Ante la presentación el 16 de octubre de 2025 del informe del secretario general de la ONU sobre Irán, y el 30 de octubre de 2025 de los informes de la relatora especial y de la Misión Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán en la Tercera Comisión de la Asamblea General, Hussein Baoumi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Los Estados miembros de la ONU deben enfrentarse a la espantosa oleada de ejecuciones con la urgencia que exige la cuestión. En lo que va de 2025 han sido ejecutadas más de 1.000 personas en Irán, lo que supone una media de cuatro al día. Desde el levantamiento Mujer, Vida y Libertad de 2022, las autoridades iraníes han ido incrementando el uso de la pena de muerte para atemorizar a la población, reprimir la disidencia y castigar a las comunidades marginalizadas. Este año, las ejecuciones han llegado a cifras nunca vistas en Irán desde 1989.
“El uso de la pena de muerte para delitos de drogas continúa a un ritmo terrible, en clara vulneración de las obligaciones de derecho internacional de Irán. Las ejecuciones se llevan a cabo tras juicios manifiestamente injustos y celebrados a puerta cerrada, en un marco generalizado de tortura y confesiones forzadas.
Es un momento sombrío incluso para el terrible historial de Irán, y exige una respuesta internacional seria y coordinada.
Hussein Baoumi, director regional adjunto para Oriente Medio y el Norte de África.
“Durante años, las autoridades iraníes han tratado de normalizar la ejecución de cientos de personas al año, pero este horrible ataque al derecho a la vida, con cientos de familias llorando a sus seres queridos y miles de personas condenadas a muerte en peligro de ejecución, no debe tratarse como algo normal. Es un momento sombrío incluso para el terrible historial de Irán, y exige una respuesta internacional seria y coordinada.
“Pedimos a los Estados miembros de la ONU que intervengan urgentemente, con enérgicas declaraciones orales durante el próximo diálogo interactivo sobre Irán en la Tercera Comisión. Los Estados deben exigir que las autoridades detengan de inmediato todas las ejecuciones, anulen las condenas a muerte impuestas tras juicios injustos, deroguen las letales leyes antidroga y establezcan la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a abolir plenamente la pena de muerte. Asimismo pedimos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que presionen a las autoridades iraníes para que reformen sus políticas de control de drogas de forma que respeten los derechos humanos.
“Dada la impunidad sistémica que impera en Irán para las violaciones graves de derechos humanos, también instamos a los Estados a que apliquen medidas de rendición de cuentas, como la apertura de investigaciones penales, con arreglo al principio de jurisdicción universal, sobre la tortura y otros crímenes de derecho internacional perpetrados en Irán, con vistas a dictar órdenes de detención contra los funcionarios de cuya responsabilidad penal existan pruebas.”
Información complementaria
Entre los miles de personas en peligro de ejecución en Irán están las condenadas por delitos de drogas en violación del derecho internacional, que limita el uso de la pena de muerte sólo a “los más graves delitos”, como el homicidio con agravantes, así como las condenadas a muerte por cargos definidos de forma imprecisa, tales como “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra” en casos de motivación política.
Las ejecuciones en Irán se derivan habitualmente de juicios manifiestamente injustos, por ejemplo ante los Tribunales Revolucionarios, que carecen de independencia y actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad y de inteligencia para condenar a muerte. Las minorías étnicas oprimidas y las comunidades de nivel socioeconómico bajo, como la afgana, la ahwazí, la árabe, la baluche y la kurda, se ven desproporcionadamente afectadas por las ejecuciones.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución. La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Se trata del exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Únete a nuestra campaña de Acción Urgente en defensa de los miles de personas que están en peligro de ejecución en Irán.