En respuesta a la decisión del gobierno encargado venezolano de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), confirmada el 6 de agosto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“La lamentable decisión del gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma es el último paso de una larga serie de esfuerzos para evitar el escrutinio y la rendición de cuentas por algunos de los crímenes más graves bajo el derecho internacional.
La lamentable decisión del gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma es el último paso de una larga serie de esfuerzos para evitar el escrutinio y la rendición de cuentas por algunos de los crímenes más graves bajo el derecho internacional.»
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Cabe recordarles a las autoridades que la retirada del Estatuto de Roma no afecta en absoluto la investigación penal en curso por parte de la Fiscalía de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país antes de esta decisión, ni de ningún otro hecho anterior al 24 de julio de 2027. Sin embargo, sí muestra el desprecio del gobierno encargado por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Durante muchos años, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas bajo una política de represión que busca silenciar la disidencia. La conclusión de la organización de que algunos de estos crímenes podrían constituir crímenes de lesa humanidad ha sido respaldada por la Fiscalía de la CPI y por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH) de la ONU. La retirada de Venezuela del Estatuto de Roma hace que la renovación del mandato de la MIIDH durante el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre-octubre sea más crucial que nunca.
Hay miles de víctimas de la política de represión del gobierno venezolano. No han renunciado, ni van a renunciar, a sus derechos. Las vías de verdad y justicia que, con tanta valentía, han buscado y abierto fuera de Venezuela siguen activas. La investigación de la Fiscalía de la CPI, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y los casos bajo el principio de jurisdicción universal continúan, y Amnistía Internacional seguirá apoyando su lucha por la justicia.”
Hay miles de víctimas de la política de represión del gobierno venezolano. No han renunciado, ni van a renunciar, a sus derechos. Las vías de verdad y justicia que, con tanta valentía, han buscado y abierto fuera de Venezuela siguen activas.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Antecedentes
El 24 de julio de 2026, el gobierno encargado de Venezuela depositó formalmente su decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la CPI, con la retirada con efecto un año después de la fecha de notificación (24 de julio de 2027). Esta decisión había sido anunciada por el gobierno venezolano en 2025 y reiterada en julio de 2026, pero el registro oficial ante la oficina de tratados de la ONU solo se hizo público en su repositorio web el 6 de agosto.
En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. El 3 de noviembre de 2021, anunció la apertura de una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país, centrada en: «Crímenes de lesa humanidad por privación de libertad u otra privación grave de libertad física (…) tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución con motivación política contra personas detenidas (…), que se han cometido al menos desde abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos llamados «colectivos»).»
En 2019, Amnistía Internacional concluyó que los crímenes bajo el derecho internacional cometidos de manera generalizada y sistemática por las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro contra la población civil podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estos delitos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos.
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