“La policía de Adís Abeba ha arrestado y detenido arbitrariamente y sin garantías procesales a decenas de personas de etnia tigré tras la recuperación el 28 de junio de la capital de la región de Tigré, Mekele, por fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF), también autodenominadas Fuerzas de Defensa de Tigré (TDF)”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Al parecer, las detenciones se basan en la etnia y, según personas exdetenidas, testigos y profesionales del derecho, la policía comprobaba los documentos de identidad antes de arrestar a la persona y llevarla a un centro de detención.
“Tras la retirada de la Fuerza de Defensa Nacional etíope de partes de Tigré y el anuncio de un alto el fuego unilateral por el gobierno federal el 28 de junio, en las dos últimas semanas se han llevado a cabo arrestos y detenciones arbitrarias de personas de etnia tigré en Adís Abeba. Personas exdetenidas nos dijeron que las comisarías están llenas de gente que habla tigriña y que las autoridades habían efectuado detenciones masivas generalizadas de personas de etnia tigré”, ha declarado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Amnistía Internacional insta al gobierno etíope a que ponga fin a esta oleada de detenciones arbitrarias y garantice que todas las personas detenidas son acusadas sin demora de delitos reconocidos internacionalmente y sometidas a juicios justos o puestas en libertad de forma inmediata e incondicional. El gobierno debe asimismo informar a las familias del paradero de las personas detenidas y garantizar que éstas tienen acceso a representación letrada y a sus familias”.
Aunque hay personas que han salido en libertad bajo fianza, hay aproximadamente centenares más detenidas en paradero desconocido. Amnistía Internacional no sabe de ningún delito común reconocible internacionalmente del que hayan sido acusadas las personas que siguen detenidas tras haber sido arrestadas en estos casos documentados por la organización.
La legislación etíope exige que la policía presente a las personas detenidas ante un tribunal en el plazo de 48 horas desde la detención para que se revisen los motivos de ésta. Llevar a las personas detenidas sin dilación ante una autoridad judicial es una salvaguardia importante frente a la tortura, los malos tratos y la desaparición forzada.
Golpes, hostigamiento y detenciones
Amnistía Internacional entrevistó a distancia a 14 personas en Adís Abeba entre personas exdetenidas, testigos de detenciones, y familiares y profesionales del derecho que representaban a personas que siguen detenidas.
Un hombre que fue detenido en la zona de Merkato el viernes 2 de julio, dijo a la organización que la policía irrumpió en su empresa dedicada al juego de billar hacia las 7 de la tarde y empezó a hostigar y golpear a clientes y trabajadores, les exigió ver sus documentos de identidad y se llevó a cinco personas, todas de etnia tigré, a la cercana comisaría de Woreda 6. En Etiopía, las tarjetas de identidad incluyen la etnia de la persona titular. El comerciante, que fue uno de los detenidos, dijo:
“Nos tuvieron al aire libre y llovió toda la noche. También permanecimos allí al día siguiente, el sábado. A lo largo del día del sábado llegaron más personas de origen tigré. Ese día éramos 26 personas de etnia tigré detenidas en la comisaría”.
Diecinueve salieron en libertad al día siguiente —algunas de ellas después de presentar una fianza—, pero al resto los llevaron a la zona de Awash Arba, en la Región Afar, a 240 kilómetros al este de Adís Abeba, según las personas a las que entrevistó Amnistía Internacional. El comerciante quedó en libertad el sábado por la noche sólo para enterarse de que su hermano estaba entre las personas detenidas en Awash Sebat. Dijo:
“Al día siguiente me dijeron que mi hermano estaba también detenido. Nos llamó desde Awash Sebat con la línea telefónica de otra persona. Nos dijo que lo había llevado allí la policía con mucha gente. Conozco a algunas de las personas detenidas con él”.
Tsehaye Gebre Hiwot, que trabaja en un taller de mantenimiento de neumáticos cerca de Gotera, fue detenido por la policía junto con un familiar, Haile Girmay, el 3 de julio. Una familiar dijo a Amnistía Internacional que había visitado a Tsehaye Gebre Hiwot en una comisaría cercana.
Dijo: “Cuando lo visité, vi a muchos otros vendedores callejeros de escobas y mopas [actividad asociada tradicionalmente a las personas de origen tigré] de Tigré detenidos. Todos hablaban en tigriña. No sé si salieron en libertad o se los llevaron con él”.
