Al cumplirse seis meses del posible ataque de Estados Unidos contra la embarcación ecuatoriana Fiorella, Amnistía Internacional recuerda que la política estadounidense de ataque y derribo a embarcaciones en alta mar, bajo el pretexto de que transportan drogas hacia Estados Unidos, configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente.
El 20 de enero 2026 el barco pesquero Fiorella desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes. Los indicios apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas “Southern Spear” (Lanza del Sur), por la que más de 60 naves han sido atacadas en la región, y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025.
El Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional reconstruyó el recorrido del barco, con base en datos de VMS (Vessel Monitoring System), disponibles en la plataforma Global Fishing Watch, que confirma que el Fiorella salió del puerto de Jaramijó, en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador.
Amnistía Internacional viajó a las localidades de Manta y Jaramijó, donde se entrevistó con las familias de los ocho desaparecidos – Gabriel Aladino Mero Delgado, Jefferson Ariel Mero Cueva, Bryan Alfredo Arcentales Mero, Juan Alfredo Arcentales Anchundia, Joel Steven Valencia Mero, José Norberto Mero Quijije, Juan Carlos Valencia Mero, y Carlos Adrián Mendoza Macías – las cuales buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero. Además, la organización se reunió con diversas autoridades y analizó declaraciones extraídas del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta (perteneciente a la Armada del Ecuador).
A partir del análisis y contraste de estas fuentes, Amnistía Internacional reconstruyó la ruta del Fiorella y los posibles hechos ocurridos durante su travesía, que se detallan a continuación.
La ruta del Fiorella
El Fiorella era un barco pesquero palangrero dedicado principalmente a la captura de especies como marlín, atún, dorado y tiburones mediante un espinel o palangre, que consiste en una línea principal de varios kilómetros de longitud equipada con cientos de anzuelos. La embarcación zarpó la noche del 13 de enero desde Jaramijó con diez tripulantes a bordo.
Poco después de emprender su ruta, la embarcación perdió la conexión a internet, por lo que durante los días siguientes la única comunicación posible fue a través del dispositivo satelital que portaba su capitán, Juan Carlos Valencia, quien mantuvo contacto diario con su familia y con los dueños de la embarcación.
Aproximadamente a las 13:00 horas del 15 de enero, se internó en la franja de aguas internacionales que separa la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador continental de la de las Islas Galápagos. Al día siguiente, en torno a las 18:00 horas, la embarcación salió de aguas internacionales e ingresó a la ZEE de Galápagos, donde permaneció hasta el 19 de enero, cuando alrededor de las 05:00 horas, volvió a adentrarse en aguas internacionales.
Durante los primeros días de la travesía no se habrían reportado mayores contratiempos. Sin embargo, a partir del cuarto día de navegación, la embarcación Fiorella habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos. El capitán de la nave, Juan Carlos Valencia, comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia.
El 17 de enero el capitán informó a su familia y a los dueños de la embarcación sobre la presencia de un dron así como de un avión sobrevolando el Fiorella. Al día siguiente, 18 de enero, varios aviones y un dron sobrevolaron repetidamente la embarcación, y entrada la noche la tripulación identificó las balizas de lo que parecía ser una patrulla marítima. Según relató el capitán a un familiar, ese día, una patrulla marítima estadounidense se habría aproximado a menos de un kilómetro.
El 19 de enero, un día antes de la pérdida de comunicación, la tripulación volvió a divisar drones, aeronaves y una patrulla marítima. Uno de los supervivientes relató haber visto varios drones y “una embarcación grande con bandera americana”. El segundo superviviente, describió “una patrulla, dos aviones que pasaban bajito y que cargaban un símbolo azul parecido al de la NASA”. Según el testimonio de un familiar del capitán, este se encontraba preocupado por el seguimiento constante de lo que estaba convencido eran patrullas estadounidenses. El familiar intentó tranquilizarlo, asegurándole que, de ser abordados, no había motivo de preocupación, ya que podrían confirmar que no transportaban ningún cargamento de droga.
La mañana del 20 de enero
Al amanecer de ese día, dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura. Una de esas lanchas, la Primer Mandamiento, se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del Fiorella que la otra: unas 15 millas náuticas.
Alrededor de las 6:00 horas, la tripulación de la Primer Mandamiento terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar. Todo transcurría con normalidad hasta las 13:00 horas, cuando por la radio que portaban a bordo escucharon gritos desde la otra lancha: “¡Capitán, capitán, capitán!”. Inmediatamente después, se perdió toda comunicación con ambas embarcaciones.
Los tripulantes de la Primer Mandamiento relataron a la Capitanía de Puerto, que, a la distancia, divisaron una gran columna de humo en dirección al Fiorella, sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza. Estos tripulantes fueron los únicos que lograron regresar con vida de esa jornada de pesca. Del Fiorella y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia.
Por su parte, el sistema de rastreo de la embarcación registró su última señal a las 13:06 horas, cuando navegaba en aguas internacionales, justo al cruzar el corredor marítimo que separa la ZEE de Galápagos de la ZEE continental de Ecuador.
Después de quedar a la deriva, el 22 de enero, alrededor de las 6:00 de la mañana, los dos integrantes de la lancha Primer Mandamiento fueron rescatados por otro barco pesquero y llevados de regreso a tierra.
