En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
La semana comienza mirando con horror la situación en Estados Unidos, con las manifestaciones masivas tras la muerte de George Floyd, y la brutal respuesta policial que han recibido. Probablemente muchísimas personas en Chile hemos recordado la crisis de derechos humanos que vivimos a partir de octubre 2019, y mirado con asombro cómo hay hechos, formas de actuar policial y discursos que se repiten, al igual que las desigualdades profundas que originan las protestas. En solidaridad, estamos apoyando una acción pidiendo justicia para George Floyd, que invitamos a firmar en nuestra página web.
En Chile, como Amnistía Internacional hemos seguido monitoreando la situación en materia de actuar policial y militar durante este tiempo y recibiendo denuncias. Hemos recibido alertas de situaciones de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, uso de gases lacrimógenos en sectores residenciales – con las consecuencias para la salud que ello implica en el contexto de la pandemia – y detención a periodistas y personas que registran manifestaciones. En algunos casos han existido humillaciones y amenazas, como por ejemplo, de “hacerlo desaparecer” o de llevarlo a un hospital “para que se le contagie el COVID”. Hemos estado en contacto directo con al menos dos casos graves, uno de ellos con resultado de muerte, y estamos buscando más información en varios más.
Las reformas estructurales que requiere carabineros de Chile, así como una revisión adecuada de las normas sobre uso de la fuerza están pendientes, y eso se refleja en el actual contexto también. Esto preocupa más aún dado que el gobierno le dio discusión inmediata al proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica, que abre un nuevo flanco de posibles abusos. Reiteramos el llamado a que quienes sean víctimas de este tipo de violaciones de DDHH, lo denuncien. Pueden encontrar información para hacerlo en nuestra página web www.amnistia.cl o escribir al email [email protected].
Por otra parte, nos han sorprendido y alarmado profundamente declaraciones de autoridades de gobierno que parecen revelar que estaban tomando medidas de políticas públicas sin conocer adecuadamente la realidad del país. El Ministro de Salud reconoció haber desconocido los niveles de hacinamiento existentes en Santiago y el Ministro de Obras Públicas señaló desconocer la falta de agua en algunas comunidades. ¿Acaso el gobierno está manejando una pandemia, la peor crisis sanitaria que hemos tenido en décadas, sin contar con información precisa que le permita tomar políticas públicas adecuadas? ¿Cómo podría sostener una perspectiva de derechos humanos, si no conoce dónde están las brechas?
Esto se suma al hecho de que todavía no se han compartido datos desagregados que permitan evaluar de manera precisa el impacto del virus en comunidades más vulnerables. La información que existe proviene de esfuerzos desde la sociedad civil y de información de prensa, que están mostrando la gravísima situación en campamentos en distintos lugares del país, en comunidades sin agua, en personas migrantes que intentan volver a sus países y no tienen un lugar seguro donde estar, en pueblos indígenas. Hemos ya visto en prensa historias de personas que han fallecido solas en cités o en la calle. Si no estamos todas las personas seguras, nadie está seguro. Si hay sectores completos de la población que no están protegidos, nadie está protegido. Los derechos humanos deben ser para todas las personas por igual, y nadie debe quedar atrás.