Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
Ha sido alentador ver la manera en que la Convención Constitucional ha abierto espacios de participación para una enorme diversidad de personas y organizaciones. Ver desde afuera cómo personas de diferentes territorios y causas han tenido la oportunidad de presentar sus preocupaciones ante un órgano con capacidad de tomar decisiones, muchas de ellas que no habían tenido antes una oportunidad similar, es una muestra precisamente de los cambios que queremos ver. Confiamos en que este espíritu participativo permanezca durante todo el trabajo de la Convención Constitucional.
La semana pasada, como Amnistía Internacional tuvimos la oportunidad de ser parte de esto, presentando nuestras ideas en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. Allí reforzamos la importancia de que los derechos humanos se integren de manera transversal a todo el texto de la nueva Constitución. La discusión sobre este tema no puede quedar reducida a la determinación del catálogo de derechos. Si bien es muy importante contar con dicho catálogo, y que este esté en línea con los estándares internacionales, esto no es suficiente.
A modo de ejemplo: debe asegurarse también que los estándares internacionales de derechos humanos queden integrados al texto, al menos con el mismo nivel constitucional. También es necesario asegurar que las definiciones de toda la estructura del Estado, den garantías de protección de los derechos humanos. Asimismo, será necesario considerar la consagración de institucionalidad específica de protección de estos derechos fundamentales – por ejemplo, la idea de una Defensoría del Pueblo – y acciones o recursos judiciales que permitan darle eficacia a aquello.
Por todo esto, es importante que la estructura y procesos de trabajo permanentes que se dé la Convención para la discusión de los contenidos de la nueva Constitución, permita asegurar esta transversalidad y esta mirada de derechos humanos en el texto constitucional en su conjunto.
Finalmente, es importante destacar la necesidad de proteger el “derecho a defender derechos”. Quienes defienden los derechos humanos, y muy especialmente la tierra, el territorio y el medio ambiente, viven múltiples ataques, y con frecuencia no reciben la protección ni acceso a la justicia que requieren. Recién hace unos días se cumplió un año más de la muerte de Macarena Valdés, sin que todavía se haya hecho justicia. Es imprescindible que en el futuro se den garantías de reconocimiento, prevención, protección y acceso a la justicia para todas las personas que defendemos públicamente los derechos humanos.