Ante la decisión anunciada hoy por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh de condenar a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina y al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal tras declararlos culpables in absentia por crímenes contra la humanidad, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Las personas con responsabilidad individual por las atroces violaciones de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas estudiantiles de julio y agosto de 2024 deben ser investigadas y procesadas en un juicio justo. Sin embargo, este juicio y su sentencia no son imparciales ni justos. Las víctimas necesitan justicia y rendición de cuentas, pero la pena de muerte sólo se añade a las violaciones de derechos humanos cometidas. Es el exponente máximo de pena cruel, degradante e inhumana y no tiene cabida en ningún proceso de justicia.
“Más de 1.400 personas fueron asesinadas y miles más resultaron heridas en julio y agosto de 2024. Para hacer justicia a sobrevivientes y víctimas se requieren actuaciones judiciales ferozmente independientes e imparciales, que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, este juicio se ha celebrado ante un tribunal que Amnistía Internacional lleva tiempo criticando por su falta de independencia y su historial de enjuiciamientos injustos. Además, la celeridad sin precedente de este juicio in absentia y su sentencia suscita importantes motivos de preocupación respecto a las garantías procesales en una causa de esta magnitud y complejidad. Aunque Sheikh Hasina estuvo representada por un abogado de oficio, el tiempo del que dispuso para preparar su defensa fue manifiestamente insuficiente. A estos indicadores de juicio sin las debidas garantías se añaden los informes que indican que no se permitió el contrainterrogatorio de la defensa sobre las pruebas consideradas contradictorias.
Para hacer justicia a sobrevivientes y víctimas se requieren actuaciones judiciales ferozmente independientes e imparciales, que cumplan las normas internacionales de derechos humanos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“No ha sido un juicio justo. Las víctimas del 24 de julio merecen mucho más. Bangladesh necesita un proceso de justicia escrupulosamente justo y totalmente imparcial, fuera de toda sospecha de parcialidad, y en el que no se ordenen más violaciones de derechos humanos a través de la pena capital. Sólo así se podrá garantizar un grado significativo de verdad, justicia y reparación.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.
Información complementaria
En julio de 2024 estallaron protestas multitudinarias en respuesta al restablecimiento del sistema de cuotas que reservaba el 30% del empleo público a descendientes de veteranos de la guerra de independencia, lo que favorecía a simpatizantes del partido gobernante en opinión de quienes se manifestaban. Las protestas se intensificaron cuando las autoridades bangladeshíes usaron ilegalmente la violencia contra manifestantes mayoritariamente pacíficos, y aumentaron los llamamientos en favor de la dimisión del gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina. Hasina huyó de Bangladesh tras el estallido de violencia letal y la fiscalía presentó cargos contra ella, otros representantes del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad ante el Tribunal de Crímenes Internacionales en junio.
En 2024, Amnistía Internacional documentó la violencia y represión ejercidas en Bangladesh en respuesta a las protestas estudiantiles por la reforma del sistema de cuotas en todo el país. Nuestra organización publicó una serie de vídeos de verificación que documentaban pruebas del uso ilícito de medios letales y menos letales contra manifestantes estudiantiles.
Chowdhury Abdullah al Mamun, ex jefe de policía que pasó a ser testigo de estado, fue condenado a cinco años de prisión. Se declaró culpable y fue juzgado en persona.
Amnistía Internacional ha criticado reiteradamente al Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh por sus juicios políticamente influidos y sus violaciones sistémicas del derecho a un juicio justo, incluidas presiones para imponer la pena de muerte y procedimientos por desacato contra personas críticas (declaración de 2013, declaración de 2014).