Declaración escrita de Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 34º periodo de sesiones (del 27 de febrero al 24 de marzo de 2017)
Amnistía Internacional reitera su apoyo a la labor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, “la Oficina”) para mejorar el respeto de los derechos humanos, y acoge con satisfacción la decisión del gobierno de prorrogar tres años su mandato.
A la luz del acuerdo de paz suscrito por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre, el papel de vigilancia de la situación de los derechos humanos desempeñado por la Oficina es ahora más crucial que nunca y debe reforzarse para superar los numerosos desafíos para los derechos humanos que pueden surgir durante la aplicación del acuerdo.
La mayoría de los crímenes de derecho internacional y de los abusos y violaciones de los derechos humanos en Colombia tiene lugar fuera del contexto del combate directo entre las partes en el conflicto. En particular, esto es así en los casos de ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra líderes comunitarios y sociales. Por tanto, es fundamental que la misión política especial creada por la resolución 2261(2016) del Consejo de Seguridad para vigilar y verificar el alto el fuego bilateral y el cese de hostilidades —o cualquier otra misión que se establezca sobre la base de los acuerdos de paz— incluya un componente de derechos humanos que trabaje codo con codo con la Oficina.
El proceso de paz
El acuerdo de paz puso fin de manera oficial a un conflicto que ha durado más de cinco decenios, en el que se han cometido crímenes de derecho internacional —mayoritariamente contra la población civil—, y que se ha caracterizado por una impunidad endémica. Todas las partes en el conflicto —grupos guerrilleros, fuerzas de seguridad, y estructuras paramilitares que a menudo operaban, y en algunos casos siguen haciéndolo, en connivencia o con la aquiescencia de agentes del Estado— han sido responsables de dichos crímenes. Estos incluyen desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, tortura y delitos de violencia sexual. Muy pocos de los presuntos responsables penales de tales crímenes han comparecido ante la justicia.
El éxito del acuerdo de paz —y de cualquier futuro acuerdo de paz con el segundo grupo guerrillero más numeroso del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— dependerá en gran medida de si las autoridades colombianas logran poner fin de manera definitiva a los abusos y violaciones de derechos humanos y son capaces de llevar ante la justicia a los presuntos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional. La notable reducción durante el pasado año de la violencia relacionada con el combate que afecta a la población civil es un punto de partida positivo. A largo plazo, mucho dependerá de que se aplique de manera efectiva el proceso de desarme, desmovilización y reintegración; de que se garantice la seguridad de combatientes de las FARC que se desmovilicen y la de aquellas personas percibidas como sus simpatizantes, y de que se combatan y desarticulen los grupos paramilitares.
El acuerdo de paz es un avance para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación —sobre todo si se compara con el fracaso de anteriores procesos de paz en Colombia a la hora de tener en cuenta ese derecho— e incluye algunas características positivas. Con todo, y a pesar de que se realizaron algunas modificaciones al acuerdo tras su rechazo en referéndum el 2 de octubre de 2016, éste incumple el derecho y las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas. Amnistía Internacional ha criticado las sanciones propuestas para las personas responsables de crímenes de derecho internacional, ya que no parecen ajustarse a la gravedad de determinados crímenes. Asimismo, ha criticado una definición de la responsabilidad en la cadena de mando que es contraria a las obligaciones contraídas por Colombia en virtud del derecho internacional, puesto que podría impedir que los mandos de las FARC y de las fuerzas de seguridad rindieran cuentas por los crímenes cometidos por sus subordinados.
La Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso el 28 de diciembre de 2016, beneficiará a los miembros de las FARC y de las fuerzas de seguridad que no estén siendo investigados por crímenes de derecho internacional o que no hayan sido declarados culpables de cometer tales crímenes. También sentará las bases para la libertad condicional, en determinadas circunstancias, de aquellas personas que hayan cumplido al menos cinco años de prisión por crímenes de derecho internacional. No obstante, esta ley contiene varias ambigüedades que podrían permitir eludir la justicia a muchos responsables de abusos contra los derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos, y comunidades y grupos en situación de riesgo
A pesar del proceso de paz, se ha producido un alarmante aumento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra líderes comunitarios, activistas ecologistas y en favor del derecho a la tierra, y contra quienes hacen campaña por el proceso de paz y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen haciendo frente a abusos y violaciones de derechos humanos.
