El director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos Bottai, fue invitado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para exponer el análisis y recomendaciones sobre el proyecto de ley que regula las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y modifica la ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales, del modo que indica, Boletín N°17.852-17.
Durante la exposición, Bustos valoró la presentación del proyecto de ley que busca establecer un marco permanente para el financiamiento, preservación y gestión de los sitios de memoria en Chile. La organización destacó que la iniciativa constituye un avance al reconocer por primera vez una definición legal de estos espacios y situar su protección como una política de derechos humanos.
No obstante, advirtió que el proyecto aún presenta vacíos que deben corregirse durante su tramitación. Entre ellos, cuestionó que el acceso al financiamiento dependa de la declaración previa como Monumento Histórico, la falta de participación vinculante de las organizaciones de memoria, la ausencia de garantías para la autonomía de los sitios y la inexistencia de una política robusta para la protección de archivos y testimonios.
Amnistía Internacional llamó al Congreso a fortalecer el proyecto incorporando un financiamiento basal permanente, eliminando barreras que excluyen a algunos sitios de memoria y asegurando mecanismos efectivos de participación y autonomía. Asimismo, instó a integrar estos espacios en las políticas de educación en derechos humanos y a reconocer las brechas territoriales existentes.
“Estas recomendaciones que realizamos desde Amnistía Internacional buscan asegurar que el proyecto de ley no solo corrija las precariedades históricas de los sitios de memoria, sino que los convierta en pilares robustos de una política estatal comprometida con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La memoria no puede depender de voluntades momentáneas ni de la capacidad administrativa desigual de las organizaciones; debe ser garantizada por el Estado como parte de sus obligaciones internacionales y como condición para consolidar la democracia”, concluyó Rodrigo Bustos Bottai.
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