Esta semana, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia histórica en el caso del destacado defensor de los derechos humanos turco Osman Kavala.
En ella denuncia la mala fe de las autoridades turcas y resuelve que Kavala ha permanecido casi nueve años encarcelado ilegalmente tras un juicio basado en motivos políticos. En consecuencia, el tribunal determina que su sentencia condenatoria debe declararse nula y ordena la liberación inmediata de Kavala. Por desgracia, es posible que esto no suceda.
Turquía ya ha hecho caso omiso de dos sentencias vinculantes anteriores del Tribunal sobre este caso. Y, a pesar de la presión de gobiernos, instituciones internacionales y activistas —Amnistía Internacional adoptó como presos de conciencia a Kavala y las seis personas acusadas junto a él en 2022—, las autoridades turcas han seguido obstruyendo la acción de la justicia de manera flagrante, con escasas consecuencias.
El caso viene a ilustrar cómo el poder judicial se ha instrumentalizado para reprimir la disidencia, real y supuesta. Kavala fue detenido en 2017 como parte de las actuaciones en el llamado “juicio del parque Gezi”. Junto a las personas coacusadas en su causa, fue absuelto por primera vez en febrero de 2020. Poco después, las autoridades judiciales que habían dictado su absolución fueron objeto de medidas disciplinarias. En lugar de ser liberado, Osman Kavala se enfrentó a nuevos cargos basados en las mismas “pruebas”. A pesar de que las autoridades fiscales no sustanciaron los cargos infundados contra él, en abril de 2022 fue condenado a cadena perpetua con agravantes y sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento llevaba cuatro años y medio en prisión.
Esto forma parte de una campaña general de represión en curso de las autoridades, con actuaciones concertadas para aplastar la oposición política, silenciar la disidencia y limitar el espacio de la sociedad civil.
Stefan Simanowitz, Amnistía Internacional
Otras personas procesadas por motivos políticos se consumen igualmente en prisión. Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, exdirigentes del Partido Democrático del Pueblo, están privados de su libertad de manera ilícita a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenan su libertad inmediata. Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Turquía, fue juzgado junto a İdil Eser, exdirectora de la Sección Turca de la organización, y otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos —los llamados “Diez de Estambul”— por cargos infundados de “pertenencia a una organización terrorista”. Todos fueron absueltos, pero el efecto disuasorio del trato que recibieron todavía se siente en la actualidad.
Ese trato forma parte de la represión general en curso por parte de las autoridades, con actuaciones concertadas para aplastar la oposición política, silenciar la disidencia y limitar gravemente el espacio de la sociedad civil para actuar.
El mes pasado, cuando se cumplió el 10 aniversario del intento de golpe de Estado en Turquía, fue difícil no reflexionar en cómo el retroceso de los derechos durante un decenio ha afectado gravemente a la sociedad turca, debilitando instituciones clave, silenciando voces críticas y sembrando el miedo.
Aunque el estado de excepción declarado por Turquía tras el intento golpista duró dos años, su levantamiento sólo ha dado paso a una nueva fase de medidas represivas de las autoridades en la que múltiples disposiciones de la ley de excepción se han incorporado a la legislación ordinaria. Un sinfín de disposiciones jurídicas represivas son utilizadas contra la sociedad civil mientras se pone en peligro la independencia del poder judicial, se instrumentalizan los tribunales nacionales, se incumplen decisiones internacionales vinculantes, se renuncia a tratados y se pisotean normas.
Tal como demuestran los arrestos masivos de cientos de personas los días previos a la cumbre de la OTAN el mes pasado y la primera vista —de cuatro meses de duración— del juicio contra el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu y otras 413 personas, el ataque a los derechos es implacable. İmamoğlu se enfrenta a una demencial condena de 2.352 años de prisión si es declarado culpable.
Hay un ataque incesante contra los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión a través de restricciones arbitrarias y prohibiciones generales, mientras que los servicios encargados de hacer cumplir la ley someten a quienes se manifiestan a fuerza ilícita, malos tratos e incluso, según informes, tortura. Durante los dos años transcurridos desde el golpe de Estado, Turquía se ha ganado el infame título de mayor carcelero de periodistas del mundo.
En marzo de 2025 se dictó fallo absolutorio para 45 miembros de Madres/Personas del Sábado —familiares de víctimas de desaparición forzada en las décadas de 1980 y 1990— en una causa penal abierta en su contra por celebrar su vigilia pacífica número 700 en 2018. Persisten las restricciones impuestas a las vigilias semanales del grupo en Estambul a pesar de las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que ordenan su levantamiento.
La cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio fue acompañada de una prohibición general de 1as protestas durante 13 días. Se puso en detención preventiva a más de 200 personas —profesionales de la abogacía, personal académico y activistas— con antelación a la cumbre. En marzo de 2025, cientos de jóvenes fueron objeto de arresto y penalización por impugnar el arresto y la detención previa al juicio de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y candidato presidencial de la oposición.
El caso de Kavala constituye una prueba de fuego para el sistema europeo de protección de los derechos humanos.
Stefan Simanowitz, Amnistía Internacional
Más de 10 años después del golpe fallido y más de 13 tras las protestas del parque Gezi, queda perfectamente claro hasta qué punto Turquía ha avanzado por la senda del autoritarismo. Es posible rectificar este rumbo. Pero las autoridades turcas han dejado claro que no tienen intención de hacerlo. Como consecuencia, el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la protección de estos derechos se enfrenta a una prueba definitiva. A pesar de las dos sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa no ha adoptado ninguna medida significativa para garantizar que Turquía cumple las sentencias del Tribunal poniendo en libertad a Osman Kavala. Si Turquía no acata la tercera sentencia del Tribunal, la finalidad misma del Consejo de Europa de hacer respetar los derechos humanos se vería peligrosamente comprometida.
El Comité de Ministros (órgano decisorio del Consejo de Europa), que vela por la ejecución y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha adoptado varias decisiones en las que pide la libertad inmediata de Kavala. Ante este incumplimiento grave y continuo, el Consejo de Europa, incluidos su Asamblea Parlamentaria y su secretario general, debe adoptar todas las medidas necesarias y usar todas las herramientas adecuadas de que disponga para lograr el cumplimiento de estas sentencias a fin de garantizar que Osman Kavala y las demás personas privadas de libertad por motivos políticos son finalmente excarcelados. El Consejo de Europa y sus Estados miembros deben reconocer y abordar las consecuencias de la decisión de Turquía de no acatar estas sentencias, que amenaza con socavar gravemente el sistema del Convenio.
El caso de Osman Kavala constituye una prueba de fuego para el sistema europeo de protección de los derechos humanos. La ciudadanía y sus gobiernos e instituciones deben oponer resistencia y ayudar a revertir la situación de progresivo deterioro de los derechos humanos en Turquía.
Este artículo de Stefan Simanowitz (Amnistía Internacional) se publicó originalmente en EU Observer.
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