Ante la posición de los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) sobre el Reglamento de Retorno acordado hoy en Bruselas, Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo, ha declarado:
“La posición de los ministros de la UE sobre el Reglamento de Retorno revela la insistencia obstinada y equivocada de la Unión en aumentar las deportaciones, las redadas, la vigilancia y la detención a cualquier costa. Estas medidas punitivas constituyen una privación de derechos sin precedentes basada en la situación migratoria y dejarán a más personas en situaciones precarias y en un limbo legal”.
“Además, los Estados miembros de la UE siguen presionando en favor de unos ‘centros de retorno’ crueles e inviables, o centros de deportación extraterritoriales fuera de la Unión para el traslado forzado de personas a países con los que no tienen relación y donde podrían estar recluidas durante largos periodos, lo que viola las protecciones previstas en el derecho internacional. Este enfoque es un reflejo de los desgarradores, deshumanizantes e ilegítimos arrestos, detenciones y deportaciones masivas que se llevan a cabo en Estados Unidos y que están rompiendo familias y devastando comunidades”.
“Hoy, el Consejo ha adoptado una propuesta de la Comisión que ya era profundamente defectuosa y restrictiva, y optado por introducir nuevas medidas punitivas, desmantelando salvaguardias y debilitando aún más los derechos, en lugar de promover políticas que favorezcan la dignidad, la seguridad y la salud para todas las personas. Estas medidas infligirán un profundo daño a las personas migrantes y a las comunidades que las acogen”.
“Amnistía Internacional insta al Parlamento Europeo, que aún tiene que adoptar su posición definitiva sobre la propuesta, que revierta este enfoque y ponga con firmeza los derechos humanos en el centro de las próximas negociaciones”.
Información complementaria
En la reunión de hoy del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, los ministros de los Estados miembros de la UE acordaron una posición negociadora para el Consejo en torno a las nuevas normas sobre retornos o deportaciones en el ámbito de la UE que la Comisión Europea había propuesto en marzo de 2025.
Amnistía Internacional afirmó en aquel momento que esta propuesta representaba un “nuevo mínimo” para el trato a las personas migrantes por Europa, y en septiembre se unió a más de 250 organizaciones en un llamamiento para que sea rechazada.
Los ministros proponen ahora convertir la detención en la medida por defecto para las personas contra las que se hayan tomado decisiones de deportación y durante un periodo de hasta dos años y medio. La propuesta ampliaría también las obligaciones, la vigilancia y las sanciones a las personas objeto de deportación, que incluyen requisitos irrazonables que muchas de ellas no podrán cumplir si carecen de documentos de identidad o de domicilio fijo, por ejemplo. Las nuevas medidas permitirían a las autoridades registrar la vivienda u “otros locales pertinentes” de la persona y confiscar sus pertenencias, allanando el camino para una vigilancia masiva, prácticas policiales discriminatorias y el uso de perfiles raciales.
Permitiría la detención indefinida de personas que representen lo que se denomina una amenaza para la “política pública” o la “seguridad pública”, eludiendo la justicia penal, así como limitando los recursos contra órdenes de detención y la supervisión independiente del respeto a los derechos humanos en los procedimientos de deportación. Mientras tanto, los Estados insisten en dejar la puerta abierta a nuevas sanciones, obligaciones y causas de detención en la legislación nacional.
El Parlamento Europeo también está negociando su posición sobre la propuesta, allanando el camino para unas negociaciones interinstitucionales en los próximos meses.
Los ministros de Interior también alcanzaron un acuerdo sobre sendas propuestas bajo negociación relativas al concepto de “tercer país seguro” en la legislación sobre asilo de la UE y a una lista de la UE de “países de origen seguros”. Amnistía Internacional ha advertido de que estas tres propuestas menoscabarían gravemente el asilo territorial en Europa, así como la dignidad humana.