El fin de semana el Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga repitió evaluaciones positivas acerca de la respuesta del sistema de salud, asegurando que “gracias a una estrategia planificada y al enorme esfuerzo de los trabajadores de la salud a ningún chileno le ha faltado un ventilador mecánico, ni tratamiento por Covid-19”. Estas declaraciones son preocupantes primero, porque dado que tenemos una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más altas del mundo y más de 15.500 personas fallecidas por el virus, hablar de que el trabajo del gobierno ha sido un éxito resulta cuando menos chocante.
Estas afirmaciones además ignoran la realidad en terreno, que mostramos en nuestro informe “Ya no podemos ser pacientes”: si bien en términos totales siempre hubo ventiladores disponibles, no siempre estuvieron disponibles con la rapidez necesaria para todas las personas, habiendo hospitales públicos que llegaron a un punto de colapso. Y es cierto que los/las trabajadores/as de la salud hicieron un enorme esfuerzo para atender a todo el mundo, pero esto lo hicieron muchas veces a costa de su propia salud física y mental.
Seguir haciendo evaluaciones exitistas en lugar de hacer una evaluación honesta de lo que funcionó y lo que falló, nos pone en mayor riesgo de que en caso de volver a aumentar los contagios, estas situaciones de colapso ocurran nuevamente, con el consiguiente riesgo para los/las trabajadores/as de la salud y para quienes requieren atención, especialmente en el sistema público.
Por otra parte, nos preocupó la información de que los presos en huelga de hambre en Lebu habrían sido trasladados por la fuerza al hospital de Los Angeles. Si bien, como señalamos en nuestro editorial la semana pasada, un brote de Covid-19 en la cárcel de Lebu hacía necesario buscar mecanismos para proteger su salud, se denuncia que esto se hizo sin previo aviso y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo cual no es justificable. Estas alegaciones deben ser investigadas y sancionadas si fuera el caso.
También nos ha preocupado la reacción del gobierno ante la movilización de algunos grupos de camioneros en el sur. Tal como ya lo señaló el INDH, llama la atención que no parece existir un criterio único para reaccionar frente a diferentes protestas. Esto incluye tanto el actuar policial para disolver las manifestaciones, como la aplicación de legislación represiva como la Ley de Seguridad del Estado. Esto refuerza la sospecha de que la reacción depende de la posición del gobierno frente al contenido de lo que se está protestando, lo que sería inaceptable.
Finalmente, nos alegra que se haya detenido y formalizado a un carabinero por su presunta responsabilidad en las lesiones sufridas por Fabiola Campillai. Es impresionante que hayan sido necesarios 9 meses para llegar a este punto, y esperamos que se avance con mayor celeridad en la investigación y no se quede solo en este carabinero, sino que se investigue a todos quienes tuvieron responsabilidad en los hechos, incluyendo toda la línea de mando.