Crímenes de guerra y de lesa humanidad
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Líbano/ Israel: El acuerdo marco entre Líbano e Israel es una traición a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano

El acuerdo marco entre Israel y Líbano firmado en Washington el 26 de junio de 2026 amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano, han afirmado hoy Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. Algunas partes del texto parecen tener como objetivo impedir que las víctimas de graves crímenes internacionales reclamen justicia en foros internacionales. Otras parecen aceptar el prolongado e indefinido desplazamiento forzoso de decenas de miles de residentes en extensas zonas del sur de Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes.

El acuerdo llega tras meses de hostilidades que han causado un daño inmenso a la población civil, entre otras cosas como consecuencia de crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos. A pesar de ello, en su cláusula 13 los gobiernos de Israel y Líbano se comprometen a poner fin a “todas las acciones hostiles o adversas en los foros políticos o jurídicos internacionales”.

Si el acuerdo se interpreta en el sentido de impedir a Líbano e Israel recurrir a los tribunales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, entonces entraría en contradicción con la obligación jurídica internacional de ambos países de reclamar rendición de cuentas por crímenes internacionales graves cometidos en sus territorios. El acuerdo no parece obligar a Israel a detener ninguna iniciativa contra Hezbolá en los foros internacionales.

Además, la cláusula 3 viola el derecho internacional y la prohibición de los desplazamientos forzados, al condicionar el regreso de residentes a determinadas zonas fronterizas ocupadas actualmente por Israel a “que se lleve a efecto el desarme de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura”. El derecho internacional humanitario establece que se debe permitir retornar a la población desplazada una vez hayan terminado las hostilidades o hayan dejado de existir los motivos para su desplazamiento.

“Una y otra vez hemos visto a la población civil en Líbano sufrir las consecuencias de sucesivos ciclos de conflicto y graves violaciones y crímenes de derecho internacional sin que se rindan cuentas por ello”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no tenga en cuenta su derecho a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación generará una impunidad que lo hará fracasar. Como se ha visto con claridad estos últimos años, la impunidad generalizada tiene un precio, que pagamos todos. Los Estados que afirman respetar el orden jurídico internacional deben alzar la voz: la justicia, la reparación y el respeto al derecho internacional no son negociables, ni en Líbano y ni en ningún sitio”.

Desde 2023, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, el Lebanese Center for Human Rights (CLDH), el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos de derechos humanos vienen documentando reiteradas violaciones de las leyes de la guerra y aparentes crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en Líbano: aparentes ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y otros ataques ilícitos en los que han muerto periodistas, personal médico y familias enteras, así como el uso ilegítimo de fósforo blanco, una sustancia que causa terribles quemaduras, en zonas residenciales.

Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no tenga en cuenta su derecho a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación generará una impunidad que lo hará fracasar.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional concluyó en un reciente informe que el ejército de Israel ha sometido a desplazamiento forzado a decenas de miles de civiles libaneses, perpetrando el crimen de guerra de traslado ilegal, mientras continúa llevando a cabo la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles que inició en 2024 en el sur del Líbano. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han documentado el lanzamiento ilícito de cohetes no guiados por parte de Hezbolá en el norte de Israel, que han causado muertos y heridos entre la población civil.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Legal Agenda, CLDH, el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos libaneses e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación han pedido reiteradamente que se investiguen las violaciones del derecho internacional cometidas durante las hostilidades en curso y se rindan cuentas y se otorguen reparaciones por ellas. En una carta abierta de febrero de 2026 dirigida al viceprimer ministro y al ministro de Justicia de Líbano, estos grupos subrayaron la necesidad urgente de garantizar justicia, rendición de cuentas y reparación a las víctimas de las graves violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en Líbano, incluida la búsqueda de rendición de cuentas en foros jurídicos internacionales.

“Es fundamental que Líbano otorgue sin demora a la CPI competencia para investigar y procesar tales crímenes”, ha dicho Wadih Al Asmar, presidente de CLDH. “Retrasarlo equivale a tolerar la impunidad, y supone más injusticia para las víctimas.”

Los grupos pidieron a las autoridades que se adhirieran al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y presentaran una declaración por la que consintieran en que la Corte, en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, ejerza su competencia para investigar y procesar crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés desde al menos octubre de 7 de 2023, y apoyaran la realización sin demora de investigaciones judiciales minuciosas, independientes e imparciales a nivel nacional sobre los crímenes de guerra perpetrados en territorio libanés. El Parlamento libanés debe establecer un marco jurídico para estas iniciativas aprobando sin demora una ley que penalice los crímenes de guerra y otros actos que son crímenes de derecho internacional, con arreglo a las normas internacionales.