Otros nueve testigos dijeron a Amnistía Internacional que habían visto a decenas de personas de origen tigré detenidas en Tekle Haimanot, la Comisaría Quinta, Gerji, el Centro de Detención Preventiva de la Policía Federal y las comisarías de Merkato cuando fueron a visitar a amistades y familiares detenidos. Un hombre, que dijo que cinco de sus amigos habían sido detenidos en el asalto a una residencia el 2 de julio en Tekle Haimanot, contó que había visto a unas 50 personas de origen tigré en la Comisaría Quinta cuando visitó el lugar el 3 de julio.
Amnistía Internacional también supo de la existencia de una constante similar de detenciones arbitrarias de residentes de origen tigré en Awash Sebat, localidad de la Región Afar a 200 kilómetros al este de Adís Abeba. Una testigo dijo a Amnistía Internacional que el 3 de julio detuvieron a cinco propietarios de negocios de origen tigré de la localidad, su esposo entre ellos. Dijo:
“Él y muchas personas más de origen tigré de la localidad fueron detenidos ese día. Estuvieron en la comisaría de la Policía Federal hasta el 7 de julio y luego los trasladaron a la prisión de Awash Arba, en un lugar llamado Berta. El 7 de julio los llevaron a un tribunal de Awash Arba, que los mantuvo detenidos hasta el 19 de julio. Luego la policía los llevó a la cárcel, que está a unos 35 kilómetros de Awash Sebat. Los visitamos en la cárcel y les llevamos comida y ropa”.
Activistas y periodistas
Tsegaze’ab Kidanu es de etnia tigré, reside en Adís Abeba y coordina la ayuda humanitaria para las personas afectadas por el conflicto en Tigré. También gestiona como voluntario las relaciones con los medios de comunicación para una asociación llamada Mahbere Kidus Yared Zeorthodox Tewahido Tigray. El 1 de julio, la víspera de que su asociación hiciera pública una declaración sobre la situación de los derechos humanos en Tigré, fue detenido en su domicilio.
Su familia y su abogado lo visitaron en el Centro de Detención Preventiva de la Policía Federal los días 2 y 3 de julio, pero cuando regresaron el 4 de julio, ya no estaba allí. Según el abogado de Tsegaze’ab, luego supieron por otra persona detenida que lo habían llevado a Awash Arba. Su abogado tampoco fue informado nunca de los cargos formulados contra su cliente.
El abogado también dio a Amnistía Internacional los nombres de 24 personas de etnia tigré que habían sido detenidas en varios barrios de Adís Abeba, 22 de ellas en Mazoria y Tekle Haimanot, entre el 30 de junio y el 8 de julio. El abogado dijo a Amnistía Internacional que una persona detenida que salió en libertad bajo fianza el 5 de julio fue acusada de tener “lazos con el TPLF (el Frente Popular de Liberación de Tigré)”, al que el gobierno etíope considera un grupo terrorista.
También han sido detenidos sin garantías procesales periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación que informaban de la situación en Tigré. El 30 de junio, la policía detuvo a 11 periodistas y trabajadores y trabajadoras de Awlo Media y Ethio Forum, canal de YouTube que cubre el conflicto y la situación de los derechos humanos en Tigré, junto con su abogado. Un abogado y familiares a quienes entrevistó Amnistía Internacional dijeron que pudieron visitar a los detenidos el 1 de julio, pero desconocen su paradero desde el 2 de julio y tampoco saben si han sido acusados de algún delito. Un familiar de una persona detenida dijo:
“El viernes [2 de julio], la policía nos dijo que los habían puesto en libertad a primera hora de la mañana, hacia las 6 de la tarde. Pero ninguno vino a su casa o nos llamó. Cuando preguntamos por ellos varias veces, la policía dijo: ‘no sabemos dónde están, no vengan más’. Desde entonces los estamos buscando”.
“Las autoridades etíopes deben revelar el paradero de las personas detenidas a sus familiares y abogados. No revelar la suerte o el paradero de estas personas constituye un delito de desaparición forzada. Las autoridades deben garantizar asimismo la protección de todas las personas detenidas frente a la tortura y otros malos tratos”, concluyó Deprose Muchena.