Testimonios de las familias y sospechas de detención
Entre las familias existe la sospecha de que sus familiares pudieran haber sido detenidos arbitrariamente y trasladados a otro país, tal como habría ocurrido en marzo con las tripulaciones de la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, dos embarcaciones de una localidad cercana a Jaramijó. Según la organización local Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dos meses después de la desaparición del Fiorella, estos dos barcos pesqueros con 16 y 20 personas a bordo, habrían sido atacados por drones y su tripulación detenida presuntamente por personal estadounidense los días 17 y 26 de marzo respectivamente. Posteriormente habrían sido entregados a autoridades de El Salvador y trasladados a ese país, para ser finalmente devueltos a Ecuador.
“Las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La respuesta de las autoridades ecuatorianas, únicas autoridades ante las que las familias del Fiorella han presentado sus denuncias, ha sido considerablemente limitada. Esto a pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió acciones urgentes en favor de los ocho pescadores solicitando a Ecuador su búsqueda inmediata y la investigación de los hechos.
A pesar de que la Capitanía de Puerto afirmó haber llevado a cabo la búsqueda de la embarcación y su tripulación, existen serias dudas de la exhaustividad y eficacia de estas acciones. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa entregada al CED, no fue hasta el 22 de enero “que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo (CCSM) recibió la alerta de emergencia sobre la desaparición de la embarcación”.
Además, tardaron un día más en activar el plan de búsqueda y rescate “SAR” (por sus siglas en inglés), y no comenzaron las actividades de cálculo para la búsqueda hasta el día 24. No existe detalle de las acciones emprendidas para dar con el barco o su tripulación, y fueron los dueños del Fiorella los que, por sus propios medios, enviaron una nave el 26 de enero para intentar dar con los restos de la embarcación, encontrando el espinel.
Las familias de los tripulantes desaparecidos del Fiorella denunciaron que, al acudir a la Capitanía del Puerto en busca de información, el comandante les dijo que dejaran de buscarlos porque estaban muertos y debían “atenerse a las consecuencias”, en lo que interpretaron como una insinuación de que sus familiares estaban vinculados al narcotráfico.
“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente (a la Capitanía de Puerto) y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido.
“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente (a la Capitanía de Puerto) y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido.
Si bien existe una investigación penal abierta por desaparición involuntaria en la Fiscalía de Manta, Amnistía Internacional pudo constatar, durante su visita en junio, que las diligencias realizadas eran mínimas y no parecían orientadas a esclarecer los hechos.
Entre las falencias más graves sobresale que, a más de cinco meses de ocurridos los hechos, la Fiscalía no había solicitado formalmente información a Estados Unidos para avanzar en la investigación, o que el expediente administrativo iniciado por la Capitanía de Puerto para la búsqueda de los pescadores ni siquiera estaba incorporado al expediente fiscal.
“Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos. La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia», dijo Ana Piquer.
Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? … La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia».
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las investigaciones han ocurrido en un clima de creciente violencia en contra de operadores de justicia por parte del crimen organizado en el país. En dicho contexto, ocurrió el asesinato de la Fiscal a cargo del caso, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, el 14 de junio en la ciudad de Manta.
Sumado a esto, las familias dijeron sentirse desamparadas y angustiadas no sólo debido a la incertidumbre sobre el destino de sus familiares sino a que, en prácticamente todos los casos, la persona desaparecida era el sustento familiar.
“La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador debe estar basada en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.
Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Acciones de Estados Unidos
Amnistía Internacional ha denunciado los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales desde que el país presumiera su primer ataque el 2 de septiembre de 2025, por considerarlos ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidios deliberados e ilegales bajo el derecho internacional.
A pesar de la solicitud de información realizada por la organización al Comando Sur de Estados Unidos, así como de una reunión mantenida con su embajada en Ecuador, el país no ha confirmado ni desmentido que estos ataques sean de su autoría. Del mismo modo, congresistas estadounidenses de distintos Comités, han solicitado información a los Departamentos de Estado, de Defensa y Seguridad Nacional, incluyendo al comando de la Guardia Costera. En dicha petición demandan el esclarecimiento de estos hechos y la confirmación de la participación de fuerzas de seguridad de ese país o de entidades privadas bajo su mando, sin que exista respuesta hasta el momento.
Existen indicios de que las ocho personas cuyo paradero aún se desconoce podrían sumarse a la extensa lista de víctimas de violaciones de derechos humanos de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones y tripulaciones en aguas internacionales.
Sin embargo, a diferencia de los más de 60 ataques reconocidos hasta el momento, el posible ataque al Fiorella no fue anunciado ni por el presidente estadounidense, Donald Trump, ni por el Comando Sur, como suele ser habitual. Tampoco los ataques contra las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron reconocidos oficialmente, pese a que, según las denuncias que constan de los sobrevivientes, ambos barcos habrían sido hundidos por aeronaves no tripuladas con distintivos atribuidos a Estados Unidos.
Si se confirmara que Estados Unidos fue responsable del ataque al Fiorella, así como de los ocurridos contra la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, el saldo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos asociadas a este tipo de operaciones podría ser mucho mayor de lo estimado hasta ahora.
“El Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”, concluyó Ana Piquer.