En marzo se intensificaron de nuevo las hostilidades y también las violaciones graves del derecho internacional. Ya está desplegado en Líbano un equipo de evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que documenta las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos contra los derechos humanos perpetrados desde el 2 de marzo, a petición de las autoridades libanesas.

Según el mandato del ACNUDH, aceptado por las autoridades libanesas, el equipo de evaluación de la ONU se encargaría de “examinar las opciones de rendición de cuentas que haya disponibles” y “documentar, conservar y proteger de forma segura toda la información recopilada, con el fin de potenciar su uso en futuros procesos de rendición de cuentas”.

Las víctimas de violaciones graves del derecho internacional, así como sus familiares y sus seres queridos han exigido justicia.

“Este acuerdo no sólo supone el peligro de que la impunidad se afiance más, sino que una de sus cláusulas indica que los intereses políticos prevalecen sobre los derechos fundamentales de quienes han sufrido violaciones atroces”, ha afirmado Lama Fakih, directora de programa de Human Rights Watch. “Hay peligro de que niegue la justicia a las víctimas en un momento en el que cada vez hay más pruebas que señalan reiterados ataques ilegítimos de Israel causantes de graves daños a la población civil y destrucción generalizada.”

Desde el 8 de octubre de 2023, más de 8.700 personas, de ellas al menos 569 menores y 357 integrantes de los servicios médicos, han perdido la vida en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Las fuerzas israelíes también han atacado y matado a periodistas que estaban identificados y cubrían el conflicto, según Reporteros sin Fronteras (RSF). Según medios de comunicación israelíes, los ataques de Hezbolá han causado la muerte de al menos 32 civiles en Israel.

Cientos de miles de personas permanecen desplazadas en Líbano siguiendo órdenes de desplazamiento emitidas por el ejército israelí, que también ha ocupado casi 600 kilómetros cuadrados de localidades fronterizas libanesas, prohibiendo el regreso a los residentes de las poblaciones situadas en esta zona.

Si bien el acuerdo señala que tanto Israel como Líbano reconocen la importancia del “retorno seguro de la población civil [del sur del Líbano]”, consiente en la práctica el desplazamiento prolongado e indefinido de decenas de miles de residentes en el sur de Líbano, al hacer que su vuelta, así como la reconstrucción de la zona, esté sujeta a condiciones que deben “confirmarse”. El acuerdo no menciona la justicia ni la reparación a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, como las personas que han sido sometidas a traslado ilegal y aquellas cuyas viviendas y tierras de cultivo han sido destruidas ilegítimamente.

“El gobierno libanés ha renunciado a un derecho que no es suyo: el derecho de las víctimas a exigir responsabilidades a los perpetradores”, ha declarado Elsy Moufarrej, presidenta del Sindicato de Periodistas de Líbano, y ha añadido: “Es el derecho de quienes han perdido a sus seres queridos y cuyos hogares y recuerdos han sido destruidos. El derecho de quienes cumplieron con su deber a pesar del peligro, como periodistas y personal de servicios médicos de urgencia.”

Los grupos de derechos humanos han afirmado que los gobiernos libanés e israelí no deben aplicar el acuerdo de tal manera que los derechos de víctimas y sobrevivientes queden relegados a un segundo plano, y deben dejar claro que su texto, incluidas las cláusulas 3 y 13, no prevalece frente a las obligaciones jurídicas internacionales de ambos gobiernos.

Los grupos de derechos humanos han afirmado que los gobiernos, incluidos los que en ocasiones anteriores han apoyado la rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional cometidos en Líbano, deben dejar claro que su apoyo a un acuerdo político no se extiende a disposiciones que impiden la posibilidad de que se haga justicia, se concedan reparaciones y se permita el retorno de las personas desplazadas

“La rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional no son moneda de cambio”, afirmó Ghida Frangieh, directora del área de litigio estratégico de la organización Legal Agenda. “Se trata de obligaciones jurídicas. El derecho internacional es claro: los Estados no pueden renunciar a su obligación de investigar y juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, ni negociar su abandono. Tampoco pueden suprimir los derechos individuales a la verdad, la justicia y la reparación.”

“Las autoridades libanesas deben tomar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, explorando todas las vías posibles para conseguir rendición de cuentas, incluso otorgando competencia a la Corte Penal Internacional y procurando reparación por las violaciones del derecho internacional. También deben garantizar el derecho de las personas desplazadas a regresar a sus hogares. No puede haber paz sin justicia.”

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