- Dos ataques matan a 4 civiles y causan heridas a otros 12.
- Es muy probable que se hayan utilizado drones Shahed iraníes en ataques contra infraestructuras civiles.
- Los ataques violaron el derecho internacional y es posible que sean crímenes de guerra.
Las autoridades iraníes mataron e hirieron a civiles en Bahréin y Arabia Saudí, lo que supone una violación del derecho internacional y se inscribe en un panorama más amplio de ataques reiterados contra los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El conflicto, que comenzó después de los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, desencadenó una serie de ataques de las autoridades iraníes y grupos armados aliados contra la región del Golfo, incluidas infraestructuras civiles de toda la región, en los que murieron al menos 28 personas y resultaron heridas cientos más, según la información disponible hasta la fecha.
Los ataques iraníes contra los países del GCC están muy poco documentados debido a las restricciones en el acceso a la información de sus gobiernos. No obstante, Amnistía Internacional pudo investigar dos ataques de marzo de 2026, en los que murieron cuatro civiles y resultaron heridos al menos otros 12, que son representativos de los ataques lanzados por las autoridades iraníes y en los que muy probablemente se utilizaron drones Shahed.
“El conflicto en Oriente Medio ha tenido un efecto devastador sobre la población civil, con miles de personas muertas y heridas en toda la región. Los ataques de Irán se están cobrando vidas de civiles y deben ser investigados como crímenes de guerra”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes deben dejar de atacar infraestructuras civiles inmediatamente. Los responsables de estos ataques deben rendir cuentas y sus víctimas tienen derecho a recibir justicia, verdad y reparación.”
Los ataques de Irán se están cobrando vidas de civiles y deben ser investigados como crímenes de guerra.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Amnistía Internacional entrevistó a un total de 21 personas: 15 testigos de los ataques contra infraestructuras civiles de países del GCC y seis familiares de víctimas. Las personas entrevistadas vivían en diversos países de la región: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. En el mes de marzo, Amnistía Internacional escribió a los gobiernos de Bahréin y Arabia Saudí solicitando más información sobre el impacto de los ataques sobre infraestructuras civiles, sin obtener respuesta. El 3 de junio de 2026, Amnistía Internacional escribió a las autoridades iraníes solicitando información sobre los ataques documentados. Cuando se publican estas líneas, la organización no ha recibido ninguna respuesta.
En virtud del derecho internacional humanitario, las partes implicadas en un conflicto tienen la obligación de distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas y bienes de carácter civil, por otro. Está prohibido atacar directamente a personas y bienes de carácter civil, por ejemplo, infraestructuras civiles.
Las partes implicadas en un conflicto también deben prestar atención constante a no causar daños a la población civil y a bienes de carácter civil durante las operaciones militares, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo la pérdida de vidas de civiles, las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil durante los ataques. Los ataques directos, así como los ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles, o causen daños a bienes de carácter civil, constituyen crímenes de guerra.
Bahréin: Ataque contra un petrolero
El 2 de marzo de 2026, entre las 2 y las 3 de la madrugada aproximadamente, dos proyectiles lanzados por las fuerzas iraníes —muy probablemente drones Shahed— alcanzaron al petrolero MT Stena Imperative que estaba en dique seco por trabajos de mantenimiento en las instalaciones de Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) en Al Hidd, Bahréin. Uno impactó en la cubierta superior de la proa de la nave, donde trabajadores civiles se encontraban realizando trabajos de pintura y reparación.
El análisis de 28 fotos y vídeos posteriores al ataque muestra un nivel de daños y un patrón de pulverización de fragmentos que concuerdan con el uso de un dron Shahed. También había fragmentos de la ojiva incrustados en la cubierta y en los sistemas mecánicos del barco.
En el ataque murió un hombre, y otros dos resultaron gravemente heridos. Amnistía Internacional entrevistó a cinco testigos y familiares de las víctimas. La víctima mortal era SM Tareq, empleado bangladeshí de ASRY.
