Discurso de Rodrigo Bustos Bottai para la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo”.
Muy buenos días a todos y todas, hago propios los vocativos y agradezco a las autoridades presentes, a las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones de derechos humanos, de embajadas y organismos internacionales y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, las de ayer y de hoy, personas que han luchado permanentemente con convicción y pasión por un Chile más justo.
Hoy desde Amnistía Internacional publicamos nuestro informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en el año 2024. En él documentamos motivos de preocupación observados en materia de derechos humanos en 150 países, estableciendo una relación con asuntos regionales y globales y atendiendo a su desarrollo en el futuro.
Lo primero que queremos recordar es que, desde Amnistía Internacional, año tras año hemos advertido de los peligros de los retrocesos en materia de derechos humanos.
Los últimos 12 meses han evidenciado lo devastador que puede ser el mundo cuando los Estados más poderosos ignoran el derecho internacional y prescinden de las instituciones multilaterales. Ese sistema multilateral construido después del Holocausto y de todas las atrocidades de la segunda guerra mundial, está probablemente en su momento más frágil.
Desde nuestra organización hemos instado reiteradamente en las últimas décadas a enfrentar los problemas y deficiencias del sistema de Naciones Unidas y de diferentes organismos internacionales, siempre con la intención de fortalecer los principios de multilateralismo y de defensa universal de los derechos humanos.
Hoy el mundo enfrenta una encrucijada histórica.
El ideal de los derechos humanos para todas las personas y en cualquier lugar, está siendo asediado por fuerzas sin precedentes que buscan imponer modelos de dominación y opresión, consolidando y ampliando los privilegios de unos pocos.
Con sus acciones (o la falta de ellas), los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y de muchos Estados occidentales están debilitando el sistema multilateral y su arquitectura internacional de derechos humanos, paz y seguridad.
Transcurridos apenas 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump sólo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales. Su gobierno ha atacado con precisión iniciativas e instituciones creadas precisamente para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo.
El año 2024 será recordado por la rapidez con que la ocupación militar israelí se volvió más flagrante y letal; por la forma en que Estados Unidos junto a un grupo de Estados europeos apoyaron a Israel, y por cómo Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, vetó reiteradamente resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto al fuego, mientras los Estados seguían transfiriendo armas a Israel.
Amnistía Internacional publicó en diciembre un informe que documenta el genocidio en Gaza, donde afirmamos de forma rotunda que las acciones de Israel han tenido un coste catastrófico para la población civil palestina y constituyen derechamente genocidio. Este genocidio que ocurre tras décadas de políticas de ocupación ilegal y apartheid, debe parar. Exigimos a la comunidad internacional que actúe y adopte todas las medidas conducentes a terminar con la barbarie.
En 2024, los crímenes de derecho internacional persistieron en la República Democrática del Congo, Ucrania, Burkina Faso, Níger, Myanmar y otros países, mientras la comunidad internacional permanecía pasiva y cómplice ante estas graves violaciones. Por otra parte, la proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que Amnistía Internacional documentó en 2024 fue un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos.
Gobiernos de todo el mundo trataron de infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos. Ataques cada vez más implacables dibujan un panorama sombrío para las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas en todo el mundo.
Desde la brutal represión contra las mujeres que desafían las normas en países como Afganistán e Irán, hasta las agresiones sufridas por grupos de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos en México y Colombia, sus derechos siguen siendo gravemente vulnerados.
La inacción colectiva frente a la crisis climática, el aumento de las desigualdades y el poder desmedido de las grandes empresas condena a las generaciones futuras a una existencia cada vez más difícil. La catastrófica COP29, dominada por lobbies de combustibles fósiles y presiones de los países ricos, agravó este panorama.
El año 2024 fue el más cálido desde que se tienen registros. Las inundaciones que devastaron Asia Meridional y Europa, las sequías que asolaron el África Austral, los incendios que arrasaron franjas de la selva amazónica y los huracanes que causaron estragos en Estados Unidos dejaron claro el inmenso coste humano del calentamiento global, incluso en sus niveles actuales.
Esos son algunos de los puntos más relevantes en materia de derechos humanos a nivel global que encontrarán en nuestro informe.
Ahora, es imprescindible examinar cómo estas dinámicas globales impactan y se reflejan en nuestra realidad nacional, donde también enfrentamos desafíos que requieren atención urgente.
Habiendo entrado al último año del gobierno del Presidente Boric cabe reconocer los avances pero sobre todo abordar las múltiples deudas pendientes.
Lo primero es señalar que, desde Amnistía Internacional, valoramos desde su anuncio la existencia del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidas y Detenidos Desaparecidos y reconocemos los logros de su ejecución, como la entrega de carpetas a familiares o la validación participativa de una cifra oficial de personas desaparecidas.
Las organizaciones de familiares han sido en estos años un baluarte de la búsqueda implacable por justicia plena y hoy quisiera reconocer una vez más a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Agrupación de Ejecutados Políticos su inagotable lucha por la verdad y la justicia. Muchas gracias, Gaby Rivera y Lena Salamanca, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Raquel Roa y Silvia Fernández, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Les agradecemos su ejemplo, su lucha y su presencia con nosotros hoy. Estamos convencidos de que esta política será exitosa en la medida de que siga realizándose con la participación de las familias y organizaciones de derechos humanos, con los recursos suficientes para una tarea de esta magnitud, para que esta sea una política de Estado y no solo de un Gobierno.
