Cuando se cumplen seis meses del levantamiento popular en Irán en enero de 2026, durante el cual las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilícitos masivos en una escala sin precedentes para reprimir a quienes se manifestaban por la dignidad, la libertad y el fin del sistema de la república islámica, matando a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:
“Han transcurrido seis meses ya desde que las fuerzas de seguridad de Irán mataron ilícitamente a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el país en sólo dos días, y es indefendible que la comunidad internacional no haya adoptado medidas significativas para promover la justicia internacional. Eso contribuye a perpetuar un círculo vicioso de represión letal en el que sobrevivientes y familiares de víctimas no obtienen justicia, y hace que las atrocidades sean prácticamente inevitables en el futuro.
El mundo no debe permitir que estos ciclos de crímenes de derecho internacional contra manifestantes, cada vez más intensos, sean eclipsados o borrados por las iniciativas en curso para lograr que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra. Las autoridades iraníes no han sufrido ninguna consecuencia por utilizar medios letales de forma intencionada, reiterada e ilícita y a escala masiva para reprimir y castigar la disidencia. La comunidad internacional, al no tomar medidas para someter estos graves crímenes a la acción de la justicia internacional, ha hecho que las autoridades iraníes se crezcan y amenacen con más masacres masivas a manos de unas fuerzas de seguridad de ‘gatillo fácil’ que actúan contra manifestantes y disidentes a quienes tachan de ‘enemigos’.
Sin perspectiva de justicia en Irán, y en un contexto de crisis sistémica de impunidad, deben emprenderse vías de justicia penal internacional como prioridad urgente e innegociable. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU para que sitúen la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyen la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.”
Información complementaria
Las protestas estallaron en Irán el 28 de diciembre de 2025 tras la brusca caída de la moneda nacional, en el marco de una altísima inflación, mala gestión crónica de servicios esenciales por el Estado, incluido el acceso al agua, y deterioro de las condiciones de vida. Iniciadas en Teherán, las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, convertidas en un levantamiento popular que pedía el fin del represivo régimen de la república islámica y exigía derechos humanos, dignidad, libertad y democracia.
Las autoridades respondieron con una brutal campaña de represión militarizada para sofocar el levantamiento, que incluyó el uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego en una escala sin precedentes, en un contexto de impunidad sistémica y un prolongado cierre de Internet.
El 21 de enero de 2026, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración según la cual habían perdido la vida 3.117 personas durante el levantamiento. El 16 de enero de 2026, la relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, dijo en una entrevista de prensa que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 5.000 personas.
Con posterioridad, las autoridades pusieron en marcha una campaña de represión coordinada en todo el país para evitar nuevas expresiones de disidencia y ocultar sus crímenes mediante detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, prohibición de concentraciones, ataques para silenciar a familiares de víctimas y ejecuciones arbitrarias de manifestantes y disidentes.
Después de los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, la represión de la disidencia se intensificó aún más con el pretexto de lo que las autoridades calificaron de “condiciones de guerra”. Esto ha incluido una escalada de las ejecuciones por motivos políticos, con al menos 44 personas ejecutadas y muchas más en peligro de ejecución. El 18 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en el que se comprometían a seguir negociando para alcanzar un acuerdo definitivo en el plazo de 60 días. El acuerdo no se centró en los derechos humanos, la justicia y las reparaciones.
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