Un trabajador que presenció la muerte de Tareq dijo: “Vi cómo uno de mis amigos ardía y el cerebro le salía de la cabeza.”
Otro testigo del ataque relató: “Un compañero […] vio cómo la onda expansiva alcanzaba a Tareq; había algo que le salía de la parte de atrás de la cabeza, y muchos otros trabajadores comenzaron a gritar: ‘¡Tareq ha muerto!’.”
Riaz Uddin, cuñado de SM Tareq, relató: “Tareq me llamó para decirme que él y otros tenían miedo de los ataques, porque había habido varios ataques con misiles. Me pidió que rezáramos por él, para que no le pasara nada y pudiera volver a casa.”
El Stena Imperative es un petrolero civil propiedad de la empresa sueca Stena Bulk. Según los medios de comunicación, las fuerzas iraníes ya habían intentado atacarlo y apresarlo en febrero de 2026. El barco había sido contratado con anterioridad por el programa de seguridad para buques cisterna de la Administración Marítima de EE. UU. (US Maritime Administration’s Tanker Security Program) para transportar combustible para el ejército estadounidense.
Sin embargo, cuando fue alcanzado el 2 de marzo de 2026, la embarcación era un bien de carácter civil con arreglo al derecho internacional humanitario, y en el momento del ataque estaba atracado en un astillero donde trabajadores civiles realizaban en él labores de mantenimiento, no participando en operaciones militares.
Teniendo en cuenta la precisión del armamento utilizado, el aviso de las autoridades iraníes de ataques con drones contra Bahréin ese día, y que las fuerzas iraníes ya habían intentado atacar la nave, es probable que el ataque constituya un ataque directo contra la población civil y contra bienes de carácter civil, y por tanto, posiblemente sea un crimen de guerra.
Arabia Saudí: Ataque contra un alojamiento de empleados
El 8 de marzo de 2026, a eso de las 4 de la tarde, una zona de alojamiento de empleados situada en Al Kharj (Arabia Saudí) fue atacada por munición iraní. A consecuencia del ataque murieron tres hombres y otros 10 resultaron heridos, algunos con lesiones que les dejarán secuelas de por vida tras meses de hospitalización. Todas las víctimas eran civiles que trabajaban para la empresa de limpieza Al Twaik, que proporciona servicios generales de limpieza y mantenimiento de zonas verdes en la región.
Amnistía Internacional entrevistó a seis personas que fueron testigos del ataque y familiares de las víctimas. La organización también analizó 26 fotos y vídeos de las secuelas del ataque y examinó imágenes de satélite. Por los daños causados, es probable que las autoridades iraníes o uno de sus grupos armados aliados hayan utilizado un dron Shahed para el ataque.
Según contó un testigo a Amnistía Internacional: “La explosión hizo volar en pedazos a un trabajador; yo pude oler cómo ardía. Otro tenía las piernas rotas y la cabeza atravesada por algo. El tercero gritaba: ‘¡Sálvenme!’. Murieron los tres: dos en el acto y el tercero en el hospital adonde lo trasladaron.”
El ataque tuvo lugar durante el mes de Ramadán, y las víctimas estaban descansando o preparándose para el iftar (interrupción del ayuno al ponerse el sol que se realiza en estas fechas). En el ataque murieron Musharaff Hussain, de 42 años, y Abdullah Mamun, ambos de Bangladesh. La otra víctima fue Bachchu Mia, de unos 35 años, también bangladeshí, que llevaba ocho años trabajando en Arabia Saudí.
Josna Akher, esposa de Bachchu Mia y madre de sus tres hijos, dijo a Amnistía Internacional: “Tras el iftar y la oración, llamé a mi marido desde Bangladesh. Me dijo que me llamaría en 10 minutos, pero no llegó a hacerlo. Me llamaron de otro número para decirme que había muerto en un ataque con misiles. Perdí los estribos, me descompuse, no sabía qué estaban diciéndome. Al otro lado de la línea telefónica se oían gritos y llantos.”
