El viernes, los cuatro activistas de Palestine Action conocidos como “los cuatro de Filton” —Charlotte Head (29 años), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30) y Fatema Rajwani (21)— supieron por el juez Justice Johnson que iban a ser condenados por “conexión terrorista” tras ser declarados culpables de daños en propiedad ajena a raíz de su participación en una acción directa llevada a cabo en la fábrica de Elbit Systems en Filton, cerca de Brístol.
Ante el anuncio del juez, Kerry Moscogiuri, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado:
“Las personas acusadas en esta causa fueron condenadas como terroristas porque la fiscalía quería dar ejemplo con ellas y sentar un precedente sobre el posible tratamiento de quienes emprendieran acciones directas en el futuro.
Los daños en propiedad ajena nunca se habían tratado como actos terroristas en el sistema de justicia británico, y es peligroso considerar que son lo mismo. A todos debería preocuparnos lo que esto significa para otras personas que recurren a la acción directa para protestar contra un genocidio u otra asunto.
El derecho a protestar es uno de los instrumentos más eficaces que tenemos para exigir a nuestros líderes que rindan cuentas, y hoy se ha dado un paso más en la represión de este derecho en este país.
Es absolutamente desproporcionado castigar a manifestantes por daños en propiedad ajena como si fueran terroristas, una condena que acompañará a esas personas el resto de sus días. El uso de la legislación terrorista contra manifestantes implicados en acciones directas tiene que acabar.”
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Como expone Amnistía Internacional en un documento sobre el asunto, hasta hace poco la mayoría de los tribunales de Reino Unido adoptaban un enfoque de cierta tolerancia al abordar protestas y otras formas de acción directa. Siempre se ha aplicado el Código Penal, y los daños en propiedad ajena en el contexto de unos actos de protesta se distinguían de la delincuencia común y se trataban con mayor indulgencia. Este enfoque de tolerancia aunque sin dejar de aplicar el Código Penal era fundamental para que Reino Unido cumpliera con su obligación de derechos humanos de actuar de manera proporcionada en su tratamiento de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
A Amnistía Internacional ve con suma preocupación que recurrir a una conclusión del artículo 69 en los casos de daños en propiedad ajena cometidos durante una acción directa invertiría este principio y tergiversaría la motivación de conciencia de los activistas para sus acciones, considerándola un factor agravante para justificar el uso de las competencias para dictar penas por terrorismo.
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