En una entrevista con Fox News tras la Cumbre de Helsinki del 16 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó el elevado número de muertes de civiles derivadas del bombardeo aéreo de Raqqa (Siria) por parte de la coalición dirigida por Estados Unidos.
La directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, Lynn Maalouf, ha respondido:
“La coalición dirigida por Estados Unidos debe, por supuesto, ser sometida a un examen más minucioso por su conducta en la ofensiva de cuatro meses en Raqqa del año pasado. Nuestras investigaciones sobre el terreno en la ciudad bombardeada revelaron que centenares de civiles murieron y miles resultaron heridos en la batalla para expulsar al grupo armado autodenominado Estado Islámico. La Coalición debe reconocer su historial de víctimas civiles y preparar el camino para unas investigaciones y reparaciones significativas; si no aprende de sus errores, estará condenada a repetirlos.
“Pero es más que cínico que el presidente Putin use las muertes de civiles en Raqqa para desviar la atención del papel desempeñado por la propia Rusia en las terribles violaciones de derechos que contribuyeron a la muerte de decenas de miles de civiles y al desplazamiento de millones durante la guerra de Siria.
“Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente que tanto las fuerzas rusas como las sirias han cometido violaciones generalizadas y atroces del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales constituyen crímenes de guerra, que incluyen el bombardeo de hospitales y el uso de municiones de racimo prohibidas internacionalmente. Y, desde luego, Rusia ha contribuido decisivamente a obstaculizar la rendición de cuentas por estos crímenes y a dificultar las investigaciones independientes sobre ataques con armas químicas.
“Las maniobras de distracción del presidente Putin no servirán para salvar vidas en Siria. Lo que sí podría prevenir nuevos derramamientos de sangre de civiles es que las fuerzas y autoridades rusas respetasen las leyes de la guerra, garantizaran el acceso humanitario a la población civil que lo necesita y dejase de obstaculizar los esfuerzos internacionales para investigar y enjuiciar crímenes previstos por el derecho internacional”.