Ante la noticia de que las autoridades saudíes ejecutaron a Jalal Labbad el 21 de agosto de 2025 por delitos presuntamente cometidos cuando aún no tenía 18 años, es decir, siendo menor de edad, Bissan Fakih, responsable de campañas sobre Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La ejecución por Arabia Saudí de Jalal Labbad es deplorable y pone de manifiesto las devastadoras consecuencias del uso despiadado de la pena de muerte por parte de las autoridades, que hacen caso omiso de una de las prohibiciones más absolutas sobre su aplicación. La imposición de la pena capital por delitos presuntamente cometidos por una persona cuando era menor de edad está prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario”.
Ya es hora de que Arabia Saudí ponga fin a este vergonzoso uso de la pena de muerte que consiste en ejecutar a personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad y que deja a familias desgarradas y devastadas.
Bissan Fakih, Amnistía Internacional
“Su ejecución es la trágica culminación de toda una serie de violaciones de derechos humanos a manos del Estado saudí, desde su detención arbitraria a su procesamiento y juicio manifiestamente injustos. Jalal Labbad, a quien se le denegó el acceso a representación procesal durante su detención en espera de juicio, denunció al tribunal que había sido sometido a tortura, a palizas y a electrocución para que ‘confesara’ su culpabilidad. El tribunal no investigó sus denuncias de tortura y otros malos tratos. Esta vergonzosa lista de violaciones de derechos convierte su ejecución en arbitraria según el derecho internacional”.
“Las autoridades saudíes deben entregar el cuerpo de Jalal Labbad a su familia sin dilaciones indebidas para que ésta pueda darle un entierro digno y llorarlo con arreglo a sus prácticas culturales y religiosas. Las autoridades retienen el cuerpo de las personas a las que ejecutan, lo que causa una inmensa agonía y más trauma a sus familias”.
“Tras la ejecución de Jalal Labbad, Amnistía Internacional expresa su enorme preocupación por la vida de otros jóvenes que, como Abdullah al Derazi, han sido condenados a muerte por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de 18 años. Al Derazi, perteneciente también a la minoría chií del país, también vio confirmada la pena en secreto y fue sometido a una serie de violaciones de derechos humanos. Especialistas de la ONU han concluido que su detención, y la de otros jóvenes varones, es arbitraria. Ya es hora de que Arabia Saudí ponga fin a este vergonzoso uso de la pena de muerte que consiste en ejecutar a personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad y que deja a familias desgarradas y devastadas”.
Información complementaria
Jalal Labbad, nacido el 3 de abril de 1995, fue detenido en relación con su participación en 2011 y 2012 en unas protestas en Al Qatif contra el trato que recibía la minoría chií de Arabia Saudí, así como por su asistencia a funerales de personas que habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad. El 1 de agosto de 2022, el Tribunal Penal Especializado lo declaró culpable y lo condenó a muerte por presuntos delitos cometidos cuando tenía 16 y 17 años. El 4 de octubre de 2022, un tribunal de apelación confirmó la condena. En octubre de 2023, Amnistía Internacional recibió información fidedigna según la cual el Tribunal Supremo de Arabia Saudí había confirmado la pena de muerte en secreto.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Jalal Labbad, Abdullah al Derazi, Yusuf al Manasif, Jawad Queiris y Hassan al Faraj era arbitraria. Todos estos jóvenes pertenecen a la minoría chií y tenían menos de 18 años en el momento en que cometieron presuntamente los delitos de los que se los acusa.
Fadel Labbad, hermano de Jalal Labbad, fue ejecutado en 2019. Un tercer hermano, Mohammad Labbad, fue condenado a muerte en octubre de 2022. Tras un segundo juicio, fue condenado a muerte de nuevo en febrero de 2025.
Las autoridades han impuesto en repetidas ocasiones la pena de muerte a miembros de la comunidad chií para tratar de silenciar la disidencia en la Provincia Occidental de Arabia Saudí. El 25 de febrero de 2025, fuentes fidedignas informaron a Amnistía Internacional de que Yusuf al Manasif, Jawad Qureiris y Hassan al Faraj habían sido juzgados de nuevo y condenados una vez más a muerte; actualmente sus causas están pendientes ante el Tribunal Supremo. Jalal Labbad y Abdullah al Derazi no tuvieron un segundo juicio.
En mayo de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí dijo en un carta a Amnistía Internacional que “se ha[bía] abolido completamente la aplicación de la pena de muerte a personas menores de edad por delitos punibles con un castigo facultativo de la ley islámica”. Este tipo de delitos de los que fue declarado culpable Jalal Labbad, son delitos para los que no está tipificada la pena de muerte en la ley islámica.
La prohibición del uso de la pena de muerte contra personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años está consagrada en varios instrumentos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el derecho internacional consuetudinario, y es considerada una norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en cualquier circunstancia por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de trato o pena cruel, inhumana y degradante.