Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su Opinión Consultiva 32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos en respuesta a la consulta presentada por los Estados de Chile y de Colombia en enero de 2023. Esto marca un hito fundamental al reconocer que la crisis climática no es solo un problema ambiental —aunque lo es—, sino también una grave amenaza para los derechos humanos.Es por ello que este dictamen de la Corte IDH es una buena noticia para el planeta.
…mientras las personas más ricas del mundo son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las comunidades más empobrecidas —que menos han contribuido al problema— quienes sufren sus peores consecuencias.
Las opiniones consultivas son un instrumento jurídico que emite la Corte IDH mediante el cual se emite una interpretación oficial sobre el alcance de normas contenidas en un tratado o instrumento internacional de derechos humanos. Además, estas opiniones son independientes de cualquier caso concreto y proporcionan una amplia orientación a los gobiernos en su contexto jurídico específico. Por tanto, esta opinión consultiva se convierte así en una herramienta jurídica poderosa para impulsar acciones concretas y urgentes en favor de la justicia climática de ahora en adelante.
Uno de los puntos más destacados de esta opinión consultiva es que reconoce que el cambio climático pone en riesgo derechos esenciales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y la participación ciudadana; y que se trata de un tema no sólo ambiental sino de derechos humanos.
Así lo confirmamos desde Amnistía Internacional en nuestro reciente Informe Anual 2024 – 2025 donde destacamos que la emergencia climática es algo que afecta de manera global y transversal a todo el mundo teniendo graves consecuencias para el planeta y para quienes lo habitamos, provocando el desplazamiento de millones de personas, la desaparición de comunidades enteras, problemas de higienes y acceso a la salud, entre otros.
Por otra parte,la Opinión Consultiva subraya además la gran desigualdad que existe cuando hablamos de emergencia climática: mientras las personas más ricas del mundo son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las comunidades más empobrecidas —que menos han contribuido al problema— quienes sufren sus peores consecuencias. Cuando el cambio climático impacta en un país o a una comunidad, los efectos en cadena pueden socavar gravemente el disfrute del derecho a una vida digna, poner en peligro una serie de libertades y, en muchos casos, incluso poner en riesgo la supervivencia de pueblos enteros.
Dada la importancia del tema, desde Amnistía Internacional presentamos consideraciones jurídicas sobre derechos humanos y cambio climático —a través de un amicus curiae que es una de las formas de participar ante la Corte IDH— con especial énfasis en cómo el cambio climático amenaza no sólo los derechos ambientales sino que el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las generaciones presentes y futuras y, en última instancia, el futuro de la humanidad.
Por último, cabe resaltar el marco que establece la Opinión Consultiva para las personas defensoras de derechos humanos. El Tribunal destacó la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el contexto de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoció la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Esto sin duda refuerza lo que el Acuerdo de Escazú estableció en la materia.
Este proceso consultivo ha sido el más participativo en la historia del Tribunal, con más de 260 observaciones escritas, presentadas por alrededor de 600 actores, lo que demuestra cuán importante es cuidar de nuestro medioambiente y, sobre todo, dejar un mejor mundo para las generaciones presentes y futuras. Es por esto que, valorando que el Estado de Chile haya estado entre los impulsores de este pronunciamiento, lo instamos a tomar en cuenta esta y otras opiniones consultivas a la hora de legislar en cada uno de los aspectos mencionados y que dado que estamos hablando de una emergencia sea una prioridad para todos los gobiernos de ahora en adelante.
Publicada en Radio Universidad de Chile.