Según la ONG Somos Defensores, en 2016 fueron víctimas de homicidio en torno a 80 defensores y defensoras de los derechos humanos, frente a los 63 de 2015. Hasta el 30 de enero, se han denunciado otros 17 casos, de los que 10 han sido confirmados. Entre los homicidios que se han producido este año están los de la lideresa de una comunidad afrodescendiente Emilsen Manyoma y su pareja Joe Javier Rodallega, que fueron vistos con vida por última vez el 14 de enero y cuyos cadáveres fueron hallados el 17 de enero en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca; y el de Aldemar García Parra, activista por los derechos a la tierra de El Hatillo, en el departamento del Cesar, muerto por disparos el 7 de enero.
Muchas de las amenazas de muerte dirigidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas han sido atribuidas a grupos paramilitares, pero en la mayoría de los casos ha sido difícil identificar a los grupos responsables de los homicidios. No obstante, la naturaleza de la labor comunitaria y de defensa de los derechos humanos llevada a cabo por las víctimas apunta a que muchas de ellas pueden haber sido objeto de homicidio porque se las percibía como una amenaza para los intereses económicos y políticos de determinados grupos armados.
En un contexto de riesgos cada vez mayores para los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas, es imperativo que la Unidad Nacional de Protección, del Estado, que brinda medidas de protección a algunas de las personas en peligro, adopte mecanismos de protección más efectivos y exhaustivos. Estos deberían incluir medidas preventivas y colectivas que garanticen la seguridad de las comunidades en riesgo.
El papel de la comunidad internacional
La comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos de las autoridades colombianas para asegurarse de que el acuerdo de paz se aplique de manera que pueda garantizar el fin de los abusos y violaciones generalizados de los derechos humanos, y el fin de la impunidad. Estos esfuerzos deben ir encaminados a asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y, en particular, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas garantías de no repetición, de acuerdo con lo dispuesto por el derecho y las normas internacionales.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe seguir ofreciendo asesoramiento a las autoridades colombianas sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las víctimas para garantizar que el acuerdo de paz se aplique de conformidad con el derecho internacional. Con independencia del proceso de paz, Colombia sigue teniendo la obligación de garantizar que todos los presuntos responsables penales de crímenes de derecho internacional comparecen de manera efectiva ante los tribunales en juicios con las debidas garantías.
La Oficina también continúa desempeñando un papel fundamental en la vigilancia y la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos durante la implementación del acuerdo de paz, en estrecha coordinación con la misión política de la ONU. A fin de proporcionar un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos más efectivo, Amnistía Internacional reitera la importancia de reforzar la Oficina y de dotar a la misión de observación de un componente de derechos humanos claramente definido, que trabaje en estrecha colaboración con la Oficina.
Por tanto, Amnistía Internacional insta a los Estados miembros y Estados observadores del Consejo de Derechos Humanos a:
- plantear estas preocupaciones y recomendaciones en el debate del Consejo de Derechos Humanos, y en las conversaciones bilaterales con el gobierno colombiano;
- instar a las partes en el acuerdo a que pongan en práctica en su totalidad y sin demora tanto las recomendaciones formuladas por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos como las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por otros órganos de las Naciones Unidas;
- pedir a las autoridades colombianas que pongan en práctica medidas efectivas para prevenir los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas la disolución de los grupos paramilitares y la ruptura de sus vínculos con agentes estatales;
- recordar a las autoridades colombianas su obligación de garantizar investigaciones penales independientes e imparciales de todos los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional, la reparación plena para las víctimas, y la búsqueda de la verdad, de conformidad con el derecho internacional. Las autoridades deben centrarse en garantizar que la investigación de “las conductas más graves y representativas”, tal y como estipula el acuerdo de paz, no se emplea como pretexto para abandonar la investigación de determinados casos;
- insistir en que las autoridades colombianas deben adoptar medidas más efectivas para garantizar la seguridad de grupos y comunidades en especial situación de riesgo, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas;
- pedir a las autoridades de Colombia que garanticen la participación efectiva de la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de víctimas y de mujeres, en todos los aspectos de la implementación del acuerdo de paz;
- reconociendo que la violencia relacionada con el conflicto tiene lugar mayoritariamente fuera del contexto de combate directo entre las parte en el conflicto, abogar por que la misión de observación de la ONU esté dotada de un componente de derechos humanos que complemente la función de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo papel de vigilancia y elaboración de informes debe reforzarse.
