriormente, lo que indica una violación del principio de prohibición de procesar más de una vez por el mismo delito. Por ejemplo, la fiscalía se basa en un vídeo compartido por Mohamed Tadjadit y otros cuatro coacusados que publicaron el testimonio de un niño torturado bajo custodia policial, un acto por el que esos cinco hombres habían sido previamente condenados a 16 meses de prisión.
Mohamed Tadjadit ha sido declarado culpable y penado en al menos siete causas distintos desde 2019. El 11 de noviembre fue condenado a cinco años de prisión en otra causa por cargos de terrorismo infundados. Varios de los 13 acusados también se enfrentan a múltiples condenas relacionadas con su activismo pacífico en causas separadas.
Argelia: Más información: Posible condena a muerte para poeta activista: Mohamed Tadjadit – Amnistía Internacional
El próximo 30 de noviembre comenzará un nuevo juicio contra el poeta y activista Mohamed Tadjadit y 12 activistas más, que se enfrentan a cargos contra la seguridad del Estado —punibles con largas penas de prisión y con la muerte—, debido exclusivamente a su activismo pacífico y a sus comunicaciones privadas por Internet a favor de reformas políticas.
“El enjuiciamiento reiterado de activistas por parte de las autoridades argelinas simplemente por expresar opiniones discrepantes o por participar en reuniones pacíficas revela un intento deliberado de cerrar el espacio de la sociedad civil y silenciar cualquier forma de crítica”, manifestó Hussein Baoumi.
Las autoridades argelinas deben dar marcha atrás con urgencia: dejar en libertad a estos activistas de inmediato y sin condiciones y cesar en la criminalización de la disidencia.
Hussein Baoumi
“Las autoridades argelinas deben dar marcha atrás con urgencia: dejar en libertad a estos activistas de inmediato y sin condiciones y cesar en la criminalización de la disidencia “.
Información complementaria
Desde que comenzaron las protestas del Hirak en 2019, las autoridades argelinas llevan a cabo una represión implacable de todas las formas de disidencia, en la que detienen, encarcelan y condenan a activistas, periodistas y voces críticas que se oponen a las políticas del gobierno o critican a las autoridades.