En respuesta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Unidad Étnica de China el 1 de julio, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Las obligaciones de las autoridades chinas en materia de derechos humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley. En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han.”
“En este contexto, `unidad´ no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad.”
“Las autoridades chinas han manifestado su intención de aplicar elementos de esta ley más allá de las fronteras de China, lo cual también resulta sumamente preocupante. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional, y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar socava la `unidad étnica´.”
“Paralelamente a esto, podrían criminalizarse aún más actividades cuya realización ya conlleva un gran peligro en China, como la promoción de lenguas minoritarias, la documentación de abusos contra los derechos humanos o el trabajo de campaña en favor de la liberación de personas detenidas por expresar sus culturas, opiniones o creencias.”
“Esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han. Creemos que institucionalizará aún más las políticas chinas de asimilación forzada.”
Información complementaria
La Ley de Unidad Étnica de China, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece la “unidad étnica” como requisito previo de ambiciosos proyectos de la cúpula del Partido Comunista Chino, como el desarrollo del Pensamiento de Xi Jinping y el “rejuvenecimiento” de una identidad política nacional compartida.
La ley, por ejemplo, prohíbe los actos que “socaven la unidad étnica o creen división étnica”, algo que, ante la amplitud y la escasa definición de estos términos, suscita el temor de una aplicación arbitraria.
En la rueda de prensa que el Consejo de Estado ofreció el 24 de junio, altos cargos confirmaron que las autoridades consideran que algunos aspectos de la ley son de aplicación más allá de las fronteras de China.
Amnistía Internacional ha documentado el uso que hace China de la represión transnacional, con prácticas tales como la vigilancia de las comunidades de la diáspora, el hostigamiento de las personas disidentes en el extranjero, la intimidación de familiares en China y los esfuerzos por presionar a otros gobiernos para que devuelvan a ciertas personas.
Casos como los del intelectual uigur Ilham Tohti, la etnógrafa uigur Rahile Dawut y el líder religioso tibetano Choktrul Dorje Ten Rinpoche son ejemplos de la cómo las políticas existentes criminalizan el trabajo académico, cultural y religioso pacífico, una tendencia que esta ley podría consolidar aún más.
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