En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.
Ante la reciente expulsión arbitraria de personas venezolanas desde Estados Unidos hacia el CECOT, una mega cárcel salvadoreña – una acción que no solo agrava la situación de derechos humanos en El Salvador, sino que también establece un precedente alarmante de cooperación represiva entre gobiernos que ha derivado en la desaparición forzada de 261 personas—, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:
«En El Salvador se está ejecutando una política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad. Después de tres años, más de 85 mil personas permanecen detenidas sin evidencia admisible suficiente, víctimas de un sistema judicial convertido en una herramienta para el castigo colectivo y la represión generalizada. Pretender exportar esta política hacia la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Estados Unidos deja en evidencia la desprotección y el riesgo que ahora enfrentan cientos de miles de personas a que se violen sus derechos humanos, ya no por uno, ni dos, sino por tres Estados distintos.
En El Salvador se está ejecutando una política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad. (…) Pretender exportar esta política hacia la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Estados Unidos deja en evidencia la desprotección y el riesgo que ahora enfrentan cientos de miles de personas a que se violen sus derechos humanos, ya no por uno, ni dos, sino por tres Estados distintos
Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Esta cooperación represiva ahora ha derivado en la desaparición forzada de más de 200 personas venezolanas trasladadas arbitrariamente al CECOT en El Salvador. Esta situación profundiza aún más la vulnerabilidad de las víctimas al negarles deliberadamente su derecho a la defensa, al debido proceso y al contacto con sus familiares y sus abogados, generando un profundo sufrimiento tanto para las personas detenidas como para sus familiares. La cooperación entre Estados debe tener al centro mejorar las condiciones de vida de las personas y no el desmantelamiento de sus derechos humanos.”
Amnistía internacional hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas y estadounidenses para poner fin de forma inmediata a estas acciones, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, restablecer el debido proceso, garantizar el derecho al asilo y el principio de no-devolución, y proteger eficazmente a todas las personas detenidas frente a la tortura, la incomunicación y las desapariciones forzadas.
“Recordamos a las autoridades de El Salvador y de los Estados Unidos de América que los derechos a la libertad, a un juicio justo, al asilo, a la defensa legal y a no sufrir tortura o desaparición forzada no son privilegios, son obligaciones que sus gobiernos deben garantizar en todo momento. La seguridad no puede construirse sobre los escombros de la justicia, ni pueden considerarse exitosos los modelos que sustituyen la violencia de estructuras criminales por violencia institucional”, concluyó.
Recordamos a las autoridades de El Salvador y de los Estados Unidos de América que los derechos a la libertad, a un juicio justo, al asilo, a la defensa legal y a no sufrir tortura o desaparición forzada no son privilegios, son obligaciones que sus gobiernos deben garantizar en todo momento. La seguridad no puede construirse sobre los escombros de la justicia, ni pueden considerarse exitosos los modelos que sustituyen la violencia de estructuras criminales por violencia institucional
Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional