La decisión oficial tomada ayer por la policía de Budapest de prohibir una marcha LGBTQI en Budapest el 1 de junio desmiente la afirmación del ministro húngaro para la UE, János Bóka, de que “en Hungría no se prohíbe el Orgullo”, según han declarado Amnistía Internacional Hungría, la Sociedad Háttér, el Comité Húngaro de Helsinki, la Fundación Rainbow Mission (fundación del Orgullo de Budapest) y la Unión Húngara por las Libertades Civiles.
La policía prohibió el evento, citando la enmienda aprobada en marzo que prohíbe las manifestaciones que exhiban la homosexualidad o la diversidad sexual por “violar los derechos de la infancia”. Tal como exige la ley, los organizadores de la protesta habían notificado a la policía la concentración prevista para el 24 de mayo. La razón dada para la prohibición fue que la manifestación era similar al “programa y las formas de expresión previamente establecidos para el Orgullo”.
“El objetivo de la manifestación es alzar la voz contra la transfobia y la homofobia imperantes, defender la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQI y poner de manifiesto que el infame artículo 33 ilegalizó el reconocimiento legal de la identidad de género para las personas trans hace cinco años”, han manifestado las organizaciones.
“Las organizaciones han comunicado con antelación que la marcha será pacífica y que su único objetivo es concienciar sobre los derechos de las personas LGBTQI y defender la igualdad. La decisión ilustra la arbitrariedad de la aplicación de la ley: las recientes restricciones a la libertad de reunión tienen por objeto silenciar a personas y comunidades escogidas arbitrariamente por el gobierno y sólo permiten el discurso público sobre cuestiones admitidas por la mayoría gobernante.”
“Al prohibir el acto, el Estado restringe de manera discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales: el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. La decisión implica que se puede celebrar cualquier tipo de reunión, excepto aquéllas que le recuerden a la policía la marcha del Orgullo. Se desconoce qué consideraciones se han tenido en cuenta para tomar esta decisión. Esta arbitrariedad flagrante por parte de las autoridades supone un riesgo para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, ya que ahora puede prohibirse cualquier comunidad u opinión que el gobierno considere incómoda por motivos políticos bajo el pretexto de la ‘protección de la infancia’, sin justificación legal o científica alguna.”
“Como organizaciones de derechos humanos, trabajamos por la libertad de todas las personas y por un país en el que cualquiera pueda vivir con seguridad. No nos detendremos: impugnaremos la decisión policial ante los tribunales y trabajaremos con ahínco para avanzar en este caso, en lo que podría ser el primer paso para derogar la ley conocida como ‘prohibición del Orgullo’ en los tribunales nacionales o internacionales. En cualquier caso, el Orgullo de Budapest se celebrará. Creemos que este caso allanará el camino para ello y que podrá recuperarse una tradición que dura ya 30 años, marcada por la cooperación constructiva entre quienes organizan el evento y la policía.”
“La decisión del lunes no desanimará a quienes organizan el Orgullo de Budapest: la marcha se celebrará y será más grande que nunca. De hecho, es precisamente este caso el que nos permite desarrollar los argumentos jurídicos para defender el Orgullo de Budapest. Unámonos en favor de un país libre, igualitario y seguro para todas las personas. Nos vemos el 28 de junio en la marcha del Orgullo de Budapest.”
Información complementaria
El 22 de febrero de 2025, durante su discurso anual sobre el estado de la nación, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró que “la organización del Orgullo no debería molestarse en preparar el desfile de este año”. Menos de un mes después, el 18 de marzo, el Parlamento húngaro aprobó una nueva ley contra el Orgullo, que permite prohibir las reuniones que contravengan la Ley contra la propaganda LGBTQI de 2021, es decir, prohibir la representación y popularización de “la desviación de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad” ante menores de 18 años. Además de la Ley sobre el derecho de reunión, la Ley contra el Orgullo también modificó otras normas. Quienes asistan a una protesta prohibida se arriesgan a que se les imponga una multa de hasta 500 euros. Las autoridades están ahora facultadas para utilizar tecnología de reconocimiento facial contra cualquier persona que presuntamente cometa una infracción leve, incluidas aquéllas que participen en una reunión prohibida, lo que amplía considerablemente el alcance anterior.
El 14 de abril de 2025, el Parlamento húngaro aprobó la 15.ª enmienda a la Ley Fundamental, que se promulgó y publicó ese mismo día. La enmienda ómnibus redefine la jerarquía constitucional de los derechos fundamentales, al otorgar primacía, después del derecho a la vida, al derecho de niños y niñas a la protección y al desarrollo moral. El hecho de que, en caso de concurrencia, el derecho del menor prevalezca sobre todos los demás derechos fundamentales, excepto el derecho a la vida, sienta las bases constitucionales para prohibir reuniones que se considere que “violan de los derechos de la infancia”.
Estos cambios legislativos se produjeron en medio del procedimiento por infracción en curso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las leyes anti-LGBTQI de Hungría, en particular el asunto C-769/22 (Comisión contra Hungría) pendiente. Aunque las enmiendas entraron en vigor en abril de 2025, es la primera vez que la policía utiliza la ley anti-Orgullo para prohibir una reunión pública que apoya la igualdad LGBTQI.
Resulta casi incomprensible la contradicción de que, apenas unos días antes, el 17 de mayo, la policía no sólo tomara nota, sino que garantizara la celebración de una manifestación en favor de los derechos LGBTQI, convocada por las mismas organizaciones y con objetivos prácticamente idénticos. Es evidente que la decisión actual es arbitraria y que la policía ha prohibido la marcha prevista por motivos políticos.