Editorial #15 – Derechos del personal de salud; víctimas de violencia policial del pasado y presente, huelguistas mapuche y covid en cárcel, y Acuerdo de Escazú

La semana pasada presentamos nuestro informe “Ya no podemos ser pacientes”, en el que mostramos las situaciones dramáticas que se vivieron en diversos hospitales públicos que sí colapsaron en el peak de contagios por Covid-19 en Chile, afectando de manera especial a quienes trabajan y se atienden en dichos hospitales. Trabajadores/as de la salud de diferentes profesiones y roles, y en diferentes regiones, nos relataron experiencias de alto estrés y angustia, desprotección frente a la Covid-19 y represalias cuando denunciaban esas falencias. Es necesario que esto se aborde tanto con una mirada inmediata y urgente, para estar mejor preparados ante un eventual nuevo aumento en los contagios, y también con una mirada de largo plazo, para asegurar un sistema de salud digno para todas las personas El proceso constituyente que ahora se inicia da una oportunidad única para tener estos debates en profundidad.

“Hechos tan graves como este, como el de Gustavo Gatica, y tantos otros, no pueden quedar impunes, y deben investigarse con celeridad, de manera que las víctimas de hoy no deban esperar décadas para obtener justicia, como sucedió con las víctimas de la dictadura”, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Esta semana lanzamos la campaña “Hagamos Memoria” que busca recordar la necesidad de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros y militares, tanto en el pasado como en el presente. En este contexto, ayer iniciamos una campaña más específica exigiendo justicia en el caso de Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por carabineros directo a su rostro. Hechos tan graves como este, como el de Gustavo Gatica, y tantos otros, no pueden quedar impunes, y deben investigarse con celeridad, de manera que las víctimas de hoy no deban esperar décadas para obtener justicia, como sucedió con las víctimas de la dictadura.

Por otra parte, se conoció hace pocos días que 10 gendarmes de la cárcel de Lebu dieron positivo en tests de Covid-19. Esto es especialmente preocupante porque en dicha cárcel hay 11 presos mapuche en huelga de hambre que estarían en un alto riesgo en caso de contagiarse,debido a la compleja situación de salud que les genera un ayuno prolongado. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva y recientemente se les negó el cambio de medida cautelar. Es urgente que las autoridades actúen con celeridad para acordar medidas que permitan asegurar un aislamiento en condiciones sanitarias adecuadas, resguardando su vida y su salud.

Finalmente, queremos recordar al gobierno que ya queda menos de un mes para firmar el Acuerdo de Escazú. Todavía es tiempo para retomar la senda que el propio Estado de Chile inició hace años, resguardando la participación, el acceso a la justicia y la protección a quienes defienden el medioambiente.