- Las autoridades rivales libias están intensificando una campaña de represión racista que comporta miles de detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas de personas refugiadas y migrantes
- La retórica xenófoba de las autoridades fomenta los abusos y las protestas y las actividades parapoliciales contra migrantes
- La UE está tratando de aumentar la cooperación con estos agentes en materia de migración a pesar del historial de abusos graves
La Unión Europea (UE) está tratando de aumentar su cooperación en materia de migración con las autoridades rivales libias y los grupos armados aliados con ellas en un momento en que, sobre la base de un discurso xenófobo, están intensificando su campaña de detenciones masivas racialmente discriminatorias y arbitrarias y expulsiones colectivas ilícitas de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Durante el último mes, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, y su rival, el “Gobierno Libio”, en el este, aliado con el grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que tiene el control de facto del este y el sur del país, han emprendido una nueva campaña de represión contra personas extranjeras, deteniendo a miles. Las declaraciones xenófobas y racistas de las autoridades han fomentado una aumento de las protestas, las actividades parapoliciales y el discurso de odio online contra migrantes.
Mientras tanto, la UE intenta activamente aumentar su cooperación en materia de migración con estos mismos agentes a fin de contener aún más a las personas refugiadas y migrantes en Libia, especialmente en el este del país, con las LAAF, a pesar de su historial, perfectamente documentado, de crímenes de derecho internacional y abusos graves contra los derechos humanos.
«Es terrible que las autoridades libias estén unidas para cometer abusos contras las personas refugiadas y migrantes, desplegar una retórica racista, hacer caso omiso de las peticiones de quienes buscan refugio y detener arbitrariamente a miles de personas para expulsarlas después, incluso de manera colectiva, dejándolas abandonadas en las fronteras terrestres. El Gobierno de Unidad Nacional y sus rival del este deben poner fin de inmediato a estos abusos”, ha afirmado Diana Elahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La UE lleva mucho tiempo financiando el control migratorio en Libia con su apoyo a la Guardia Costera Libia, lo que la ha hecho ya cómplice de espantosos abusos y violaciones de derechos humanos. Hacer extensiva esta cooperación a los grupos armados del este del país, pese a su historial de crímenes de guerra y otros abusos cometidos con impunidad, pone de manifiesto un absoluto desprecio no sólo del derecho internacional sino también de la vida y dignidad humanas. La UE y sus Estados miembros no pueden eludir su responsabilidad mientras continúen cometiéndose estos abusos ante sus ojos. Deben poner fin a su complicidad en crímenes de derecho internacional y suspender sus políticas de contención, que dejan a las personas atrapadas en una espiral de abusos”.
El Gobierno de Unidad Nacional y su rival del este deben terminar de inmediato con su discurso racista y xenófobo y ordenar a sus entidades y grupos armados aliados que pongan fin a las detenciones arbitrarias masivas y expulsiones ilícitas de personas refugiadas y migrantes y les garanticen protección contra la tortura y otros abusos a manos de agentes estatales y no estatales.
Detenciones masivas seguidas de expulsiones colectivas y sumarias
La campaña de represión ha comportado la detención generalizada de miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en todo el país, especialmente en Aydabiya, Al Baida, Bengasi, Derna, Sabratha, Sebha, Sirte, Trípoli y Tobruk.
En el oeste, el subdirector del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), coronel Ali Daw, anunció que éste había llevado a cabo el desalojo forzoso y detención de decenas de migrantes, entre quienes había menores, de los campos informales de acogida de la zona de Al Serraj de Trípoli el 18 de mayo de 2026. La sección del este de Trípoli del DCIM también se ha jactado de haber expulsado sumariamente a más de 800 “migrantes ilegales”, en especial de Sudán, del aeropuerto de Mitiga de Trípoli desde principios de mayo. No se les brindó la oportunidad de impugnar su expulsión ni de solicitar asilo.
El DCIM del este anunció el 24 de mayo que, en el este y el sur, había entre 7.000 y 8.000 personas migrantes detenidas a la espera de su expulsión, entre ellas 4.500 sudanesas y de otros países detenidas ese mismo mes. En otra declaración, del 2 de abril, el DCIM del este anunció que había advertido a las autoridades de la UE de que Libia no era “tierra de asentamiento de africanos”, lo que ilustraba el rechazo en concreto de las personas migrantes subsaharianas negras.
El 3 de junio, un representante del DCIM manifestó que quienquiera que entrara sin documentación era una persona “migrante ilegal” a quien se procedería a “expulsar sin más” y que el DCIM “no reconocía en absoluto las tarjetas de refugiado”.
Un solicitante de asilo sudanés detenido por el DCIM el 2 de junio en la ciudad oriental de Tobruk, bajo control de las LAAF, junto con decenas de compatriotas suyos, en aplicación de perfiles raciales ha contado a Amnistía Internacional que, antes de poder gestionar su liberación, lo tuvieron dos días recluido en condiciones de hacinamiento extremo en un hangar del Centro de Albergue y Deportación de Bab Al Zaytoun de Tobruk. Asegura que había con él al menos 1.000 personas más, de Sudán, Egipto y Bangladesh, así como 200 que habían sido interceptadas en el mar.
Los guardias desoyeron sus peticiones de insulina y de la oportunidad de solicitar asilo. Vio a las autoridades llevarse del centro de detención a 400 personas. Posteriormente supo —por otro solicitante de asilo sudanés que contactó con él desde Puerto Sudán (noreste de Sudán)— que las habían embarcado en un avión en Bengasi y las habían expulsado.
