La valentía de los organizadores del Orgullo —con el apoyo de cientos de miles de participantes— han llevado a la fiscalía a retirar los cargos que pesaban contra ellos, han declarado Amnistía Internacional y otras tres organizaciones.
Ahora corresponde al nuevo Parlamento modificar la Ley de Reunión de Hungría y derogar las disposiciones de la Ley Fundamental que imponen restricciones severas.
En marzo de 2025, el Parlamento húngaro aprobó reformas legislativas que suscitaron oposición y resistencia públicas generalizadas. Estas medidas tenían por objeto prohibir las manifestaciones que reclamaban la igualdad de derechos para las minorías sexuales y de género, incluidas las marchas del Orgullo en Budapest y Pécs.
Tras la infame declaración que el entonces primer ministro pronunció en febrero de 2025, las organizaciones de derechos humanos expresaron su apoyo a los organizadores del Orgullo y comenzaron a colaborar para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de reunión.
Como consecuencia de las concentraciones celebradas y de las apelaciones de las decisiones administrativas ilícitas que prohibían dichas reuniones, las cuatro ONG de derechos humanos lograron llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las decisiones adoptadas por la policía y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Hungría.
Además, publicaron una guía conjunta sobre las cuestiones jurídicas más relevantes para ayudar a las personas participantes en el Orgullo a comprender cómo podían ejercer pacíficamente su derecho de reunión pese al contexto restrictivo existente. Abogados y abogadas de estas organizaciones formaron a los organizadores y el voluntariado del Orgullo y reclutaron y prepararon a observadores y observadoras de derechos humanos para que, en caso necesario, pudieran prestar ayuda a organizadores y participantes durante ambas marchas.
Desde el primer momento, Géza Buzás-Hábel, organizador del Orgullo de Pécs, dejó claro que, pese a la prohibición, tenía la intención de celebrar el evento como una reunión pública. Su valentía, determinación y compromiso de principios han dado ejemplo a todas las personas que valoran la libertad.
La decisión de la fiscalía de retirar los cargos es producto del esfuerzo de quienes consideran que la libertad de reunión constituye un derecho fundamental y se negaron a que las medidas arbitrarias del gobierno anterior privaran a la ciudadanía de ese derecho.
El hecho de que el Orgullo de Budapest —y esperemos que también el de Pécs— pueda celebrarse libremente es una victoria colectiva de todas las personas que alzaron la voz en relación con este caso.
Aunque la decisión de la fiscalía de retirar los cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, y Géza Buzás-Hábel reviste una gran importancia, no marca el fin de un período caracterizado por la vulneración sistemática de los derechos humanos. Es preciso modificar la Ley de Reunión. Deben derogarse las disposiciones discriminatorias que vulneran el derecho de la Unión Europea y eliminarse las restricciones impuestas por el gobierno anterior con el propósito específico de desalentar la participación en los actos del Orgullo.
También son necesarias reformas constitucionales más amplias para garantizar que las personas LGBTI puedan disfrutar realmente de igualdad de derechos en Hungría. Una primera medida importante sería la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la ley húngara de propaganda anti-LGBTQI aprobada en 2021.
Esperamos participar en la 31ª marcha del Orgullo de Budapest, el 27 de junio, y en la 6ª marcha del Orgullo de Pécs, el 12 de septiembre, y verlos allí.