Tras el anuncio del gobierno de que en enero de 2026 se iniciará un estudio exhaustivo sobre la abolición total de la pena de muerte, Nicole Fong, responsable de investigación y trabajo de incidencia de Amnistía Malasia, declaró:
“Esta revisión se ha hecho esperar mucho tiempo y es una oportunidad crucial para que Malasia demuestre que se toma en serio la promoción y la protección de los derechos humanos. Tras las decisiones adoptadas en 2023, y acogidas con satisfacción, de abolir la imposición preceptiva de la pena de muerte y la reducción del número de delitos que acarrean este castigo, han surgido nuevos motivos de preocupación sobre su aplicación, que se suman a la falta de garantías y los defectos sistémicos que llevamos muchos años denunciando”.
“Es alentador ver que el gobierno finalmente da este paso adelante, pero no debe haber vacilaciones: Malasia debe mantenerse en el camino irrevocable hacia la abolición total de este castigo cruel, inhumano y degradante. A medida que avance, la revisión deberá ir más allá del estudio doctrinal y basarse en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, ha afirmado Nicole Fong.
“La mayor parte del mundo ya ha relegado esta pena cruel a los libros de historia. Malasia ha dado pasos importantes en la dirección correcta, pero no podemos detenernos a mitad de camino. Cada retraso supone más vidas en peligro y más familias en una situación de incertidumbre. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. El gobierno debe actuar con urgencia y convicción para acabar con la pena de muerte de una vez por todas, y servir de ejemplo en la región”, ha manifestado Nicole Fong.
Información complementaria
Según informes, el viceministro del Departamento del Primer Ministro (Reforma Legislativa e Institucional) anunció en sede parlamentaria que el gobierno estaba creando un grupo de trabajo para la revisión de las políticas y la orientación sobre la pena de muerte en Malasia que, en colaboración con el Comité de Reforma Legislativa de Malasia, llevaría a cabo un estudio exhaustivo sobre la abolición total de la pena de muerte.
Está previsto que el estudio comience en enero de 2026 y dure cuatro meses, con la posibilidad de prorrogarlo para garantizar una revisión exhaustiva e inclusiva.
Este anuncio sigue a la histórica decisión de Malasia en 2023 de abolir la imposición prescriptiva de la pena de muerte y reducir el alcance de este castigo, lo que condujo a la reducción de más de 1.000 condenas a muerte y acercó a Malasia al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
No obstante, Amnistía Internacional constató nuevos motivos de preocupación en su evaluación inicial de la aplicación de la nueva discrecionalidad a la hora de dictar condena, especialmente en relación con la presentación y valoración de los factores atenuantes, lo que podría haber contribuido a la imposición y confirmación de la pena de muerte en casos recientes. Estos se sumaron a motivos de preocupación previos sobre el mantenimiento de leyes que violan las restricciones al uso de la pena de muerte establecidas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
A 11 de noviembre de 2025, hay 97 personas condenadas a muerte en Malasia, según los datos que el Departamento de Prisiones ha comunicado al Parlamento. De ellas, 38 están a la espera de apelación en el Tribunal de Apelación, nueve en el Tribunal Federal y 50 han agotado todas las vías de apelación y pueden presentar una solicitud de indulto.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. A día de hoy, 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y casi tres cuartos del total son abolicionistas en la ley o en la práctica.