Amnistía Internacional condena la matanza ocurrida durante la noche del 23 al 24 de agosto en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe. Al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas, según Naciones Unidas, mientras que decenas de personas habrían sido secuestradas. Entre las personas atacadas se encontrarían personas desplazadas por la violencia que se refugiaban en una iglesia.
“Lamentablemente, volvemos a ver una nueva masacre en Haití. Esto es un recordatorio del devastador costo humano derivado de la ausencia de políticas efectivas de protección de la población. Instamos a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para proteger a la población frente a la escalada de violencia de las bandas armadas. Las personas sospechosas de responsabilidad penal por estos asesinatos, secuestros y otros graves abusos contra los derechos humanos deben ser identificadas y llevadas ante la justicia en juicios justos”, dijo Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Lamentablemente, volvemos a ver una nueva masacre en Haití. Esto es un recordatorio del devastador costo humano derivado de la ausencia de políticas efectivas de protección de la población.”
Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
«Los refuerzos y las operaciones de seguridad anunciados por el gobierno deben tener como prioridad la protección de la población y de las personas secuestradas y llevarse a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, reafirmó Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional
Los refuerzos y las operaciones de seguridad anunciados por el gobierno deben tener como prioridad la protección de la población y de las personas secuestradas y llevarse a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“El secuestro de personas y las amenazas contra sus vidas agravan aún más una situación ya estremecedora. Las bandas armadas deben liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas secuestradas y poner fin a los asesinatos, secuestros y demás ataques contra la población. Las autoridades haitianas deben adoptar todas las medidas a su alcance, respetando plenamente los derechos humanos, para proteger la vida y la integridad de las personas retenidas.
La población haitiana tiene derecho a vivir sin el temor constante de ser asesinada, secuestrada o forzada a abandonar sus hogares. Como hemos advertido reiteradamente tras otras matanzas como las ocurridas en Cité Soleil, Labodri y Petite-Rivière de l’Artibonite, seguirá existiendo un grave riesgo de nuevas pérdidas de vidas mientras no se adopten medidas urgentes y sostenibles para proteger a las comunidades y romper el ciclo de violencia e impunidad. La comunidad internacional debe apoyar de manera urgente y sostenida a las autoridades haitianas para que cumplan con su obligación de proteger a la población y garantizar justicia por estos crímenes”, concluyo Astrid Valencia.
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