Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha ampliado considerablemente su política de enviar a las personas a las que quiere expulsar de su territorio a países de los que no proceden y con los que no tienen ninguna relación. Aunque esta práctica no es nueva, el gobierno de Trump lo ha estado haciendo de maneras cada vez más discriminatorias que violan derechos fundamentales.
El segundo gobierno de Trump ha alcanzado hasta ahora nuevos acuerdos con más de 30 países para la expulsión de nacionales de terceros países (encontrarán cifras actualizadas en Third Country Deportation Watch). El Instituto de Política Migratoria estima que aproximadamente 15.000 personas fueron expulsadas a terceros países únicamente entre enero y diciembre de 2025, 13.000 de ellas a México. Muchas han sido detenidas arbitrariamente en el país de destino.
Esta política es ilegal, ya que viola las garantías procesales a las que las personas tienen derecho antes de ser expulsadas. Además, en muchos casos está poniendo a miles de personas en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en el país al que son enviadas. Especialistas de Amnistía Internacional responden algunas de las preguntas clave para comprender por qué esta política debe ser derogada.
¿Qué son las “expulsiones a terceros países” y cómo funcionan?
Las expulsiones a terceros países envían a personas a las que Estados Unidos quiere fuera de su territorio a países a los que no pertenecen, incluso aunque nunca hayan estado en ellos, no tengan relación con el país y no hablen su idioma. Algunas de las personas expulsadas son detenidas arbitrariamente en el país de destino, y muchas luchan por tener acceso a asistencia letrada independiente. Todas se encuentran en una situación sumamente precaria y estresante, lejos de sus redes de apoyo habituales.
¿Con qué países ha firmado Estados Unidos acuerdos hasta ahora?
En el momento de redactar estas líneas, al menos 30 países han establecido acuerdos con Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 12 Estados africanos que han recibido o han acordado recibir nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos: Cabo Verde, Camerún, República Democrática del Congo, Esuatini, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Centroafricana, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda. En las Américas, Estados Unidos ha alcanzado acuerdos similares con al menos 15 países: Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Asimismo, Estados Unidos ha establecido acuerdos similares con países en otras regiones, entre ellos Kosovo, Polonia y Uzbekistán.
¿Son iguales todos los acuerdos?
Esta es una pregunta difícil. Aunque algunos de los acuerdos firmados por Estados Unidos se han publicado a raíz de peticiones basadas en la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, muchos siguen siendo secretos.
Lo que sí sabemos es que algunos de los acuerdos implican que los países acceden a recibir a personas a las que Estados Unidos quiere fuera de su territorio, hasta que sean repatriadas. La mayoría de estos acuerdos han dado lugar a detenciones arbitrarias. Otros implican que los países acceden a recibir a personas que solicitan asilo en Estados Unidos y les permiten pedir protección internacional en ellos (Acuerdo de Tercer País Seguro/Acuerdo de Cooperación de Asilo). Estos acuerdos a menudo se saldan con la repatriación de hombres y mujeres que habían recibido protección frente a la repatriación en Estados Unidos. Y algunos acuerdos (o algunas prácticas que han tenido lugar) parecen combinar ambos elementos.
¿Reciben dinero los terceros países a cambio de su acuerdo?
Algunos acuerdos mencionan expresamente compensaciones económicas. Por ejemplo, el gobierno de Esuatini accedió a aceptar a hasta 160 personas nacionales de terceros países expulsadas de Estados Unidos a cambio de 5,1 millones de dólares estadounidenses “para construir su frontera y aumentar su capacidad de gestión de la migración”. El gobierno de Ruanda accedió a aceptar a hasta 250 personas nacionales de terceros países expulsadas de Estados Unidos a cambio de 7,5 millones de dólares. El acuerdo entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial implica un pago de 7,5 millones de dólares al gobierno ecuatoguineano, según información publicada por los medios de comunicación.
Otros acuerdos no mencionan expresamente compensaciones económicas, sino que forman parte de negociaciones políticas más amplias caracterizadas por un poder asimétrico. Los medios de comunicación han revelado parte del contexto político del acuerdo entre Estados Unidos y Camerún.
¿Se está presionando a países para que firmen acuerdos?
Resulta difícil decirlo con seguridad. Lo que sabemos, no obstante, es que estos acuerdos son una forma asimétrica de asociación en el contexto de las crecientes presiones creadas por la suspensión generalizada, abrupta y caótica de la ayuda exterior estadounidense y por la imposición de aranceles comerciales y restricciones de visado.
Por ejemplo, tras firmar sus respectivos acuerdos de expulsiones a terceros países, Liberia, Ruanda y Uganda consiguieron atraer inversiones estadounidenses a su sector sanitario en virtud de la estrategia sanitaria mundial de “Estados Unidos Primero”. Estados Unidos y República Democrática del Congo firmaron un acuerdo similar de cooperación sanitaria.
