Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
Amnistía Internacional acaba de presentar su Informe Anual que pone de manifiesto la situación en la que se encuentran 156 países en el mundo. La conclusión en pocas palabras es: 2022 no fue un buen año para los derechos humanos y aunque en Chile observamos algunos avances, ciertos compromisos asumidos no se han movido del papel.
Hace apenas un año mencionábamos el legado sombrío que dejaba la presidencia de Sebastián Piñera, más aún, porque bajo su mandato se produjeron las mayores manifestaciones ciudadanas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet reclamando por mayor justicia e igualdad. Pero es en ese contexto, donde se produjeron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que en su mayoría no fueron atendidas adecuadamente durante el gobierno saliente. Esta y otras deudas fueron heredadas por el presidente entrante, Gabriel Boric.
Ha transcurrido un año desde que inició su mandato y aunque reconocemos algunos avances, todavía quedan grandes deudas y compromisos por cumplir. El gobierno de Gabriel Boric debe pasar de las intenciones a la acción en materia de derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional valoramos positivamente el comienzo del diseño del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la existencia de una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el marco del estallido social, la firma del Acuerdo de Escazú y el enfoque de derechos humanos en la política exterior, entre otros puntos.
Sin embargo, y a pesar de estos avances, es tremendamente desolador el manejo que se ha tenido respecto a la situación migratoria. Debe quedar claro que se trata de un tema de derechos humanos y no de un simple problema de seguridad. Entendemos que es beneficioso contar con una migración ordenada y regular pero para eso también es necesario garantizar a las personas posibilidades reales de regularización. A ello, se suma la necesaria reforma a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por último, recordamos que cuando el gobierno de Sebastián Piñera tomó la decisión de militarizar las fronteras y los territorios para enfrentar la complejidad de la migración, manifestamos nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos. Por ello, no esperábamos que el gobierno de Gabriel Boric replicara la misma medida.
Por otra parte, resulta desconcertante la decisión del gobierno de seguir manteniendo en el cargo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Indigna que continúe en el puesto de responsabilidad quien está investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos; prácticamente no ha colaborado en esas investigaciones y ha realizado afirmaciones que lo han hecho cruzar la línea de la deliberación.
Sumado a ello, resulta impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros. La intenciones del gobierno de Gabriel Boric, reflejadas en su programa de gobierno, no se condicen con sus acciones, ya que se observa que aún no está en curso ni siquiera el diseño de una reforma a las policías. Tenemos certeza de que esta medida es beneficiosa para todas las personas que habitamos en el territorio chileno, pues todos queremos mayor nivel de seguridad y vivir de manera tranquila.
Ante este panorama nos preguntamos: ¿tiene el gobierno de Gabriel Boric realmente la voluntad de hacer una reforma profunda y urgente a Carabineros?
Desde Amnistía Internacional hemos estado disponibles para colaborar en esta materia pero seguimos a la espera que ese compromiso se traduzca en acciones concretas.
Al gobierno de Gabriel Boric le quedan tres años por delante para dar respuesta a las deudas y compromisos pendientes. Proteger los derechos humanos de todas las personas no es una opción, es una obligación. El tiempo corre. Seguiremos vigilantes.