Les presentamos nuestro último editorial del año.
Los editoriales empezaron debido a la situación de la Covid-19 y hoy lamentablemente cerramos el año con una pandemia que no ha sido controlada. Hoy nos enfrentamos a un alza significativa en los contagios en varias regiones de Chile y a un temor de que se produzca un nuevo momento de “peak” a mediados de enero. Desde Amnistía Internacional publicamos en agosto el informe “Ya no podemos ser pacientes”, en el que alertamos del impacto que el “peak” de mediados de año había tenido en trabajadores/as de la salud, especialmente en el sector público y por consiguiente en las personas que allí se atienden. Tras entrevistar a múltiples trabajadores/as de la salud, planteamos una serie de recomendaciones en materia de bienestar, descanso y salud mental; cuidado de la salud física y protección frente a la Covid-19 y resguardo a la libertad de expresión y el derecho a denunciar vulneraciones de derechos. Si bien esto que se vivió no es una situación excepcional y transitoria debido a la pandemia, sino un reflejo de un problema estructural de un sistema público de salud que requiere ser reforzado con urgencia, en el corto plazo es imprescindible implementar las medidas para asegurar que en caso de un nuevo momento de colapso, el sistema esté preparado para afrontarlo no solamente con camas y ventiladores, sino también con personas que estén trabajando en condiciones dignas y con sus derechos resguardados.
Lamentablemente, tampoco somos optimistas en lo referente a la represión de la protesta. Por un lado, vemos que el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros continúa, y no vemos señales que apunten a la adopción de medidas efectivas de reparación o de garantías de no repetición. Hemos estado recibiendo información preocupante del uso del carro lanza-aguas lanzando el chorro directo al cuerpo de las personas, y con la utilización de algún aditivo en el agua que produciría quemaduras en la piel. También hemos recibido denuncias de que carabineros dirige su acción directamente a las brigadas de salud, grupos de observadores de derechos humanos y periodistas o personas que están grabando lo que está pasando. Sin embargo, lo que vemos de parte de las autoridades de gobierno y Carabineros sigue siendo un discurso de apoyo irrestricto, que no reconoce la gravedad de lo sucedido y que incluso de alguna manera lo justifica debido al entorno complejo en el que debe actuar carabineros, que les haría merecedores de protección más que de sanciones. Repetimos: violar derechos humanos es inaceptable, no es un “mal necesario” para controlar el orden público. Que se estén cometiendo delitos no es justificación para que carabineros, a su vez, cometa delitos. Debe asegurarse justicia y reparación para las víctimas, investigando la responsabilidad de toda la línea de mando, y avanzar hacia una reforma estructural e integral a carabineros que dé garantías reales de no repetición.
Actualmente, además, estamos participando en la Mesa de Trabajo convocada por el Senado para contribuir a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del estallido. Allí hemos podido escuchar testimonios impactantes de víctimas de trauma ocular que han planteado las serias falencias del Programa Integral de Reparación Ocular implementado por el gobierno. Una de las preocupaciones es que el programa opera en la misma Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador (UTO), que es el lugar donde la mayor parte de las víctimas recibió su primera atención tras el ataque, y que además funciona solamente en Santiago. En los días pasados, una persona víctima de trauma ocular fue detenida en la misma UTO, al ser denunciada por los guardias del lugar supuestamente por haberles amenazado. Un mínimo es asegurar que la manera que se implementan los programas de reparación no implique revictimización para quienes reciben el programa.
Por otra parte, emitimos recientemente una declaración en relación a las personas presas imputadas por delitos en el contexto del estallido social. Hemos estado ya en contacto con familiares de presos, conociendo sus preocupaciones y recopilando información. Ninguna persona debe estar presa solamente por manifestarse, ejerciendo sus derechos humanos. Si hay presunciones fundadas de que esa persona ha cometido hechos de violencia, debe ser sometida a un juicio justo y no debe hacerse un uso abusivo ni sancionatorio de la prisión preventiva. Seguiremos indagando este tema, porque la evidencia preocupante hasta ahora, es que puede haber personas actualmente en ambas situaciones.
Seguiremos alertas a la decisión del Tribunal Constitucional en cuanto al proyecto de ley de migraciones. El proyecto de ley, tal como fue aprobado en el Congreso, en algunos aspectos implica retrocesos, puesto que dificultará la posibilidad de que personas que se encuentren en Chile puedan regularizar su situación migratoria. Es probable que esto no cumpla con el objetivo declarado de que vengan menos personas a Chile en situación irregular, sino por el contrario, que la irregularidad aumente y con ello la probabilidad de vulneraciones de derechos.
Para terminar este editorial con una nota de esperanza: la aprobación por casi el 80% de la opción apruebo en el plebiscito de octubre, nos abrió el camino para debatir una nueva Constitución. Esto podría ser un espacio para que, pese al entorno adverso para los derechos humanos en el que estamos actualmente viviendo en Chile, se pueda empujar en la dirección correcta y poner los derechos humanos al centro de la discusión. Es fundamental que desde la ciudadanía continuemos poniendo presión en todas las etapas del proceso, para que la nueva Constitución refleje verdaderamente el Chile que hoy somos, que exige igualdad, dignidad y derechos.