Como parte de sus negociaciones con Estados Unidos, el gobierno de Sudán del Sur planteó varias cuestiones, entre ellas el levantamiento de las sanciones individuales impuestas a autoridades gubernamentales sursudanesas, las restricciones de visado que afectan a nacionales de Sudán del Sur y las inversiones estadounidenses en el país.
¿Es legal que Estados Unidos expulse a personas a terceros países?
El derecho internacional impone estrictos límites a la capacidad de los Estados de transferir a personas a otros países. Estos límites garantizan que no se envía a gente a situaciones de peligro y que se sigue el debido proceso. El gobierno estadounidense ha violado descaradamente el derecho al debido proceso y ha socavado el Estado de derecho al expulsar ilegalmente a personas, mostrando un cruel desprecio respecto al riesgo de que esas personas puedan ser después enviadas a situaciones de peligro.
En muchos casos, el gobierno estadounidense ha expulsado a personas a las que Estados Unidos había concedido cierta protección, entre otras cosas frente a la tortura. Se ha expulsado a personas cuyos casos están aún ante los tribunales. Es más, los cambios realizados al procedimiento exigido por la legislación estadounidense antes de enviar a alguien a un tercer país han dificultado enormemente que las personas afectadas puedan recurrir de forma significativa su expulsión.
La gente tiene derecho a no ser transferida a un país en el que corra un riesgo real de sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura o desaparición forzada (el denominado principio de no devolución, o non-refoulement). También tiene derecho a no ser transferida a un país donde no reciba protección contra la devolución (refoulement) (es decir, países desde los que podría haber una nueva transferencia a situaciones de peligro). Los Estados tienen la obligación de dar a las personas no nacionales una oportunidad significativa de recurrir la transferencia alegando que dicha transferencia las pondría en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Además de cometer violaciones de derechos humanos específicas relativas a la expulsión, el gobierno estadounidense ha tratado a las personas con crueldad y desdén. Ha habido personas a las que no les han dicho dónde las llevaba el gobierno estadounidense hasta que estaban en el avión. A otras las han amenazado con expulsarlas a dos países diferentes en extremos opuestos del mundo. Durante estos vuelos de expulsión, las personas permanecen encadenadas, y a veces encerradas en condiciones crueles, por ejemplo en contenedores de carga. El sufrimiento psicológico causado por las acciones del gobierno estadounidense constituye trato cruel, inhumano o degradante y, en casos específicos, puede constituir tortura.
¿Cómo se vinculan las expulsiones a terceros países con la violencia del ICE y el control de la migración en Estados Unidos?
La maquinaria estadounidense de detención y deportación masiva ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos. Casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley han sido autorizados para aplicar las leyes civiles de inmigración. Agentes enmascarados han aprehendido a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con ciudadanía estadounidense; vehículos blindados patrullan las calles; y los agentes han elegido, para el control de inmigración, zonas cercanas a escuelas, lugares de culto, hospitales y otros lugares anteriormente prohibidos para estos fines.
El sistema de detención masivo con fines de control migratorio se ha ampliado. Mantiene recluidas a miles de personas, entre ellas familias con niños y niñas de corta edad, en centros inhumanos y masificados, o a veces en bases militares y en nuevos centros de detención financiados por los estados como el “Alligator Alcatraz”, en el estado de Florida.
¿Cuál es la cuestión subyacente en toda esta situación? ¿Qué subyace tras la violencia del ICE y las expulsiones a terceros países?
No se trata solamente de una cuestión de control de la inmigración, sino de una cuestión de Estado de derecho y de justicia racial, ya que las personas refugiadas y migrantes a menudo están racializadas en Estados Unidos.
El gobierno está aterrorizando no sólo a personas migrantes en sus comunidades, obligándolas a huir por miedo, sino también a cualquier persona de quien se presuma que puede ser migrante o refugiada. Las detenciones masivas y las expulsiones ilegales separan familias, traumatizan a comunidades y consumen miles de millones de dólares de los contribuyentes. Su expansión forma parte de una campaña más amplia y calculada para deshumanizar a las comunidades migrantes.
La política migratoria estadounidense está basada en el racismo, construida sobre falsos discursos criminalizadores y mantenida mediante el miedo.
¿Qué pide Amnistía Internacional?
El gobierno estadounidense debe dejar de enviar a personas a países donde corren el riesgo de ser detenidas arbitrariamente y/o enviadas de vuelta a situaciones de peligro en sus países de origen. Todas las personas expulsadas a terceros países deben ser readmitidas en Estados Unidos y recibir reparación completa.
Los países receptores deben poner inmediatamente en libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y garantizar el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente.
Todos los demás países deben negar toda forma de facilitación, cooperación o tolerancia a la cruel e inhumana campaña de deportaciones masivas del gobierno estadounidense. Deben denunciar como ilegales las expulsiones y condenar en los términos más enérgicos sus impactos xenófobos y racializados.
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