“Mi marido trabajaba para Al Twaik realizando tareas de limpieza. Intentaba ocultar su sufrimiento, decía que no le pagaban suficiente, pero trabajaba duro, cocinaba y limpiaba […] Siempre que tenía tiempo me llamaba, a veces cada dos o tres horas.”
Todos los testigos dijeron que en ese alojamiento de empleados jamás había habido fuerzas militares, ni estadounidenses ni saudíes, antes del ataque. Según informó Reuters, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había dicho que el ataque iba dirigido a unas instalaciones de radar.
La base aérea Prince Sultan, situada a unos 15 km, en la que existe una importante presencia militar estadounidense, incluidos radares, sufrió frecuentes ataques de las autoridades iraníes entre el 28 de febrero y el 7 de abril, y probablemente también era el blanco en esta ocasión.
Si bien hay varias situaciones hipotéticas que podrían explicar por qué fue atacado el alojamiento de empleados —por ejemplo, un fallo en el armamento iraní—, el episodio debe ser investigado como ataque indiscriminado, pues las autoridades iraníes no distinguieron entre objetivos militares y civiles o bienes de carácter civil, lo cual constituye crimen de guerra.
Ataques en los países del GCC
Amnistía Internacional habló con testigos de ataques contra el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, contra hoteles de Dubai y de EAU, y contra plantas de tratamiento de agua e instalaciones de gas natural licuado en Qatar. Todas las personas que fueron testigos de los ataques describieron oleadas de drones sobrevolando la zona que eran interceptados por los sistemas de defensa aérea local, aunque algunos lograron atravesarlos e impactaron contra infraestructuras civiles fundamentales para proporcionar servicios básicos, como el suministro de agua, o para la economía de la región, como las instalaciones petroleras.
Otras infraestructuras civiles también resultaron dañadas por al caer sobre ellas los restos de misiles y drones iraníes interceptados.
Una persona que trabaja en una planta en Qatar dijo a Amnistía Internacional: “Al principio de la guerra había dos o tres [oleadas de] ataques diariamente, con 40 o 50 drones o misiles. Vi todas muy de cerca […] en nuestro alojamiento de trabajo no hubo ningún impacto directo, pero sí cayeron restos. En nuestro alojamiento de empleados [en la planta] impactó uno [dron o misil] directamente […] A veces me preocupaba lo que pasaría si me alcanzaba la explosión, yo estoy aquí para ayudar a mi familia, pero, y si me pasa algo, ¿qué?”
Tras el comienzo de la guerra, las autoridades de todos los Estados del Golfo iniciaron una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra, deteniendo a más de 1.000 personas, entre otras cosas por compartir contenido online o expresar opiniones sobre el conflicto y los ataques de Irán contra los Estados del Golfo.
Los trabajadores dijeron que temían contar sus experiencias a Amnistía Internacional ante la amenaza de ser deportados a sus países de origen por las autoridades estatales. Una persona de Nepal que trabajaba en un hotel de Dubai, manifestó: “Hablar desde aquí es muy peligroso. Muchas personas que grabaron vídeos de los ataques y los subieron a las redes sociales fueron encarceladas. [Las autoridades] no quieren malas noticias. Nuestro [jefe] nos dijo que no habláramos de ello, que no diéramos malas noticias. Si una familia local graba un vídeo, le caen seis meses de cárcel. Si lo hace un trabajador extranjero, lo llevan directamente al aeropuerto.”
Información complementaria
En Irán, la población civil sufrió graves daños en los incesantes ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026. En ellos murieron al menos 2.362 civiles, entre los que había 383 niños y niñas, y sufrieron heridas más de 32.314, según cifras oficiales. Además, los ataques causaron gran destrucción y daños a infraestructuras civiles.
A 3 de junio de 2026, según los informes, han muerto aproximadamente 28 personas civiles y cientos más han resultado heridas en los seis Estados del GCC a consecuencia de ataques realizados por las autoridades iraníes o grupos armados aliados desde febrero de 2026.
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