Contrario a lo que solemos escuchar desde los sectores detractores, aquí no hablamos de un tema del pasado, sino de un tema insoslayable para el presente y para el futuro, porque a partir de estas decisiones se diseña el tipo de país y de sociedad que queremos construir.
Y aquí quiero aprovechar de ser absolutamente claro: a quienes sostienen que las muertes y otros crímenes de la dictadura eran inevitables, les decimos con toda firmeza que la violación de los derechos humanos jamás es inevitable y debe ser condenada de manera categórica y sin matices, sin excusas, sin ambigüedades y sin demora.
Por supuesto, la agenda relativa a las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar no se agota con el Plan de Búsqueda. Existen otras deudas urgentes como, por ejemplo, la anulación del Decreto Ley de Amnistía, el levantamiento del secreto Valech junto a la implementación de una instancia de calificación permanente, un trabajo respetuoso que ofrezca soluciones reales para las agrupaciones de ex presas y presos políticos y del Programa de Reparación y Atención en Salud, PRAIS, y la Política Nacional de Memoria y Patrimonio.
Sobre esto último y ante los problemas evidenciados durante el último año, no dejaremos de insistir: los sitios de memoria cumplen un rol esencial para no repetir la historia. Para ello, cualquier política de esta línea debe considerar su financiamiento permanente.
Por otra parte, en 2024 se cumplieron 5 años desde el estallido social, periodo en el que se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves desde el fin de la dictadura. Amnistía Internacional las considera graves y generalizadas y el Estado de Chile tiene el deber ineludible de avanzar en verdad, justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición.
A 5 años y medio del estallido social, existe un total de 10.142 casos que se investigan por delitos de violencia institucional correspondientes a este período. Sin embargo, solo han habido 59 sentencias condenatorias. Con esto, el balance es que tan solo en el 0,6% de las mismas se concluyó la investigación, se acreditaron los hechos y se castigó a los perpetradores. Esto configura un escenario de escandalosa impunidad e instamos al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo.
Desde Amnistía Internacional hemos señalado además que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que debe investigarse toda la línea de mando.
Por eso valoramos como un hito trascendental para Chile y la región que en octubre pasado se haya formalizado a los generales Yáñez, Rozas y Olate, quienes ostentaban puestos claves en Carabineros y sabemos que hay fundamento para afirmar que no adoptaron medidas para impedir que tantas personas que se manifestaban vieran sus vidas truncadas.
En ese marco aprovechamos de saludar y agradecer la presencia de Gustavo, Carlos, Josué, Ximena, Anselmo y otros familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos del estallido social.
Agradecemos también vuestra lucha incansable contra la impunidad, que también es nuestra lucha. Les acompañamos también en la exigencia de una Ley de Reparación Integral a las víctimas de violencia institucional.
Pero las violaciones de derechos humanos del Estado de Chile no solo se circunscriben a los contextos de dictadura y estallido social. Existen otras muchas deudas pendientes.
Entre ellas, está la justicia climática. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Resulta fundamental avanzar en la tramitación del proyecto de ley que busca garantizar esta protección.
No podemos tolerar más ataques ni amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del planeta. Dicho esto, exigimos y seguiremos exigiendo que se hagan todos los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, persisten graves barreras para acceder a los servicios de aborto en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, nos parece grave que el gobierno aún no haya cumplido el compromiso asumido por el Presidente Boric de ingresar un proyecto de ley sobre aborto legal, anunciado en junio del año pasado.
En cuanto a los derechos de las niñeces y adolescencias, la evidencia advierte un incremento sostenido de la violencia psicológica, sexual y digital, así como una persistente cifra fantasma que impide elaborar respuestas efectivas. Una cultura respetuosa de los derechos humanos pasa necesariamente por poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro.
En materia de derechos de los pueblos indígenas, seguimos a la espera de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y, si queremos que estas sean significativas, necesariamente deben considerar la restitución de tierras. Afirmamos esto mientras los estados de “excepción” en la Macrozona Sur parecieran haberse vuelto permanentes.
Respecto a la migración, el Congreso sigue tramitando varios proyectos de ley que buscan avanzar en la criminalización de la población refugiada y migrante.
Hemos visto cómo los temas de migración y seguridad –que en breve profundizaremos en el panel– han sido instrumentalizados en el contexto de las elecciones de este año, para obtener provecho político de corto plazo.
Hoy vivimos un momento histórico donde se hace urgente resistir la involución autoritaria y neutralizar el desmantelamiento del sistema multilateral y el derecho internacional. A pesar de los enormes desafíos, la tarea dista de ser imposible. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que han vencido a prácticas autoritarias. En esta sala hoy hay muchas de ellas.
Cuando las generaciones del futuro nos pregunten qué estábamos haciendo en este periodo para resistir el avance de los autoritarismos, queremos responder con convicción que estábamos y seguiremos estando vigilantes y luchando siempre por el respeto irrestricto a la dignidad humana en toda circunstancia porque los derechos humanos se defienden, ¡siempre!
Ese es el llamado de Amnistía Internacional.
Muchísimas gracias.
Fotos: Camila Nahien.
