El nuevo decreto dictado por los talibanes que permite el matrimonio infantil es la última andanada de un ataque constante a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo análisis jurídico.
El Decreto 18, “Código sobre la Separación Judicial de los Cónyuges”, publicado por los talibanes en un boletín oficial el 14 de mayo de 2026, tipifica las circunstancias en que las mujeres y las niñas pueden solicitar la disolución de su matrimonio. Incluye disposiciones que mantienen el matrimonio concertado durante la infancia y restringen la capacidad de mujeres y niñas para impugnar una unión de esa clase o renunciar a ella.
“Este código agrava aún más la ya lamentable situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Las despoja de toda autonomía en la práctica al eliminar toda noción de consentimiento, conceder a los varones de la familia el control de los acuerdos conyugales y ofrecer vías mínimas para impugnar las uniones forzadas. Sus disposiciones en conjunto institucionalizan y normalizan el matrimonio infantil”, ha manifestado Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Antes de la publicación de este código no había una sola ley de los talibanes que regulara específicamente la separación conyugal. Las disputas conyugales y las separaciones se resolvían aplicando una combinación de decretos religiosos talibanes, interpretaciones de la jurisprudencia hanafi (de la sharia) y prácticas judiciales sumamente discrecionales controladas por jueces talibanes.
El nuevo código introduce normas de consentimiento del matrimonio muy problemáticas, como la de interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio. Tales normas crean un riesgo adicional de coacción e intimidación, por lo que dan lugar a matrimonios forzados. La amplia autoridad concedida a los padres y abuelos para concertar el matrimonio de menores de edad facilita el matrimonio infantil, y el matrimonio concertado por miembros de la familia extensa también se considera legalmente válido en determinadas circunstancias.
“El código refuerza el sistema de tutela masculina que centraliza la autoridad sobre la vida personal de las mujeres, lo que vulnera su condición de titulares de derechos independientes”, ha afirmado Isabelle Lassee.
El decreto incumple el derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza protección frente al matrimonio infantil y forzado y la igualdad en el matrimonio, y requiere consentimiento claro, voluntario y mutuo.
Además, las niñas que intentan impugnar su matrimonio se encuentran con importantes barreras jurídicas y procesales, como que las impugnaciones sólo puedan hacerse con la aprobación de un tribunal y una vez que la niña haya alcanzado la pubertad. El decreto refleja una clara discriminación basada en el género, ya que a los hombres no se les imponen barreras comparables para disolver su matrimonio. Los hombres normalmente pueden divorciarse de forma unilateral y sin necesidad de testigos, confirmación judicial ni complejos requisitos técnicos.
Amnistía Internacional habló sobre el código con cinco especialistas en derecho afgano.
Najla Rahil, vocal de la Asociación Independiente de Abogados Defensores en el Exilio y fundadora de la Organización por la Identidad de las Mujeres, explicó: “[Esta es] una ley abiertamente misógina que vulnera gravemente los derechos fundamentales de las mujeres, en particular las que atraviesan situaciones familiares difíciles […] Estas normas limitan la libertad de las mujeres para elegir cónyuge, dejan en manos de los hombres las decisiones sobre la idoneidad del matrimonio y crean rigurosos obstáculos en los casos en que el esposo está ausente o en paradero desconocido”.
Un abogado defensor que trabajaba en Afganistán y deseaba permanecer en el anonimato dijo: “Los talibanes han vuelto a demostrar que su planteamiento sobre las mujeres y sobre los niños y las niñas se basa en restringir libertades, socavar derechos fundamentales y reforzar estructuras patriarcales tradicionales. Estas normas reflejan un intento de legitimar y normalizar prácticas que limitan la independencia, la autonomía y la dignidad humana de las mujeres y las niñas”.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que actúe de inmediato, mediante la presión diplomática y la interacción basada en principios con las autoridades talibanas de facto, para exigir la derogación de todas las leyes y normas draconianas, el restablecimiento de un ordenamiento jurídico formal, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho en Afganistán.
Información complementaria
Con anterioridad a agosto de 2021, el Código Civil de Afganistán establecía en 16 años la edad legal mínima de las niñas para contraer matrimonio y la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009 tipificaba como delito el matrimonio con niñas menores de 15 años. Además, Afganistán tenía mecanismos jurídicos e institucionales para abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, como tribunales de familia, unidades especializadas de la Fiscalía General y el Ministerio del Interior, y una comisión de alto nivel con el cometido de abordar la violencia contra las mujeres, el matrimonio infantil y los asuntos de separación familiar.
Aunque estas protecciones solían aplicarse de forma desigual y persistían importantes barreras, proporcionaban a mujeres y niñas algunas vías legales para obtener protección y acceso a la justicia. Hoy, los talibanes han anulado esas leyes y desmontado esas estructuras institucionales para sustituirlas por sistemas profundamente discriminatorios y represivos que refuerzan aún más la desigualdad de género y restringen los derechos y la autonomía de las mujeres.
Estas medidas forman parte de un patrón general de escalada de las restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas, que incluye la imposición de barreras de acceso a la educación, el empleo y la participación en la vida pública.
El sistema de justicia oficial y legal de Afganistán se colapsó tras el regreso de los talibanes al poder y, en noviembre de 2022, el líder supremo talibán emitió una orden de obligado cumplimiento de aplicar plenamente la sharia (ley islámica) en el país.
Según información publicada en medios de comunicación sobre informes de la ONU, los talibanes han dictado más de 470 decretos, directivas y órdenes desde su retorno al poder en agosto de 2021, y 79 se dirigen específicamente a las mujeres y las niñas.
Contenido relacionado:
-
Afganistán Fatema Nusrat: “Creé una escuela online para que las niñas en Afganistán puedan seguir estudiando”
-
Afganistán Afganistán: La nueva regulación penal impone penas aún más duras a las mujeres y los grupos minoritarios
-
Afganistán Afganistán: Hay que poner fin a las devoluciones forzadas al régimen talibán, las cifras revelan millones de deportaciones ilegales