Amnistía Internacional ha hablado con un sierraleonés negro que vive en Trípoli, a quien han detenido dos veces en las dos últimas semanas. El 2 de junio, el DCIM lo detuvo, junto con otras personas migrantes negras, en una calle de Trípoli y lo trasladó a un centro de detención no identificado del oeste del Libia dependiente de la formación armada Región Militar de la Montaña Occidental. Los guardias lo golpearon a diario durante cuatro días, hasta que sus amistades lo ayudaron a pagar un rescate para conseguir la libertad. Dice que había miles de personas detenidas en ese centro, de países como Sudán, Egipto, Pakistán, Argelia y Túnez. El 11 de junio, el DCIM lo detuvo otra vez cuando viajaba en un taxi en Trípoli y lo llevó a un centro no identificado de la ciudad donde estuvo recluido y fue golpeado durante dos días, hasta pagar de nuevo un rescate.
La documentación existente sobre detenciones de migrantes indica que las milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad de Libia ha actuado en particular contra personas negras y racializadas —que constituyen la mayoría de la población migrante de Libia— y que lo han hecho por motivos xenófobos y racistas.
Racismo aprobado oficialmente que potencia las protestas contra migrantes
Entre el 1 y el 10 de junio de 2026, se publicaron una avalancha de declaraciones y decisiones contra el “asentamiento” de migrantes en Libia, emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional, la Cámara de Representantes, el Parlamento de Libia aliado con las autoridades del este, y el “Gobierno Libio” del este y las LAAF.
La Cámara de Representantes hizo hincapié en la necesidad de proteger la “identidad demográfica y cultural” de Libia y se remitió a la Ley 24 de agosto de 2023 que dispone el encarcelamiento y expulsión de quienquiera que pretenda conseguir su “asentamiento” en Libia sea por medios regulares o irregulares. Saddam Haftar, segundo al mando de las LAAF, anunció una extensa campaña de expulsiones. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente expulsiones colectivas de personas migrantes y refugiadas, así como homicidios ilícitos, tortura y otros malos tratos, violaciones y violencia sexual, llevadas a cabo por el grupo armado Tariq Ben Zeyad (TBZ), entonces bajo el control de facto de Saddam Haftar.
El 8 de junio, el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Emad al Trabelsi, declaró que las autoridades seguían adelante con un programa nacional de expulsión en virtud del cual se había deportado ya sumariamente a miles de personas. Emad al Trabelsi había dirigido previamente la mal afamada milicia Agencia de Seguridad Pública, implicada en terribles delitos contra personas refugiadas y migrantes y participante también en la actual campaña de represión.
Movimiento “No al asentamiento”
La renovada campaña de represión de las autoridades se produce en el contexto de un aumento en Trípoli de las protestas xenófobas con el lema “No al asentamiento” y de las publicaciones xenófobas y racistas en las redes sociales.
Desde abril, centenares de manifestantes se vienen congregando todas las semanas en el barrio de Yanzour, en el oeste de Trípoli, donde se encuentran las oficinas de la ONU. Culpan a las personas migrantes, a quienes llaman “infiltradas”, de los males económicos de Libia; piden la expulsión del país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y manifiestan su oposición a la cooperación en materia de migración con la UE con el fin de contener a las personas extranjeras en Libia. Junto con el DCIM y los ayuntamientos locales, quienes participan en estas protestas piden a la ciudadanía libia que proporcione trabajo o vivienda a personas migrantes en situación irregular que las despida o desaloje y que denuncie a quien no lo haga.
El 4 de junio, una protesta ante la sede de ACNUR en Trípoli terminó con el amontonamiento de sacos de arena a las puertas y la rotura de la verja exterior del vecino recinto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), que expresó su preocupación por la desinformación e información errónea sobre el trabajo de la ONU en el país. Las fuerzas de seguridad libias presentes allí no hicieron nada. El 8 de junio, Emad al Trabelsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, se reunió con activistas de “No al asentamiento” y manifestó públicamente su apoyo a las demandas del movimiento.
Desde el 15 de mayo circulan en Internet vídeos de personas negras sometidas a persecución, burlas, golpes y otros abusos físicos por ciudadanos libios, especialmente en Trípoli y Zintan y Zliten, lo que indica que el discurso de agentes estatales y no estatales contra las personas migrantes ha fomentado aún más la comisión de abusos racistas con impunidad.
Complicidad de la UE en violaciones sistemáticas del derecho internacional
Documentos filtrados, información de medios de comunicación y diversas publicaciones en redes sociales de las LAAF, las redes regionales integradas de información de la operación mediterránea de la fuerza naval de la UE y la delegación de la UE en Libia confirmaron en mayo que el bloque está intentando ampliar su cooperación con Libia en materia de migración, especialmente mediante el establecimiento de un centro de coordinación de salvamento marítimo en Bengasi, la según ciudad más populosa del país, que está bajo el control de las LAAF.
Esta medida se toma después de que, el 11 de mayo, la Guardia Costera Libia disparara contra un barco de salvamento de la ONG Sea-Watch en aguas internacionales al norte de Trípoli; fue el tercer incidente de este tipo ocurrido desde agosto de 2025. Las autoridades libias no han publicado información sobre cualquier investigación que puedan haber iniciado. El 6 de mayo, el Defensor del Pueblo Europeo abrió una investigación sobre el hecho de que la Comisión Europea no hubiera publicado documentos en relación con uno de los incidentes.
Información complementaria
La crisis actual constituye una continuación de los constantes y bien documentados abusos y violaciones de derechos humanos que se cometen de manera generalizada y sistemática contra las personas refugiadas y migrantes en Libia y que la cooperación de la UE y sus Estados miembros posibilita activamente.
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