- El ataque vulneró las medidas especiales de protección de los centros sanitarios.
- No hay pruebas de que el lugar fuese un objetivo militar, como afirma Pakistán.
- La falta de investigaciones y de rendición de cuentas entraña el peligro de que se afiance la impunidad” en el conflicto en curso.
Cuatro meses después de pedir a las autoridades paquistaníes que explicaran cómo y por qué atacaron el 16 de marzo un centro de desintoxicación de Kabul, matando al menos a 269 civiles, Amnistía Internacional publica una nueva investigación en la que exige que el ataque sea investigado como posible crimen de guerra.
La organización no halló pruebas que sustentaran las afirmaciones del ejército paquistaní de que el Centro de Rehabilitación y Tratamiento de Drogodependencias Omid se utilizaba para almacenar armas y munición ni para otros fines militares en el momento del ataque. El ataque aéreo violó las medidas especiales de protección que establece el derecho internacional humanitario (DIH) para los centros sanitarios, así como los principios de distinción, precaución y proporcionalidad concebidos para proteger a la población civil.
“El ataque al Centro Omid es una grave violación del derecho internacional humanitario, que probablemente constituya crimen de guerra. Teniendo en cuenta la existencia de información ampliamente disponible de que el lugar llevaba más de diez años utilizándose como centro médico, el acto refleja un grave fallo de planificación militar por parte de Pakistán, que ocasionó una importante pérdida de vidas civiles”, ha declarado Isabelle Lassee, directora regional en funciones de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
El ataque al Centro Omid es una grave violación del derecho internacional humanitario, que probablemente constituya crimen de guerra.
Isabelle Lassee, directora regional en funciones de Amnistía Internacional para Asia Meridional
“Fue un incumplimiento por parte de Pakistán de su obligación de hacer todo lo posible para verificar si el objetivo era un objetivo militar, que tuvo consecuencias letales. Pakistán debe llevar a cabo una investigación transparente, minuciosa, independiente e imparcial sobre el ataque, —especialmente sobre el proceso de toma de decisiones que condujo a establecer como objetivo el centro de desintoxicación— y debe hacer públicos los resultados.
“Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal, incluida la derivada de la doctrina de la responsabilidad de mando.”
La operación formó parte de una serie de ataques aéreos que llevó a cabo el ejército de Pakistán en el interior de Afganistán desde el incremento de las hostilidades transfronterizas con los talibanes en octubre de 2025. Sólo entre enero y marzo de 2026, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó más de 750 casos de víctimas civiles en Afganistán, 372 de ellas mortales y 392 con heridas. En los ataques aéreos del 28 de junio en las provincias de Paktya, Paktika y Kunar murieron al menos 28 civiles, según la UNAMA. Si bien no hay una cifra conjunta de víctimas civiles en Pakistán, los medios de comunicación informan de que los proyectiles de mortero lanzados desde territorio afgano mataron al menos a siete civiles.
“Todas las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario y tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil, con especial atención en caso de centros médicos y otros lugares especialmente protegidos. El hecho de que no se investiguen violaciones graves como el ataque contra el Centro Omid demuestra un alarmante desprecio por el derecho internacional y conlleva el peligro de que la impunidad se afiance, provocando más operaciones ilegales y pérdidas de vidas civiles”, ha señalado Isabelle Lassee.
Amnistía Internacional analizó y verificó más de 60 fotografías y vídeos, la mayoría tomados justo después del ataque contra el Centro Omid, entre los que había vídeos publicados por el ejército de Pakistán para fundamentar su afirmación de que el lugar se estaba utilizando para almacenar armas y munición. La organización también examinó más de 30 imágenes satelitales de la zona, así como vídeos verificados que documentan las operaciones que se realizaban en el Centro Omid antes del ataque.
Fueron entrevistadas 11 personas que trabajaban o habían trabajado en el Centro Omid y en el vecino Hospital Ibn-e-Sina, y también personas que habían estado en el centro inmediatamente después del ataque y a familiares de víctimas. Algunas habían sido testigos de los ataques, y algunas también habían participado en las tareas de evacuación.
