En vísperas de la segunda lectura el 11 de julio de una propuesta de nueva regulación de las armas de fuego que despenalizaría el uso de armas de fuego por militares, guardias de fronteras y agentes de policía en una amplia variedad de circunstancias en Polonia, Dinushika Dissanayake, directora regional para Europa de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Estas propuestas sientan un precedente peligroso para la regulación del uso y potencial abuso de armas de fuego en Polonia y deben ser rechazadas. De acuerdo con el derecho y las normas internacionales, el uso de la fuerza contra personas debe ser estrictamente necesario y proporcionado a la amenaza planteada; el uso de armas de fuego está prohibido excepto en situaciones en las que exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Cualquier intento de las autoridades polacas de menoscabar estos principios sería ilegítimo.”
Según el proyecto de ley, las propuestas eximirían de responsabilidad a los funcionarios públicos que porten armas cuando las usen con fines de defensa personal o de forma “preventiva” cuando “la vida, la salud y la libertad” de funcionarios encargado de hacer cumplir la ley estén amenazadas durante un “ataque ilegítimo contra la inviolabilidad de la frontera del Estado”.
La propuesta responde a la detención de tres militares polacos que, después de disparar munición real contra personas que cruzaban la frontera con Bielorrusia, fueron acusados de excederse en el desempeño de funciones y poner en peligro la vida de otras personas.
El 13 de junio, el gobierno de Polonia también decidió implantar de nuevo una zona de exclusión a lo largo de algunas partes de su frontera con Bielorrusia. Esta zona abarca más de 60 kilómetros de la frontera y tienen un máximo de 2 kilómetros de ancho. Los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias tienen prohibida la entrada en la zona. Las medidas estarán en vigor durante 90 días.
“Las situaciones en las que los guardias quedarían exentos de responsabilidad son sumamente amplias y están definidas de forma imprecisa. El concepto de defensa personal “preventiva” no es conforme al derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y abre la puerta a toda clase de prácticas abusivas.
“La reintroducción de la zona de exclusión aumenta las probabilidades de una crisis humanitaria ya que estas medidas no sólo niegan el acceso de las personas a asistencia humanitaria y apoyo médico que pueden salvar vidas, sino que también protegen a las autoridades del escrutinio público.
“La regulación de las armas de fuego que se propone, junto con la denominada ‘zona de exclusión’, amenaza con crear una ‘zona gris’ física y jurídica, oculta a la vigilancia de los medios de comunicación y la sociedad civil, en la que militares y guardias de fronteras podrían actuar con impunidad.
“Aunque las autoridades polacas han intentado describir estas medidas como necesarias para proteger las fronteras de Polonia y de la Unión Europea de la denominada ‘instrumentalización’ de las personas refugiadas y migrantes por Bielorrusia y Rusia, lo cierto es que menoscaban el derecho y las normas internacionales y aumentan el peligro al que se enfrentan las personas que huyen de conflictos y de persecución que están siendo explotadas por estos gobiernos. Esto plantea graves riesgos para el futuro del Estado de derecho en Polonia y en Europa.
“Cuando dispone a asumir la próxima Presidencia del Consejo de la Unión Europea, Polonia debe rechazar las enmiendas, poner fin a la política de zonas de exclusión y trabajar para respetar el derecho internacional y de la Unión Europea que protege el derecho de asilo, sin excepciones”, ha declarado Dinushika Dissanayake.
Información complementaria
El 26 de junio se presentó en el Parlamento polaco para su primera lectura el proyecto de ley sobre actividades de las fuerzas armadas, la policía y los guardias de fronteras en caso de amenaza para la seguridad del Estado. La segunda lectura de la ley tendrá lugar el 11 de julio.
La reintroducción de la “zona de exclusión” fue una respuesta al aumento del número de intentos de entrar en Polonia desde Bielorrusia y a un incidente que se saldó con la muerte de un guardia de fronteras. Según las autoridades polacas, las nacionalidades más habituales de las personas que cruzan la frontera son: afgana, bielorrusa, georgiana, india, rusa, turca, siria y uzbeka.
En virtud de las nuevas medidas, el gobierno puede seguir reforzando la policía de fronteras con el despliegue de personal militar y policía antidisturbios provista de armas de fuego, escudos y gas lacrimógeno. Medidas semejantes se introdujeron y prorrogaron en varias ocasiones en 2021 y se retiraron finalmente en 2022.
El 25 de junio, Amnistía Internacional, junto con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil, instó a los y las dirigentes de la Unión Europea a vigilar de cerca los acontecimientos en Polonia tras el cierre prematuro de los procedimientos del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea .