Defensa del Estado de derecho, imposición del apartheid: la doble vida del sistema judicial israelí

©Anadolu Agency/ Contributor/via Getty Images

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Los planes del gobierno israelí para reformar el sistema judicial siguen enfrentándose a una intensa oposición. El 12 de septiembre de 2023, el Tribunal Supremo de Israel (actuando como Tribunal Superior de Justicia) comenzó a estudiar las mociones contra la primera legislación de reforma, aprobada por la Knéset israelí en julio. Desde que se anunció por primera vez la reforma a comienzos de 2023, cientos de miles de israelíes han participado en protestas contra los planes. En algunos casos, la policía israelí ha respondido con fuerza excesiva y ha llevado a cabo decenas de detenciones arbitrarias.

La reforma está diseñada para erosionar la revisión judicial y debilitar los poderes de supervisión del Tribunal Supremo de Israel. Tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.
Pese a lo peligrosos que son estos planes, persiste el hecho de que el poder judicial de Israel ha confirmado de forma habitual leyes, políticas y prácticas que contribuyen a mantener e imponer el sistema de apartheid creado por Israel contra la población palestina: el Tribunal Supremo ha dado su aprobación a muchas de las violaciones de derechos humanos que sustentan dicho sistema.
A continuación exponemos una breve guía de lo que está sucediendo, por qué la reforma puede empeorar aún más las cosas, y por qué, pese a sus graves defectos, el sistema judicial israelí no debe subordinarse al gobierno.
¿Cuáles son los planes de reforma del gobierno israelí?
En enero de 2023, el ministro de Justicia de Israel anunció planes para reformar el sistema judicial del país. La reforma propuesta incluye una serie de iniciativas para reformar la legislación de Israel sobre asuntos como la independencia judicial y los poderes de supervisión del Tribunal Supremo. Los planes incluyen:
• otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales;
• permitir que los ministros/as del gobierno designen a sus propios/as asesores legales;
• impedir al Tribunal Superior de Justicia revisar o impugnar 13 Leyes Fundamentales (que tienen categoría cuasi constitucional);
• limitar la capacidad del sistema judicial de revisar otras leyes y decisiones gubernamentales, por medios como permitir que la Knéset anule sentencias del Tribunal Supremo con una votación por mayoría simple.
Si se aprueban todos, estos planes significarán la eliminación total de los controles y contrapesos a las acciones del gobierno israelí.
El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados ha advertido de que la reforma judicial propuesta “minaría seriamente la independencia de los tribunales de Israel, incluido el Tribunal Supremo”.
¿Se ha aprobado ya alguna de las reformas?
El 24 de julio de 2023, los 64 miembros del gobierno de coalición de Israel votaron a favor de una reforma de la Ley Fundamental: El Sistema Judicial israelí. Esta reforma abolía la “razonabilidad” como motivo para que los tribunales impugnaran decisiones gubernamentales, y fue la primera parte del paquete de reforma del sistema judicial que entró en vigor como ley.
Previamente, los tribunales administrativos y el Tribunal Supremo de Israel podían revisar y anular decisiones gubernamentales si consideraban que eran “irrazonables”. Por ejemplo, en enero de 2023, el Tribunal Supremo resolvió que era “extremadamente irrazonable” que Aryeh Deri, presidente del partido Shas, fuera nombrado ministro, a causa de sus pasadas condenas penales y las condiciones de sus acuerdos de sentencia de 2022.
La reforma de la razonabilidad, que es tan sólo el primer paso del plan gubernamental, ha privado a los tribunales israelíes de una herramienta crucial para impugnar las decisiones arbitrarias o discriminatorias, o decisiones que implican un conflicto de intereses.
¿Qué derechos protege el sistema judicial israelí?
No los de todas las personas. Es imposible hablar del sistema judicial israelí sin destacar su papel constante a la hora de aplicar y mantener el apartheid contra la población palestina. A lo largo de los años, el Tribunal Supremo ha dictado numerosas resoluciones que han abierto la vía a que el gobierno y el ejército de Israel cometan violaciones de derechos humanos contra la población palestina.
El Tribunal ha dado luz verde a la demolición de miles de viviendas palestinas, y ha aprobado la destrucción de poblados enteros. Por ejemplo, en 2018, resolvió que el poblado de Khan al Ahmar, en la Cisjordania ocupada, podría ser demolido para dejar espacio a asentamientos ilegales. En 2022, el Tribunal aprobó la demolición de nueve poblados de Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada, y el traslado forzoso de las 1.150 personas palestinas que viven allí.
El Tribunal Supremo israelí ha confirmado innumerables órdenes de detención administrativa, en virtud de las cuales se puede detener a palestinos y palestinas durante meses o años sin cargos ni juicio. Además, confirmó la política israelí ilegal de retener los cadáveres de palestinos y palestinas para usarlos como moneda de cambio, y una ley que permite la alimentación forzosa de presos y presas en huelga de hambre. En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la “ley del Estado nación” de 2018, que se ha convertido en un pilar del sistema de apartheid israelí. La ley del Estado nación consagra constitucionalmente la opresión y dominación de la población palestina, define Israel como “Estado nación [exclusivo] del pueblo judío” y califica la ampliación de los asentamientos de “valor nacional” que el Estado israelí debe promover.
El Tribunal Supremo ha confirmado una ley que impone restricciones arbitrarias y de motivación política a la reagrupación familiar palestina. Y hace tan sólo unas semanas, el Tribunal resolvió que el ejército israelí podía demoler punitivamente la casa en el Jerusalén Oriental ocupado de un menor detenido, lo que ponía a toda su familia en riesgo de desplazamiento.
El establecimiento de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados constituye un crimen de guerra en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El castigo colectivo, como la demolición punitiva, también constituye un crimen de guerra, al igual que el traslado forzoso de civiles en los territorios ocupados.
¿Qué relación guarda esto con el apartheid?
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha mostrado que las autoridades israelíes cometen sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, para mantener su sistema de opresión y dominación contra la población palestina. Al resolver que esas violaciones de derechos humanos pueden seguir adelante, el sistema judicial israelí desempeña un papel fundamental a la hora de dar un barniz de legalidad a crímenes de derecho internacional, y a la hora de confirmar y fortalecer el sistema de apartheid.
¿Qué significaría para la población palestina la reforma prevista?
Si la situación actual ya es de por sí espantosa, la reforma prevista probablemente empeoraría aún más las cosas.
El Tribunal Supremo ha ofrecido ocasionalmente un mínimo de protección a la población palestina y a otras minorías de Israel. Por ejemplo, en algunos casos ha intervenido para anular los intentos del gobierno israelí de prohibir que se presenten partidos políticos palestinos a las elecciones parlamentarias de Israel. Las revisiones judiciales han permitido a palestinos o palestinas que se enfrentaban a desalojo forzoso o traslado forzoso obtener órdenes judiciales temporales, y en un reducido número de casos el Tribunal Supremo ha resuelto contra los intentos del gobierno de violar derechos de la población palestina.
Los casos en los que el Tribunal Supremo de Israel ha intervenido para proteger los derechos humanos de la población palestina han sido pocos y espaciados, y las salvaguardias concedidas han tendido a ser parciales. Pero si el sistema judicial israelí pierde su poder de hacer frente al gobierno, es probable que incluso este estrecho e incoherente margen de protección se evapore.
Privar a los tribunales israelíes de sus poderes de supervisión daría a las autoridades israelíes un permiso aún mayor para cometer crímenes de derecho internacional, sin rastro de restricciones.
¿Protege alguna vez el Tribunal Supremo de Israel los derechos humanos?
El Tribunal Supremo ha defendido más a menudo los derechos de la población israelí judía, especialmente de las personas marginadas, así como los derechos de solicitantes de asilo y migrantes.
En algunas ocasiones, el Tribunal Supremo ha intervenido para promover y proteger los derechos de las personas LGBTI. En 2006, por ejemplo, resolvió que los matrimonios contraídos en el extranjero por parejas del mismo sexo se reconocerían en Israel; y en 2022 anuló partes de una ley que prohibía a las parejas del mismo sexo tener hijos o hijas por gestación subrogada.
Asimismo, el Tribunal Supremo ha anulado algunas de las políticas más peligrosas de Israel que afectan a solicitantes de asilo y migrantes. Por ejemplo, en 2013 anuló una ley que autorizaba a las autoridades de Israel a detener durante un plazo de hasta tres años antes de la deportación a cualquier persona que entrara irregularmente en el país. El Tribunal también ha desempeñado un papel en la protección de los derechos de las mujeres en Israel, por ejemplo igualando la edad de jubilación de hombres y mujeres, y resolviendo que la segregación por género en el transporte público es ilegal.
¿Por qué es importante la independencia del sistema judicial?
La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, base del derecho internacional de los derechos humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un juicio justo “por un tribunal independiente e imparcial”. Varios tratados, convenciones y directrices internacionales posteriores han subrayado la importancia de la independencia judicial como requisito previo para un sistema judicial justo.
Un gobierno con poder para nombrar jueces basándose en la afinidad política, o para anular las sentencias del tribunal de más alta instancia del país, es un gobierno que en la práctica no rinde cuentas. Tiene vía libre para consolidar su propio poder, deshacer leyes y castigar a quienes se le oponen políticamente; además, puede poner en práctica cualquier política que desee, aunque sea arbitraria, cruel o absurda.
En Israel, el temor de que la erosión de la supervisión judicial dé lugar a un retroceso en materia de derechos humanos se ha visto acrecentado por la agenda del actual gobierno, contraria a los derechos humanos. Esto se ha hecho especialmente patente en el trato impartido a la población palestina.
Desde diciembre de 2022, el gobierno israelí ha intensificado la retórica racista y las violaciones de derechos humanos sistemáticas que durante mucho tiempo ha utilizado contra la población palestina. Ha presentado un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para los “terroristas”, una palabra que el gobierno utiliza casi exclusivamente para referirse a palestinos. Está promoviendo una propuesta para crear una “guardia nacional”, una milicia voluntaria con poderes para ejercer la fuerza contra civiles, y está redoblando sus planes para anexionarse un trozo mayor de la Cisjordania ocupada, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional.
Mientras tanto, algunos ministros han realizado propuestas alarmantes que amenazan los derechos de algunos de los grupos más vulnerables de Israel. Entre ellas se encuentra un proyecto de ley para impedir que los niños y niñas menores de 14 años participen en cualquier lección o incluso conversación sobre orientación sexual o identidad de género, y un llamamiento para permitir que los profesionales de la medicina se nieguen a tratar a personas LGBTI.
Y, este mismo año, un proyecto de ley que proponía ampliar los poderes de los tribunales rabínicos, compuestos exclusivamente por hombres y que tienen un historial de discriminación contra las mujeres, pasó su primera lectura.
¿Qué pide Amnistía Internacional?
Las autoridades israelíes deben retirar sus planes de reforma del sistema judicial. Deben defender el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de todas las personas que protestan contra las propuestas.
También es fundamental que las preocupaciones legítimas de manifestantes y opositores políticos no desatiendan el sufrimiento de la población palestina, ni resten importancia a la urgente necesidad de desmantelar el sistema de apartheid israelí.
Las protestas en Israel han atraído una enorme atención de los medios de comunicación, y muchos Estados han condenado los planes del gobierno. Aunque este escrutinio es bienvenido y necesario, contrasta enormemente con la actual reticencia de la comunidad internacional a condenar el sistema de apartheid israelí.
Si la comunidad internacional valora realmente el Estado de derecho y la justicia, debe actuar para hacer que las autoridades israelíes rindan cuentas de sus muchas violaciones de derechos humanos y crímenes contra la población palestina. No debe aceptar la situación actual, en la que el Tribunal Supremo israelí aprueba crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Por el contrario, la comunidad internacional debería aprovechar este momento para presionar a las autoridades de Israel para que pongan fin, por ejemplo, a la implacable práctica del ejército de matar a menores y otros civiles palestinos, a la apropiación de tierras mediante la ampliación de asentamientos, y al bloqueo de la Franja de Gaza.
Está claro que Israel debe reformar su sistema judicial, pero esas reformas deben formar parte de un desmantelamiento integral del sistema de apartheid y una defensa de las normas internacionales de derechos humanos para todas las personas.