El 9 de julio, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán para solicitar información detallada sobre las medidas tomadas por el gobierno para investigar un posible fallo al seleccionar el objetivo de los ataques y sobre si se había pedido a las personas implicadas en el proceso que rindieran cuentas, incluida cualquier información que respaldara su afirmación de que el lugar bombardeado era “un almacén de armas y munición”. En el momento de publicar este comunicado, no se había recibido respuesta.
Prohibición de atacar instalaciones médicas
El principio de distinción del derecho internacional humanitario exige que las partes distingan entre civiles y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques deliberados contra instalaciones médicas y su personal están expresamente prohibidos, salvo que a estas instalaciones se les esté dando un uso diferente de su función humanitaria. Cuando existan dudas respecto a si una instalación médica se está utilizando para cometer actos “dañinos para el enemigo” —único caso en el que podrían perder su protección— debe presuponerse que no es así.
El día siguiente al ataque, el ministro federal de Información y Radiodifusión de Pakistán afirmó en una publicación de X que el ejército paquistaní había atacado “infraestructura de apoyo técnico e instalaciones de almacenamiento de munición” en dos lugares de Kabul (uno de ellos el Centro Omid). También aseguró que las detonaciones posteriores que se habían escuchado indicaban que el ataque había alcanzado grandes depósitos de munición.
Especialistas en armamento de Amnistía Internacional analizaron los vídeos y fotos de los restos de bombas y concluyeron que al menos una de las municiones utilizadas era una bomba guiada de precisión Takbir. Este hallazgo concuerda con las declaraciones del ejército paquistaní según las cuales en el ataque se emplearon municiones guiadas de precisión, lo que sugiere que la operación fue resultado de una decisión deliberada de elegir un objetivo.
El Centro Omid se estableció en 2016 en el lugar donde había estado una base de la OTAN. Inicialmente funcionaba como centro de formación profesional para personas drogodependientes en tratamiento. Al regresar los talibanes al poder en 2021, el lugar se amplió, convirtiéndose en un centro de tratamiento de drogodependencias con 2.000 camas. En el mismo recinto se encuentra el Hospital Ibn-e-Sina, que proporcionaba servicios sanitarios esenciales a los pacientes del Centro Omid.
Hay mucha información disponible públicamente sobre la labor del Centro Omid, incluido un documental de 2023 de Al Jazeera que muestra a pacientes que reciben tratamiento en el centro.
Amnistía Internacional identificó al menos dos grandes carteles situados sobre la puerta principal y dentro del complejo que indican claramente en el idioma local que se trata de un centro de rehabilitación y tratamiento. La organización verificó también un vídeo grabado en 2025 y hallado dentro del centro en el que se muestran algunas de las naves donde se alojaban los pacientes, y analizó imágenes satelitales del Centro Omid entre abril de 2023 y el 15 de marzo de 2026. El 13 de marzo, justo tres días antes del ataque, las imágenes muestran grandes grupos de gente en el lugar.
“Las autoridades paquistaníes deberían haber sabido que se trataba de un bien de carácter civil y que un ataque aéreo podría provocar gran número de víctimas civiles. Incluso en el caso de que el ejército paquistaní tuviera información fiable del uso militar del centro, estaba claro que los daños a la población civil serían excesivos”, ha declarado Isabelle Lassee.
Sin pruebas de armas ni munición
Según personas con las que habló la organización, los ataques tuvieron lugar a eso de las 9 pm, justo al acabar la oración vespertina (tarawih) del mes de Ramadán. La noche del ataque había en el centro más de mil pacientes, según varias personas entrevistadas que trabajaban en él.
En virtud del derecho internacional humanitario, las fuerzas atacantes tienen la obligación de hacer todo lo posible para verificar si su objetivo previsto es un objetivo militar y, si existen dudas al respecto, abstenerse de lanzar un ataque contra él o cancelar o suspender dicho ataque. Incluso en el caso de que una instalación médica se esté utilizando con fines no humanitarios, sólo estaría justificado atacarla tras haberse emitido una advertencia efectiva y que ésta haya sido ignorada. Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que se hubiera efectuado advertencia alguna, y el hecho de que el ataque coincidiera con la oración vespertina aseguraba que hubiera civiles y no permitía ninguna oportunidad de evacuación.
En su publicación de X, Attaulah Tarar adjuntaba varios vídeos que, según decía, confirmaban que el lugar se utilizaba para almacenar armas y munición, como afirmaba el ejército paquistaní.
