Respondiendo a reportes que indican que unas 3,600 personas indígenas de 14 comunidades se hallarían atrapadas en medio de enfrentamientos de grupos armados en el Departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, lo que podría generar un desplazamiento masivo, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“Este no es el primer desplazamiento forzado masivo en Colombia este año que ha afectado en particular a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Chocó. Esto es un crimen de derecho internacional y una de las violaciones de derechos humanos más graves en el marco del conflicto armado que tiene lugar aún en la región”.
“El desabastecimiento de alimentos, la falta de acceso a servicios básicos y el escalamiento de la violencia ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y desprotección inaceptable. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben adoptar acciones integrales e inmediatas para garantizar sus derechos humanos ante esta situación”.
Las 14 comunidades que se encuentran en medio de los continuos enfrentamientos entre grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ubican en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá.
La ONU ha reportado la siembra de minas antipersonal en cercanías de la comunidad de Jagual y la ocupación de un centro de estudios en el municipio de Riosucio, afectando a más de 250 niñas y niños que no pueden asistir a la escuela. De igual forma, la ONU ha alertado sobre el riesgo inminente de desplazamiento forzado masivo hacia cabeceras municipales.
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