Los crueles acontecimientos constatados en contra de personas migrantes y refugiadas en Iquique el fin de semana, marcados por un violento desalojo, una manifestación en contra de la migración irregular y posterior quema de las pertenencias de estas personas por parte de particulares, son el resultado de políticas de criminalización y discriminatorias respecto a quienes llegan al país buscando protección.
Ese trato indigno a quienes se debería proteger es reflejo de un Estado indolente que ha fallado una vez más en implementar los estándares que rigen el uso de la fuerza. El Estado tiene la obligación de evitar el uso abusivo de la fuerza y de actuar para prevenir y eliminar cualquier acto discriminatorio contra sus habitantes. Sin embargo, no solo llevó a cabo un violento desalojo de personas migrantes y refugiadas que están en claras condiciones de vulnerabilidad, sino también fue testigo de los ataques xenófobos que sufrieron posteriormente sin hacer nada para evitarlos.
Recordamos además que la mayoría de las personas afectadas por estos hechos son venezolanas, que requieren protección internacional ya que se han visto obligadas a dejar sus hogares por la grave emergencia humanitaria y crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Exigimos a las autoridades:
- Investigar los actos de violencia sucedidos el sábado 25, enviando un mensaje claro a la sociedad que estos hechos no serán tolerados.
- Brindar protección y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psíquica de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin establecer ninguna clase de discriminación, como indican los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile
Además, pedimos al gobierno del presidente Piñera hacerse responsable de esta evidente crisis humanitaria y no continuar con las expulsiones masivas, acciones totalmente contrarias a los estándares internacionales, que exigen hacer una revisión particular de cada caso y respetar siempre el principio de no devolución.
Es hora de abordar la situación de fondo y dar una respuesta basada en el respeto a los derechos humanos.