Especialistas en armas y en investigación basada en fuentes de acceso público de Amnistía Internacional analizaron estos vídeos, así como pruebas recibidas directamente de fuentes locales y online. Los vídeos consisten en imágenes en blanco y negro de drones y aviones de combate que muestran los ataques aéreos desde varios ángulos. Ninguno de ellos, ni tampoco las imágenes recogidas en tierra, permiten la identificación de pruebas concluyentes de armas, munición u otros materiales explosivos almacenados en la zona. Las imágenes no muestran explosiones secundarias inmediatamente después de los ataques, que constituirían una prueba del almacenamiento de munición.
Nuestra investigación indica claramente que no se trataba de un objetivo militar con arreglo al derecho internacional humanitario.
Isabelle Lassee
“Nuestra investigación indica claramente que no se trataba de un objetivo militar con arreglo al derecho internacional humanitario. Las ‘pruebas’ que Pakistán ha dado a conocer públicamente hasta ahora no invalidan la conclusión de que se trató de un ataque ilegítimo que causó daños a civiles y bienes de carácter civil”, ha declarado Isabelle Lassee.
Lugares sobre los que impactaron los ataques
Las pruebas digitales y los testimonios de personas presentes indican que al menos hubo tres lugares en el centro que resultaron gravemente dañados o destruidos como consecuencia de los ataques aéreos.
Las imágenes de satélite del 13 de marzo (supra) muestran el Centro Omid tres días antes de los ataques. Los lados este y oeste del complejo están separadas por una verja de control. Las imágenes muestran a muchas personas en el lado oriental de la verja, que según los testimonios es la principal zona de estancia de los pacientes.
El 23 de marzo, las imágenes satelitales muestran tres zonas sumamente dañadas e incendiadas. En el vídeo publicado por Attaulah Tarar se ve cómo son alcanzados tres de los edificios: el gran edificio situado en el nordeste y dos edificios situados en la zona noroeste. Las imágenes satelitales muestran también incendios y señales de destrucción en el suroeste.
En uno de estos lugares, también quedó destruida una gran nave situada en el nordeste. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que el lugar albergaba pacientes en tratamiento, así como la cocina y el comedor del centro. Vídeos y fotos tomados justo después del ataque y durante el proceso de evacuación indican que la mayoría de los cadáveres se rescataron en esta zona.
Una segunda ubicación, situada en el noroeste del centro, era utilizada por personal de seguridad talibán y para almacenar alimentos, según varias personas entrevistadas. La tercera ubicación, en el suroeste del centro se utilizaba, según varias fuentes, para almacenar artículos como carbón, leña y objetos esenciales, como prendas de vestir, y en él había un taller de sastrería.
Una de las personas entrevistadas que visitó el Centro Omid tras el ataque, declaró: “Uno de los edificios alcanzados se utilizaba para almacenar leña y carbón. Cuando lo visité, vi restos de ambas cosas. También había mucha ropa, y muchos zapatos. No era calzado militar.”
“Dondequiera que pisaba había un cadáver”
Poco después del ataque, los talibanes dijeron que más de 400 civiles habían muerto y más de 250 habían resultado con heridas. En mayo, la UNAMA verificó de manera independiente que habían muerto al menos 269 civiles y 122 habían sufrido heridas.
Según varias personas entrevistadas, es probable que el número real de muertes sea más alto, pues el nivel de destrucción hacía imposible la identificación de algunos restos.
Amnistía Internacional habló con un familiar de una víctima cuya familia no había podido localizarla tras buscarla en hospitales y centros de rehabilitación de drogodependientes donde se había trasladado a los pacientes. “La familia vive en la incertidumbre. La nave que albergaba a las personas recién ingresadas resultó alcanzada. Sin embargo, no hemos encontrado restos suyos. La familia ha examinado todas las fotos recogidas por el Laboratorio Forense para identificarlo. Pero no ha podido.”
Una persona, profesional sanitario que participó en la evacuación de las víctimas tras el ataque, dijo: “Iba corriendo hacia donde oía ruidos y personas pidiendo auxilio. Al cabo de un tiempo, ya no oía a nadie… Dondequiera que pisaba, había un cadáver.”
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