El acuerdo sobre materias primas entre Reino Unido y Ruanda antepone los beneficios comerciales a las vidas congoleñas

Por Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral 

Desde que Donald Trump tomó posesión de su cargo de presidente de Estados Unidos, la opinión pública europea ha mostrado su disgusto por lo impredecible de sus aranceles y el carácter transaccional de su diplomacia internacional. Su actitud insolente hacia otros países no le ha gustado nada a la población europea. Sin embargo, cuando se trata de África Central, pocos europeos son conscientes de lo mucho que tienen en común los dirigentes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Nos referimos a su apetencia por los minerales de República del Congo y Ruanda.

En febrero de 2024, la Comisión Europea firmó un memorándum de entendimiento acordando  con Ruanda el desarrollo de “cadenas de valor sostenibles” de materias primas minerales fundamentales. Según las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, algunos de los minerales procesados y enviados desde Ruanda, como el coltán, un mineral escaso que se emplea en la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, se exportaron fraudulentamente desde República Democrática del Congo (RDC). Aunque el acuerdo no es todavía operativo, como informó previamente EUobserver, una empresa comercializadora de materias primas en al menos un Estado miembro de la UE ya se ha beneficiado de minerales probablemente introducidos de forma fraudulenta en Ruanda desde la RDC.  

En el este de la RDC, el M23, grupo armado apoyado por Ruanda, ha cometido graves abusos y acciones brutales contra la población civil congoleña. El intento de la UE de manejar diplomáticamente una situación compleja denunciando el apoyo de Ruanda al M23 a la vez que se niega a suspender el acuerdo sobre materias primas fundamentales sin que haya salvaguardias adecuadas para garantizar que no contribuye a abusos contra los derechos humanos, es revelador. Al adoptar esta postura, la UE está anteponiendo los beneficios comerciales a las vidas congoleñas, una bofetada en plena cara a la población de este país, desesperada por que los actores internacionales ejerzan una presión pública sostenida sobre todas las partes en el conflicto.

La investigación realizada por Amnistía Internacional halló que los combatientes del M23 han cometido violaciones colectivas de mujeres y torturado a personas detenidas. El M23 también ha amenazado, detenido y torturado a personas defensoras de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Entre los meses de febrero y mayo de este año, combatientes del M23 entraron en hospitales de Goma en cinco ocasiones buscando a miembros del ejército congoleño o secuestrando a pacientes, y golpeando más tarde a muchos con palos y varas de madera. En algunos centros de detención del grupo, las palizas fueron tales que las personas detenidas presentaban heridas abiertas que requirieron hospitalización tras su liberación. A menudo se impide a las familias que visiten a las personas detenidas, a quienes además se les niega acceso a abogados y atención médica. Las condiciones de estos lugares violan el derecho internacional y son tan atroces que podrían constituir crímenes de guerra de tortura o trato cruel. 

En las primeras etapas del conflicto, la UE reconoció los abusos perpetrados por el M23, pidió a Ruanda que retirara sus tropas de República Democrática del Congo y trabajó en favor de la creación de una visita de investigación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, la UE y sus Estados miembros acordaron suspender  las consultas en materia de defensa que mantenían con Ruanda y revisar el memorándum de entendimiento con este país. En marzo, el Consejo impuso sanciones a nueve personas y a una entidad responsables de actos que constituyen graves violaciones y abusos de derechos humanos en la RDC, incluidos el jefe de la Junta de Minas, Petróleo y Gas de Ruanda, afirmando así la preocupación de la UE y sus Estados miembros por la implicación del país en la explotación ilícita de minerales.

En la misma tónica, el Parlamento Europeo pidió la suspensión del acuerdo sobre minerales, subrayando que, junto con la cooperación de la UE con Ruanda en materia de defensa, había “contribuido a enviar un mensaje incoherente a las autoridades ruandesas”.

Sin embargo, desde marzo y a pesar de los crecientes abusos del M23, la UE se ha mantenido en completo silencio sobre la RDC, y miembros de la Comisión Europea siguen defendiendo el acuerdo ante los miembros del Parlamento Europeo.

Los motivos de la postura defensiva de la UE respecto al acuerdo sobre minerales no están claros.

Si las autoridades de la UE creen que el acuerdo es una herramienta que les permite influir sobre Ruanda para garantizar la protección de los derechos humanos, la población congoleña, desgastada por la guerra, sigue esperando que la utilicen. Hasta la fecha, la UE no ha hecho ningún esfuerzo visible por interactuar con Ruanda para garantizar que los minerales que suministra no contribuyen ni financian abusos de derechos humanos en la RDC, y al mismo tiempo parece conforme con quedarse al margen mientras continúan los abusos y Estados Unidos y Qatar tratan de mediar en un acuerdo de paz entre Ruanda y la RDC.

El que la UE no exija responsabilidades a Ruanda por los abusos que comete el M23 hace que su compromiso con los derechos humanos les suene falso a muchas personas congoleñas que temen perder la vida simplemente por alzar la voz.

Actuar a tiempo es fundamental. Una gran oportunidad para hacerlo es la reunión de delegaciones de la UE y la Unión Africana el 21 de mayo en Bruselas. Ahora que Washington negocia acuerdos sobre minerales con la RDC y Ruanda, lo que probablemente intensifique las actividades mineras en el este de la RDC, la revisión por parte de la UE del acuerdo sobre minerales con Ruanda resulta aún más crucial.

Si la UE no exige a Ruanda que cumpla con su responsabilidad de defender los derechos humanos, será señal de que coloca los minerales por encima de los derechos de la población congoleña. Esto sería un mensaje de tipo transaccional que no debería parecerle bien a nadie, ni en Bruselas ni fuera.

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